Garc¨ªa Ortiz se queja al CGPJ de que el Supremo ha difundido todas sus llamadas de 10 meses
El juez restringi¨® el an¨¢lisis de la UCO sobre el tel¨¦fono del fiscal general a siete d¨ªas, pero los agentes han enviado al tribunal la informaci¨®n desde diciembre de 2023 a octubre de 2024
![?lvaro Garc¨ªa Ortiz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/U7W6NURI5K75OTSKWAUO5RG7PU.jpg?auth=51a32c7b5220f4bb4a3f8bc74a9c7968cb54df2771b9d01dda5bfc60a7abd41e&width=414)
![Reyes Rinc¨®n](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0c42f657-bf64-40e4-999b-ded8a0acefc9.jpg?auth=5b3f0921110c660825b9f146fd6eb9da124c726b0e8fe0d13ae2b693afe02da0&width=100&height=100&smart=true)
?lvaro Garc¨ªa Ortiz ha enviado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perell¨®, una ampliaci¨®n de la queja que le remiti¨® el pasado lunes por la filtraci¨®n de datos personales, como su tel¨¦fono, domicilio y DNI. Estos datos fueron enviados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al magistrado ?ngel Hurtado y trasladada por el juez a las partes personadas en la investigaci¨®n abierta por el Tribunal Supremo. En el nuevo escrito, el fiscal general reprocha que la informaci¨®n transmitida al instructor por los agentes desglose todas sus llamadas realizadas y recibidas durante 10 meses, a pesar de que el juez hab¨ªa restringido el an¨¢lisis a entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 (el periodo en el que se centra la investigaci¨®n). ¡°Constan en la causa y se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de mi actividad diaria y profesional¡±, denuncia Garc¨ªa Ortiz en la carta enviada a Perell¨®, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PA?S.
Los datos que denuncia Garc¨ªa Ortiz figuran en los anexos enviados por la UCO a finales de la semana pasada al juez junto al ¨²ltimo informe sobre el contenido del tel¨¦fono m¨®vil del fiscal general, al que el Supremo investiga por revelaci¨®n de secretos. Esa documentaci¨®n recoge tambi¨¦n la direcci¨®n postal y los DNI de muchas de las personas con las que Garc¨ªa Ortiz habl¨® por tel¨¦fono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, lo que incluye datos de particulares, miembros de la Fiscal¨ªa e incluso uno de los escoltas del fiscal general. El jefe del ministerio p¨²blico envi¨® el lunes una queja al CGPJ en la que consideraba ¡°manifiestamente injustificada¡± la recopilaci¨®n de esos datos, pero este martes ha ampliado su denuncia tras analizar los anexos difundidos por el juez. ¡°En el cuerpo del informe de la UCO, proporcionado a las partes, se incluyen multitud de datos accesorios, y tambi¨¦n relevantes para mi intimidad o vida familiar absolutamente innecesarias para la investigaci¨®n¡±, asegura Garc¨ªa Ortiz en una nueva carta dirigida a Perell¨®.
Junto a este escrito, Garc¨ªa Ortiz ha adjuntado otro m¨¢s amplio destinado a la direcci¨®n de surpervisi¨®n y control de protecci¨®n de datos del Consejo, el departamento encargado de tramitar la queja del fiscal general. El jefe del ministerio p¨²blico advierte de que en uno de los anexos se incorporan, ¡°excediendo el mandato judicial¡±, 28 hojas de Excel con aproximadamente 8.000 registros cada una, detallando los tiempos de conexi¨®n de sus terminales, desde el d¨ªa 5 de diciembre de 2023 a las 9.59 hasta el 24 de octubre de 2024 a las 00.00. Este periodo engloba las llamadas enviadas y recibidas por el fiscal general durante 10 meses, incluyendo tres meses antes y siete meses despu¨¦s de que se produjeran los hechos investigados: la supuesta filtraci¨®n de la denuncia presentada por la Fiscal¨ªa contra Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de Isabel D¨ªaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, y de un correo electr¨®nico enviado al ministerio p¨²blico por el abogado de aquel para proponer un pacto que librara a su cliente de la c¨¢rcel.
Los 10 meses de informaci¨®n recopilados por la UCO superan incluso la horquilla de ocho meses que fij¨® al principio de la investigaci¨®n el juez Hurtado, que abarcaba desde el 8 de marzo al 30 de octubre, d¨ªa en el que los agentes registraron el despacho del fiscal general y copiaron el contenido de su tel¨¦fono. Tras un recurso de la Fiscal¨ªa, el juez se corrigi¨® a s¨ª mismo y restringi¨® la investigaci¨®n a siete d¨ªas: del 8 al 15 de marzo de 2024, una horquilla que se extend¨ªa desde el d¨ªa en el que la Fiscal¨ªa General pidi¨® a la provincial de Madrid el expediente de Gonz¨¢lez Amador hasta el d¨ªa en el que el ministerio p¨²blico difundi¨® una nota de prensa para explicar el caso.
El otro anexo enviado a las partes por el juez incluye tambi¨¦n ¡°de forma injustificada¡±, seg¨²n Garc¨ªa Ortiz, un desglose de la actividad en tiempo real de su segunda l¨ªnea de tel¨¦fono, incluyendo el n¨²mero de cada persona con la que habl¨®, el d¨ªa y la duraci¨®n de la llamada, el DNI de Garc¨ªa Ortiz y su direcci¨®n familiar. En total, 7.105 registros que cubren ¡°cada minuto de uso de tel¨¦fono¡± desde el 7 de marzo de 2024 a las 23:50 hasta el 15 de marzo de 2024 a las 00:01. ¡°Un seguimiento prolijo e innecesariamente detallado al segundo de toda mi actividad diaria¡±, advierte el fiscal genera.
Garc¨ªa Ortiz denuncia que el juez haya dado traslado de esa informaci¨®n ¡°sin que se haya puesto freno o contenci¨®n a tal difusi¨®n¡±, lo que, asegura, afecta ¡°gravemente¡± a su intimidad y ¡°pone en peligro¡± su ¡°integridad y seguridad¡±. Tas la difusi¨®n de estos datos, el Ministerio del Interior ha anunciado que va a revisar la seguridad en torno al fiscal general, que asegura en los escritos dirigido al CGPJ que ha tenido que cambiar su l¨ªnea de tel¨¦fono y cerrar su cuenta de gmail. ¡°Esa es y no otra la raz¨®n de mis cambios¡±, asegura Garc¨ªa Ortiz en referencia al informe de la UCO que advert¨ªa de que hab¨ªa eliminado la cuenta de correo en la que recibi¨® el mail del abogado de Gonz¨¢lez Amador cuya filtraci¨®n de investiga.
Garc¨ªa Ortiz recuerda en su escrito que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial ordena que las actuaciones procesales contengan solo los datos personales que sean ¡°adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relaci¨®n con los fines para los que son tratados, en especial para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n¡±. Esta ley establece tambi¨¦n que los Jueces y magistrados ¡°podr¨¢n adoptar las medidas que sean necesarias para la supresi¨®n de los datos personales de las resoluciones y de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitaci¨®n del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva¡±, recuerda el fiscal general.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
![Reyes Rinc¨®n](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0c42f657-bf64-40e4-999b-ded8a0acefc9.jpg?auth=5b3f0921110c660825b9f146fd6eb9da124c726b0e8fe0d13ae2b693afe02da0&width=100&height=100&smart=true)