El Ararteko reclama que se cierre ya la legislaci¨®n sobre menores infractores

El Ararteko resalt¨® tambi¨¦n la disparidad de las decisiones judiciales seg¨²n territorios y la relacion¨® con la mayor o menor disposici¨®n de medios materiales y humanos para aplicar un tipo u otro de medidas. El ordenamiento jur¨ªdico establece un listado de actuaciones que van desde la mediaci¨®n y la mera amonestaci¨®n por el juez, a los internamientos, la libertad vigilada, la prestaci¨®n de servicios a la comunidad o el tratamiento ambulatorio. "Si la Administraci¨®n no pone los medios para facilitar la aplicaci¨®n de las medidas m¨¢s pedag¨®gicas, preventivas y resocializadoras, los jueces deben seguir acudiendo a las restrictivas, como los internamientos", recalc¨®. Incluso en este apartado, los medios son pocos, ya que los tres centros de internamiento actualmente existentes s¨®lo cuentan con 26 plazas. El salto en el n¨²mero de menores infractores vendr¨¢ dado por la aplicaci¨®n efectiva de la elevaci¨®n de la mayor¨ªa de edad penal de 16 a 18 a?os, establecida por el nuevo C¨®digo Penal, una vez que las Cortes aprueben la ley org¨¢nica que regular¨¢ esta materia, antes del pr¨®ximo verano. Markiegi pidi¨® que las instituciones auton¨®micas se preparen para ese momento y tengan lista su ley de protecci¨®n jurisdiccional del menor y una segunda que defina el modo en que se cumplir¨¢n las medidas que los jueces impongan. El Ararteko reclam¨® una clarificaci¨®n de los papeles de las administraciones, Gobierno y diputaciones, y m¨¢s coordinaci¨®n entre los departamentos de Justicia, Educaci¨®n y Sanidad en relaci¨®n con los menores que delinquen, para que se les reconozcan los estudios que realizan en los centros de internamiento y se les saque de las listas de espera para los tratamientos ambulatorios, sea asistencia en salud mental o deshabituaci¨®n de las drogas lo que precisen. Ocho de cada mil En el tramo de edad entre los 12 y los 16 a?os, son ocho de cada mil los adolescentes vascos que terminan por ser objeto de alguna sanci¨®n judicial. El 46% de los casos se resuelven con una mera amonestaci¨®n, mientras la libertad bajo vigilancia se aplica al 17% de los j¨®venes infractores. La prestaci¨®n de trabajo en beneficio de la comunidad es la receta en un 16% de los casos, mientras un 13% es internado en r¨¦gimen semiabierto. El internamiento cerrado supone s¨®lo el 2% de las medidas adoptadas por los jueces en el per¨ªodo estudiado por el Arateko, que comprende el a?o 1996 y el primer semestre de 1997. Las diferencias entre juzgados son ostensibles: mientras en Vizcaya las amonestaciones superan el 60% y en Guip¨²zcoa se resuelven por esta v¨ªa el 50% de los casos, en ?lava se quedan en el 23%. En este juzgado, sin embargo, se aplica con m¨¢s frecuencia que en los dem¨¢s (22%) el trabajo para la comunidad como restituci¨®n del mal ocasionado. Guip¨²zcoa es el territorio que m¨¢s recurre al internamiento cerrado, en seis de cada 100 casos.