El Supremo desestima por unanimidad el recurso del fiscal general contra la entrada y registro en su despacho

La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha desestimado este viernes por unanimidad el recurso presentado por la Abogac¨ªa del Estado para anular los autos de entrada y registro en los despachos del fiscal general del Estado, ?lvaro Ortiz, y de Pilar Rodr¨ªguez, fiscal provincial de Madrid, dentro del proceso judicial abierto por revelaci¨®n de secretos contra ambos. Los tres jueces que han dictaminado acerca del recurso (Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, Andr¨¦s Palomo y Eduardo de Porres) han votado en contra de su admisi¨®n. ¡°Hemos de concluir que existen indicios que permiten adoptar esta medida, est¨¢n motivados y expresados en los autos cuestionados, pues tales indicios son, no solamente suficientes, sino exhaustivos, y han sido valorados tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como por la Sala de Admisi¨®n del Tribunal Supremo, como por el propio magistrado instructor¡±, aparece en el auto de desestimaci¨®n. La defensa del Ortiz ya anunci¨® a finales de enero que si esta v¨ªa fracasaba estudiar¨ªan presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La sala de apelaciones indica que tanto la entrada y registro como la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos del fiscal general y de Rodr¨ªguez no son desproporcionadas porque el ¡°supuesto delito se habr¨ªa cometido a trav¨¦s de la tecnolog¨ªa de la comunicaci¨®n¡± y que estos ¡°deben ser investigados por la propia v¨ªa de comisi¨®n¡±, aunque estos delitos se castiguen con muy pocos a?os de c¨¢rcel: ¡°La investigaci¨®n es necesaria (imprescindible, a la vista de la supuesta comisi¨®n delictiva) y le viene impuesta al magistrado instructor por el auto de la Sala de Admisi¨®n. El medio es el ¨²nico posible, los aparatos e instrumentos se encuentran en el despacho de una oficina p¨²blica. Ni la Fiscal¨ªa General del Estado ni ninguna otra instituci¨®n tienen una garant¨ªa de inmunidad. Quien instruye es el Tribunal Supremo, a quien la ley le confiere esa actuaci¨®n (...). Es por ello que el juicio de proporcionalidad se encuentra cumplido¡±.

Los tres magistrados han advertido de que si Garc¨ªa Ortiz hubiera entregado los dispositivos ¡°hubiera hecho innecesaria la medida¡± de entrar en sus despachos e intervenir sus m¨®viles. ¡°No queda, pues, otra alternativa, porque, en caso contrario, si concluy¨¦ramos que es un lugar de imposible prospecci¨®n judicial, por el lugar donde se iba a practicar (una alta instituci¨®n del Estado), conllevar¨ªa la renuncia a la misma investigaci¨®n y a la consiguiente creaci¨®n de un ¨¢mbito de impunidad¡±, dice el auto.

Es cierto que los jueces afean al juez ?ngel Hurtado, instructor de la causa, que ordenase el clonado del m¨®vil del fiscal general para extraer las comunicaciones de los ¨²ltimos ocho meses: ¡°Ciertamente los autos iniciales fueron excesivamente extensos, pues abarcaba tal investigaci¨®n desde el d¨ªa 8 de marzo de 2024 hasta el momento de practicarse la diligencia, 30 de octubre de 2024. Desde luego que semejante amplitud temporal fue inadecuada e innecesaria, pues los hechos, de haberse producido, tendr¨ªan un acotamiento temporal much¨ªsimo m¨¢s corto¡±. Pero recuerdan que Hurtado corrigi¨® y limit¨® ¡°el an¨¢lisis del material intervenido¡± solo a ocho d¨ªas, del 8 a 14 de marzo.

