Ciudadan¨ªa

La feliz coincidencia del 50? aniversario de la Declaraci¨®n de los Derechos Humanos con la decisi¨®n brit¨¢nica de acceder a la solicitud de extradici¨®n reclamada por la Audiencia Nacional espa?ola contra el ex dictador Pinochet ha elevado al primer plano del debate pol¨ªtico una dimensi¨®n hasta ahora quiz¨¢ desatendida o menospreciada, pues se la ten¨ªa por mera muestra de sensibler¨ªa idealista, como es la prioritaria exigencia del m¨¢s escrupuloso respeto por los derechos ciudadanos: aut¨¦ntico grado cero del civismo democr¨¢tico.En estos mismos d¨ªas, precisamente, acaba de traducirse, por fin, entre nosotros, cuando est¨¢n a punto de cumplirse los 50 a?os de su redacci¨®n original, el c¨¦lebre texto de T.H. Marshall Ciudadan¨ªa y clase social (ahora publicado por Alianza con un comentario de Tom Bottomore), donde se caracteriza la emergencia hist¨®rica de la moderna democracia como el progresivo reconocimiento de tres clases sucesivas de derechos ciudadanos: primero, los derechos civiles, reconocidos a finales del sigloXVIII; despu¨¦s, los derechos pol¨ªticos, conquistados a lo largo del sigloXIX, y, por ¨²ltimo, los derechos sociales, universalizados a mediados del siglo XX. Pero esta sucesi¨®n cronol¨®gica de las tres clases de derechos tambi¨¦n implica una jerarqu¨ªa l¨®gica por orden de prioridades, pues sin el reconocimiento de los primeros no resulta posible ejercer los dem¨¢s. As¨ª, la protecci¨®n de los primitivos derechos civiles (a la vida, la libertad, etc¨¦tera) constituye el n¨²cleo duro de la democracia: su condici¨®n de posibilidad a priori, sin cuyo respeto efectivo no es posible admitir ning¨²n otro derecho pol¨ªtico ni social.

Pues bien, este grado cero de la ciudadan¨ªa parece desconocerse en Espa?a, cuya infortunada historia pol¨ªtica determina un grave d¨¦ficit de civismo, dadas las evidentes carencias de nuestra inmadura cultura democr¨¢tica. Esto explica que, tras el fin de la dictadura, nuestra transici¨®n se pactase al precio de asumir la injusta impunidad de los cr¨ªmenes franquistas. Y que, al consolidarse la democracia despu¨¦s, bajo Gobiernos centristas y socialistas, se tolerasen inadmisibles atentados contra los derechos humanos, cuya ¨²ltima expresi¨®n fueron los GAL. Tanto es as¨ª que todav¨ªa existen voces (como las que peregrinan a Guadalajara en triste celebraci¨®n del 50? aniversario de los Derechos Humanos) que niegan o disculpan aquellos cr¨ªmenes, justific¨¢ndolos por el contexto hist¨®rico en que se produjeron. Y a¨²n queda quien lamenta, en nombre de un dudoso pragmatismo mal entendido, que la Audiencia Nacional deba juzgar al dictador Pinochet.

Sin embargo, nuestra peor muestra de inmadurez ciudadana es, sin duda, la del extremado sectarismo con que se reivindican los propios derechos pol¨ªticos despreciando los derechos civiles ajenos. As¨ª sucede, por ejemplo, con tantas reclamaciones sindicales que no dudan en lesionar los derechos de los dem¨¢s con tal de forzar la imposici¨®n coactiva de sus presuntos derechos adquiridos. Pero donde se alcanza la apoteosis del desprecio a los derechos ajenos es en las reivindicaciones nacionalistas, que siempre se exigen en t¨¦rminos excluyentes (lo que ya es de por s¨ª una forma de discriminar a los excluidos) y, adem¨¢s, vulnerando expl¨ªcitamente los derechos civiles de otros ciudadanos ajenos. Y la m¨¢s extrema reducci¨®n al absurdo es el caso vasco, donde no s¨®lo se ha asesinado a 800personas para defender presuntos derechos pol¨ªticos, sino que despu¨¦s, cuando se desiste de seguir matando, sin embargo se persiste en no reconocer, reparar ni resarcir los flagrantes cr¨ªmenes cometidos contra los derechos humanos.

Frente a tan incivil absurdo s¨®lo cabe una postura, y es la de condicionar el reconocimiento de cualquier derecho al previo respeto a los derechos humanos. As¨ª, ning¨²n condenado por cr¨ªmenes pol¨ªticos (sean de ETA o los GAL) debe tener derecho al indulto si previamente no ha reconocido en p¨²blico (aunque no se arrepienta de ello, como le exigir¨ªa ese cristianismo que dice representar Seti¨¦n) su plena responsabilidad personal en atentados contra los derechos humanos.