Los beneficios del perd¨®n

Resulta un terreno muy resbaladizo intentar juzgar cr¨ªmenes cometidos en otros pa¨ªses, especialmente cuando son cr¨ªmenes que se refieren a un pasado pol¨ªtico que aconteci¨® antes de la transici¨®n de una dictadura a una democracia. Desde este punto de vista, Chile y Espa?a son comparables en algunos aspectos. Las transiciones pac¨ªficas hacia la democracia nunca son perfectas, pero seguramente han ofrecido un balance mucho m¨¢s ecu¨¢nime que cualquier ruptura dr¨¢stica con el pasado. En tales circunstancias, el anhelo de lograr la perfecci¨®n en t¨¦rminos de justicia universal no debiera interferir con el derecho soberano de las naciones a buscar sus propias soluciones pol¨ªticas a sus propios problemas. Desde luego, siempre hay un precio pol¨ªtico y moral a pagar cuando un pa¨ªs se sume tr¨¢gicamente en un caos colectivo. Tal vez ya sea hora de considerar pol¨ªticamente que el Gobierno democr¨¢tico de Chile desea que el general Pinochet regrese a su pa¨ªs cuanto antes mejor, porque corresponde a la naci¨®n chilena asumir y juzgar su pasado, presente y futuro. La creciente apetencia para la fundamentaci¨®n de una justicia global quiz¨¢s sea el inicio de otra perspectiva o quiz¨¢s una pasi¨®n transitoria. En cualquier caso, opera en un vac¨ªo legal en el que se hace muy f¨¢cil confundir los deseos con la realidad. En tales situaciones, el menor de los males probablemente consiste en enviar al ex dictador a su pa¨ªs para que sea juzgado por sus conciudadanos, si as¨ª deciden hacerlo.Al menos a primera vista no encaja que el juez Baltasar Garz¨®n pidiese la extradici¨®n de Pinochet mientras el dictador Fidel Castro estaba pisando tierra espa?ola. Mutatis mutandi, resulta pura hipocres¨ªa europea conceder refugio legal al terrorista kurdo Abdullah Ocalan. Puede ser ¨²til saber que el movimiento terrorista PKK tiene su parlamento espurio en B¨¦lgica. Hasta hace poco, los jueces belgas no parecieron deseosos de conceder la extradici¨®n de terroristas de ETA a Espa?a.

Recapitular la experiencia espa?ola no es reiterativo a la hora de apostar por los beneficios del perd¨®n. Sabemos que el paso de un r¨¦gimen autoritario a una monarqu¨ªa constitucional requiere una sabia combinaci¨®n de perd¨®n y olvido. Esa combinaci¨®n ha sido muy provechosa y ¨²til para los espa?oles. La nueva y la vieja Espa?a celebran en estos momentos el vig¨¦simo aniversario de una Constituci¨®n escrita y votada despu¨¦s de que Franco muriese. A continuaci¨®n, Espa?a se convirti¨® en socio de la Alianza Atl¨¢ntica y en miembro de la Comunidad Europea, ahora Uni¨®n Europea.

Sabemos que no tan s¨®lo fue un acuerdo t¨¢cito entre vencedores y vencidos de la guerra civil: la reforma pol¨ªtica no hubiera sido practicable sin un cierto consenso entre la oposici¨®n en la clandestinidad y la nueva generaci¨®n que hab¨ªa estado en el poder con Franco. La restauraci¨®n de la monarqu¨ªa fue decisiva para restringir el descontento de aquellos sectores del ej¨¦rcito que resent¨ªan el cambio pol¨ªtico y el retorno de los partidos pol¨ªticos, especialmente el Partido Comunista.

Hurgar de nuevo en las heridas de la guerra civil hubiese contribuido a m¨¢s turbaci¨®n y sufrimiento, aunque para algunos tuvo que ser duro tragar algunos elementos simb¨®licos y f¨¢cticos de aquella continuidad necesaria para que la transici¨®n y la reforma prosperasen. Es un proceso que, en algunas de sus caracter¨ªsticas, es equiparable a la v¨ªa chilena hacia la democracia. En Chile, la supervivencia de Pinochet y su status p¨²blico son un lastre funesto, pero a la hora de hacer balance del proceso pol¨ªtico en curso, lo garante y perentorio resulta ser la estabilidad. Regresar perpetuamente a los errores del pasado com¨²n puede convertirse en una carga en lugar de ser un acto de responsabilidad pol¨ªtica. Otro factor para la inteligibilidad de las circunstancias actuales consiste en calibrar que el tr¨¢nsito de un r¨¦gimen autoritario a una democracia a menudo da mejores resultados que si se parte de un sistema totalitario, puesto que las instituciones de libre mercado ya estaban en funcionamiento, como ocurr¨ªa en Espa?a y en Chile.

Queda sobre la mesa el pavoroso resarcimiento debido a las v¨ªctimas de la dictadura. Aun as¨ª, decir que al dictador Pinochet se le debiera permitir el regreso a Chile para ser juzgado es reafirmar confiadamente el compromiso que la sociedad chilena adopt¨® para llegar a la plena democracia por la v¨ªa de la reconciliaci¨®n. Son datos hist¨®ricos de una envergadura mucho m¨¢s sustancial que una demanda de extradici¨®n. Llegados a este punto, la cuesti¨®n se centra en el nuevo perfil que el poder judicial est¨¢ adquiriendo en Europa y en los Estados Unidos. Hemos presenciado por parte de algunos jueces el intento de confiscar franjas del poder pol¨ªtico. Ha ocurrido en Italia; pudiera parecer que el juez Baltasar Garz¨®n y algunos de sus colegas pretenden lo mismo en Espa?a. Es razonable aducir que algunas de tales iniciativas judiciales carecen del control democr¨¢tico que es contrapeso inexcusable del poder democr¨¢tico.

A veces es conveniente considerar las lecciones de la experiencia hist¨®rica y no tan s¨®lo un vago esquema racionalista en pro de la justicia global. En la ausencia de un marco mundial acordado, la soberan¨ªa de un pa¨ªs democr¨¢tico como Chile es algo muy serio. En estos momentos, toda la cuesti¨®n de no dejar que Pinochet regrese a su pa¨ªs traza un sendero err¨¢tico que nadie sabe a d¨®nde conduce. Con la excepci¨®n de algunos jueces justicieros, nadie tiene la seguridad de que ¨¦se sea el camino m¨¢s adecuado para un mundo m¨¢s justo. Pudiera ser el caso de un remedio peor que la enfermedad.