Un secreto ¡°previamente revelado¡±

La causa penal abierta contra el fiscal general surge de una noticia publicada por El Mundo el 13 de marzo a las 21.29 horas. En ella se afirmaba que la Fiscal¨ªa ofrec¨ªa un pacto para librar de la c¨¢rcel al defraudador confeso Alberto Gonz¨¢lez Amador, comisionista imputado por dos delitos fiscales y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso. Poco despu¨¦s de difundirse esta publicaci¨®n, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, extendi¨® el bulo de que Gonz¨¢lez Amador no pudo responder al pacto porque ¡°la misma Fiscal¨ªa dice que ha recibido ¨®rdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio¡±.

Ortiz declar¨® ante el Supremo que, tras la publicaci¨®n de esa informaci¨®n, orden¨® a sus subordinados recabar la documentaci¨®n del procedimiento judicial abierto a Gonz¨¢lez Amador. El reloj marcaba las 21.56 horas cuando el fiscal general recibe los papeles. Un d¨ªa despu¨¦s y con el objetivo de desmontar la mentira que hab¨ªa circulado contra la fiscal¨ªa, decidi¨® publicar una nota informativa donde se inclu¨ªan los principales hitos de la negociaci¨®n entre Gonz¨¢lez Amador y el fiscal encargado del caso. Esos hitos acreditaban que quien ofreci¨® un acuerdo para librarse de la c¨¢rcel a cambio de admitir los dos delitos y pagar 500.000 euros fue la pareja de Ayuso y nunca la Fiscal¨ªa. Cuando el ministerio fiscal public¨® la nota, algunos medios ya hab¨ªan difundido el contenido de los correos electr¨®nicos que demostraban la realidad de lo sucedido. Varios de ellos incluso han declarado ante el juez que conoc¨ªa el contenido de los mails desde varios d¨ªas antes.

Esto ¨²ltimo pone en duda que Garc¨ªa Ortiz pueda ser investigado por un delito de revelaci¨®n de secretos si se tiene en cuenta la jurisprudencia que sent¨® la Sala Segunda del Tribunal Supremo a trav¨¦s de la sentencia 866/2008 en la que resuelve que los datos ¡°previamente revelados a los profesionales de la informaci¨®n¡± pierden su car¨¢cter secreto y reservado. En este caso, el primer secreto conocido fue revelado supuestamente por el defraudador confeso, que se lo cuenta al jefe de gabinete de su pareja y este, a su vez, lo distribuye entre decenas de periodistas. Adem¨¢s de que lo que pudieran conocer otros medios antes que el fiscal general.

Sobre esto, no obstante, la sala de apelaciones no lo valora: ¡°No entramos en este momento en otros controles sustantivos que pueden surgir avanzada la investigaci¨®n, y en funci¨®n de todas las circunstancias concurrentes derivadas de tal toma de datos de elementos precisos para su esclarecimiento¡±.

El Colegio de Abogados de Madrid present¨® varios d¨ªas despu¨¦s una querella por revelaci¨®n de secretos contra el fiscal. El abogado de Gonz¨¢lez Amador present¨® otra querella similar por los mismos hechos. Ambas fueron admitidas a tr¨¢mite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien envi¨® una exposici¨®n razonada al Supremo por entender que hab¨ªa indicios suficientes contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa provincial de Madrid. Cinco magistrados del Supremo, integrantes de la sala de admisi¨®n, descartaron que la nota difundida por orden del fiscal general tuviera car¨¢cter delictivo, pero s¨ª el correo electr¨®nico, difundido por varios medios de comunicaci¨®n, donde Gonz¨¢lez Amador confesaba su culpa.

Al juez Hurtado fue al que le correspondi¨® instruir la causa. Su primera decisi¨®n fue ordenar a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, as¨ª como clonar ocho meses de informaci¨®n ¡ªmedida rectificada luego a ocho d¨ªas¡ª contenida en los dispositivos electr¨®nicos de ambos. Garc¨ªa Ortiz comunic¨® a la Guardia Civil en el momento del registro que hab¨ªa cambiado de tel¨¦fono, algo que ha hecho ¡°unas cinco o seis veces¡± en los ¨²ltimos cuatro a?os, seg¨²n declar¨® en el Supremo.