Empleo pide a la CEV el reintegro de las ayudas a la formaci¨®n sin justificar desde 1993 a 1995
La Consejer¨ªa de Empleo reclama a la Confederaci¨®n Empresarial Valenciana (CEV) la devoluci¨®n de parte de las subvenciones concedidas entre 1993 y 1995 para la realizaci¨®n de cursos de formaci¨®n profesional ocupacional y continua por supuestas irregularidades en su justificaci¨®n. [EN] Empleo pide tambi¨¦n a la Confederaci¨®n de la Peque?a y Mediana Empresa (Cepymev) el abono de los fondos destinados a la formaci¨®n continua en 1993. Este proceso se a?ade a los abiertos por el Tribunal de Cuentas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia.
La patronal de Valencia no gana para sobresaltos. La Consejer¨ªa de Empleo, Industria y Comercio abri¨® el pasado octubre cinco expedientes a la CEV en los que le reclama la devoluci¨®n de las subvenciones no justificadas y recibidas entre 1993 y 1995 para organizar cursos de formaci¨®n ocupacional y continua. A Cepymev s¨®lo le pide que devuelva las ayudas a la formaci¨®n continua correspondientes al a?o 1993. La Generalitat inicia este proceso tras recibir el 24 de abril un informe de la Inspecci¨®n de Trabajo de Valencia donde se apunta que la patronal duplic¨® facturas. Es decir, una misma factura sirvi¨® para justificar diferentes subvenciones, entre ellas, las concedidas por la Generalitat. El 30 de abril la Consejer¨ªa de Empleo remiti¨® la documentaci¨®n a la Fiscal¨ªa de Valencia ante la existencia de un supuesto delito. Seis meses despu¨¦s de aquella actuaci¨®n, Empleo inici¨® el pasado octubre el proceso administrativo solicitando la devoluci¨®n del dinero. El departamento que encabeza Diego Such se ha dirigido a las consejer¨ªas de Econom¨ªa y Hacienda y de Medio Ambiente, al Impiva y a la Direcci¨®n General de Comercio para contrastar la duplicidad de facturas. Alegaciones de la patronal Ni la patronal ni la Administraci¨®n valenciana concretaron ayer a cu¨¢nto asciende el reintegro -"est¨¢ todav¨ªa por cuantificar", se?alaron en Empleo-, si bien fuentes de la investigaci¨®n apuntan que la Generalitat podr¨ªa reclamar la totalidad de los fondos concedidos en los tres a?os fiscalizados (m¨¢s de 700 millones de pesetas) de acuerdo con la orden de la Consejer¨ªa de Empleo que regula el uso de estas subvenciones. Empleo est¨¢ facultada para exigir la devoluci¨®n ¨ªntegra de las ayudas p¨²blicas si los cursos no est¨¢n bien justificados o se detecta alguna otra irregularidad. El secretario general de la CEV, Pedro Coca, manifest¨® ayer que la Generalitat les notific¨® la apertura de los expedientes el 29 de octubre y que la patronal present¨® sus alegaciones el 10 de noviembre. Entre otras cuestiones, la CEV solicita, a la vista de que existen otras investigaciones sobre el uso de estas subvenciones, que se acumulen en una sola. Seg¨²n Pedro Coca, no se pueden abrir dos v¨ªas paralelas porque se podr¨ªa duplicar la reclamaci¨®n del dinero. La organizaci¨®n empresarial propone que se suspenda el proceso de reintegro hasta que el Tribunal de Cuentas concluya su proceso fiscalizador. En el cap¨ªtulo final, los actuales responsables de la CEV reiteran "su disposici¨®n" a colaborar con la Administraci¨®n para aclarar el caso, que se produjo durante la etapa en que Jos¨¦ Mar¨ªa Jim¨¦nez de Laiglesia presid¨ªa la patronal de Valencia y Luis Espinosa, actual alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ocupaba la secretar¨ªa general. La actuaci¨®n de la Generalitat se a?ade a las iniciadas por el Tribunal de Cuentas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia. En todas estas instancias se investiga la supuesta utilizaci¨®n irregular de las subvenciones a la formaci¨®n por parte de CEV y Cepymev. Es el caso del proceso que sigue el Tribunal de Cuentas, responsable de fiscalizar el uso de fondos p¨²blicos. Este organismo inici¨® el pasado noviembre un "juicio de cuentas" en el que pide a la CEV la devoluci¨®n de 191 millones de pesetas de ayudas recibidas entre 1993 y 1995 de la Fundaci¨®n para la Formaci¨®n Profesional Continua (Forcem). En su informe anual, el citado tribunal detalla las supuestas irregularidades cometidas por la patronal valenciana y, por esta causa, decide trasladarlas unas semanas despu¨¦s a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n "al encontrarnos ante la existencia de un presunto hecho delictivo", argumenta el organismo fiscalizador. El tercer proceso, que se sigue en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia, se abri¨® a instancias de la Generalitat cuando ¨¦sta decidi¨® remitir a la Fiscal¨ªa de Valencia el informe de la Inspecci¨®n de Trabajo en abril pasado por si los hechos descritos eran constitutivos de delito contra la Hacienda P¨²blica. Previamente a la apertura de estos cuatro procesos ahora en curso, dos juzgados de Valencia archivaron, por la prescripci¨®n del supuesto delito, una denuncia por falsificaci¨®n de documento contra la CEV, relacionada con los cursos de formaci¨®n.
Cuatro investigaciones para un caso
El procedimiento de car¨¢cter extralegal (fuera del ¨¢mbito de la justicia) iniciado por la Administraci¨®n valenciana para reclamar a la CEV el dinero de los fondos de formaci¨®n utilizado de manera irregular viene a sumarse a las otras tres investigaciones -algunas muy avanzadas- abiertas respecto al mismo tema. De hecho, incluso los actuales gestores de la CEV -las supuestas ilegalidades se cometieron bajo el mandato de otros patronos- se hacen una pregunta: ?No coinciden muchas investigaciones en un mismo caso?. La respuesta es afirmativa. Fuentes jur¨ªdicas aseguran que las pesquisas abiertas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n colisionan directamente con la iniciada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia, ya que la legislaci¨®n espa?ola establece, de manera clara, que la acusaci¨®n p¨²blica no es competente para investigar un caso del que ya entiende un juez instructor. Por ello, seg¨²n las mencionadas fuentes, se abren tres posibilidades en la v¨ªa penal. Una es que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se inhiba en favor del juez de Valencia. La segunda consiste en que Anticorrupci¨®n traslade todas sus actuaciones a la Audiencia Nacional, ya que sus pesquisas no se limitan a las supuestas ilegalidades cometidas en la CEV y, por contra, s¨ª salpican a organizaciones radicadas en diferentes autonom¨ªas. Un juzgado central (es decir, la Audiencia Nacional) es la ¨²nica instancia autorizada para investigar delitos cometidos en distintas partes de Espa?a. Y la tercera, y m¨¢s improbable, es que Anticorrupcion no vea relaci¨®n entre los delitos investigados en diferentes territorios y desgaje la causa en varias piezas separadas. M¨¢s complejo a¨²n, si ello es posible, resulta dilucidar a qu¨¦ entidad compete reclamar por v¨ªa administrativalos fondos utilizados indebidamente. Su distinta procedencia (la Uni¨®n Europea, el Estado o la Generalitat, seg¨²n los casos), las amplias prerrogativas del Tribunal de Cuentas en esta materia y la l¨®gica y hasta inexcusable pretensi¨®n de la Administraci¨®n valenciana, que pretende recuperar el dinero supuestamente malversado, complican este embrollo.
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