El Parlament propone un impuesto sobre los beneficios extra de las concesionarias
El Parlamento catal¨¢n aprob¨® ayer una proposici¨®n no de ley del grupo socialista en la que se insta al Gobierno de la Generalitat a presentar, en un plazo m¨¢ximo de seis meses, un estudio sobre la viabilidad de un impuesto sobre las empresas concesionarias de servicios p¨²blicos que tengan "beneficios excesivos". La propuesta cont¨® con los votos a favor de todas las formaciones, excepto el PP. Por la tarde, los componentes de la declaraci¨®n de Gelida decidieron convocar una pitada en los peajes para el 11 de diciembre.
Aunque la proposici¨®n aprobada por la comisi¨®n de Hacienda del Parlament est¨¢ pensada especialmente para ACESA (empresa que explota la mayor parte de las autopistas en territorio catal¨¢n), amenaza a otras concesionarias de servicios p¨²blicos. El diputado del PSC Manel Nadal habl¨® incluso de "enriquecimiento injusto". Su compa?ero Mart¨ª Carnicer, que defendi¨® la proposici¨®n, adujo que si actualmente el Estado debe aportar dinero a las empresas cuando tienen p¨¦rdidas, tambi¨¦n tiene que poder decir algo cuando tienen beneficios extraordinarios. Carnicer apunt¨® un mecanismo para determinar si los beneficios eran o no excesivos: el propio plan presentado por la concesionaria al optar a la concesi¨®n. Los socialistas reclaman, adem¨¢s, el traspaso a las comunidades aut¨®nomas de los impuestos que generan las autopistas (impuesto de sociedades y de valor a?adido), que se utilizar¨ªa exclusivamente para rescatar peajes, total o parcialmente, y para rebajar otros que no tuvieran expectativa de rescate. El PSC estima en unos 25.000 millones de pesetas anuales estas aportaciones, cantidad que permitir¨ªa f¨¢cilmente la reducci¨®n entre el 20% y el 25% del precio de los peajes de las autopistas catalanas, tanto las que gestiona ACESA como las que dependen de concesiones efectuadas por la Generalitat. La principal novedad de la votaci¨®n de ayer en el Parlament fue el cambio de actitud de CiU. Desde hace unas semanas, la coalici¨®n de gobierno en Catalu?a viene modificando su posici¨®n ante los peajes a la vista de que la rebaja producida finalmente era rechazada en el fondo y en la forma por amplios sectores de la poblaci¨®n. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el consejero de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas, Pere Macias, han pasado de defender el acuerdo con ACESA a presentarlo como un mal menor. El giro culmin¨® ayer con el visto bueno al impuesto sobre las concesiones. Salvo que, advirti¨® la diputada socialista y alcaldesa de Mollet, Montserrat Tura, CiU est¨¦ utilizando la comisi¨®n parlamentaria sobre los peajes como un caj¨®n donde aparcar las decisiones y una excusa para no tomarlas. ERC propuso suprimir el estudio e imponer directamente el impuesto pero, finalmente, vot¨® a favor de la propuesta socialista. Fortaleza del Gobierno Nadal afirm¨® que la actitud de CiU ante los peajes es una muestra clara de que el Gobierno est¨¢ agotado. "Una forma de medir la fortaleza de un gobierno es su capacidad para adelantarse a los problemas de la poblaci¨®n; en el caso de los peajes, CiU ha ido siempre por detr¨¢s, sin saber qu¨¦ actitud ten¨ªa que defender en cada momento". Los socialistas proponen tambi¨¦n una ley catalana de autopistas y lamentan las declaraciones del secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Vilalta, anunciando que no se negociar¨¢ con ACESA la gratuidad en el tramo de Tarragona, pese a haberlo reclamado por unanimidad la subcomisi¨®n del Congreso. "Es un desprecio del Ejecutivo hacia el Parlamento", dijeron Nadal y Tura. El Parlamento hab¨ªa aprobado una moci¨®n para que el Gobierno negociara con ACESA que los camiones circularan de forma gratuita por la autopista mientras duren las obras en la Nacional 340 a la altura de Tarragona. Si por la ma?ana el Parlament era el escenario de esta nueva fase para cambiar el panorama del peaje en Catalu?a, por la tarde el escenario era Gelida. All¨ª, los miembros de la plataforma antipeajes se reunieron para decidir las primeras movilizaciones. Lo primero que hicieron fue admitir 18 nuevas incorporaciones, entre ellas los ayuntamientos de Reus, Granollers, Girona, Rub¨ª y Vallirana; la Diputaci¨®n de Lleida y los consejos comarcales de Garraf y Alt Empord¨¤. Entre las decisiones adoptadas, la primera es una movilizaci¨®n popular para el 11 de diciembre. Se pide a todos los coches que crucen cualquiera de los peajes existentes en Catalu?a que piten en ese mismo momento. La segunda decisi¨®n fue difundir a gran escala el texto de la declaraci¨®n, que razona los argumentos contra el sistema actual de peaje, al que considera discriminatorio para algunas poblaciones en particular y para el conjunto de Catalu?a de forma general. La tercera decisi¨®n consiste en que cada organismo presente en la asociaci¨®n se sume al recurso contencioso administrativo presentado ya por el Consejo Comarcal del Baix Llobregat contra los acuerdos entre los gobiernos central y auton¨®mico y ACESA. El plenario debati¨® la posibilidad de que todos los ayuntamientos y organizaciones presentes secundaran la decisi¨®n del Ayuntamiento de Vallirana de cancelar sus cuentas en La Caixa (principal accionista de ACESA). La decisi¨®n fue pospuesta hasta el nuevo plenario ante la conveniencia expresada de que cada organismo sopesara las posibilidades reales de llevar a la pr¨¢ctica la decisi¨®n.
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