El falso debate de la reforma de la gesti¨®n de los hospitales

El debate sobre las fundaciones sanitarias se ha querido presentar como una discusi¨®n sobre la conveniencia o no de dar autonom¨ªa y flexibilidad a la gesti¨®n de los servicios sanitarios p¨²blicos. Nada m¨¢s falso.En este punto exist¨ªa un amplio consenso: el que respald¨® a la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gesti¨®n del Sistema Nacional de Salud, en cuya redacci¨®n final particip¨® activamente el Grupo Parlamentario Socialista. El punto verdaderamente importante es si la reforma de la gesti¨®n de los hospitales del Insalud se realiza dentro de un marco de garant¨ªas que preserve las bases de funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como, por ejemplo, su gesti¨®n p¨²blica.

En ese aspecto, no s¨®lo la enmienda elaborada por el PP a la Ley de Medidas no ofrece garant¨ªas suficientes, sino que el Gobierno est¨¢ impulsando una serie de iniciativas legislativas que sientan las bases de una aut¨¦ntica contrarreforma sanitaria, que tiene por objeto la privatizaci¨®n del Sistema Nacional de Salud.

La enmienda sobre fundaciones sanitarias a la Ley de Medidas es, desde la perspectiva formal, un aut¨¦ntico disparate: 1. Utiliza la Ley de Medidas para hacer una reforma en profundidad de la gesti¨®n sanitaria p¨²blica, cuando el Tribunal Supremo se ha manifestado reiteradamente en contra de esta pr¨¢ctica. 2. Deslegaliza la Ley de Organizaci¨®n y Funcionamiento de la Administraci¨®n General del Estado, dando un cheque en blanco al Gobierno para dotar a las nuevas entidades del contenido que desee. 3. Legisla, buscando el apoyo de los grupos nacionalistas, para organizar los servicios de Insalud gesti¨®n directa, cuya transferencia debe ser asumida a corto plazo por las comunidades aut¨®nomas en las que CiU, PNV y Coalici¨®n Canarias no tienen presencia, lo que tiene una dudosa legitimaci¨®n democr¨¢tica.

Para entender las razones de fondo del Gobierno, que rompe unilateralmente el consenso, alcanzado con la Ley 15/1997, es preciso recordar brevemente los antecedentes y consecuencias de esta ley. En junio de 1996, ampar¨¢ndose tambi¨¦n en el supuesto deseo de mejorar la gesti¨®n del sistema sanitario p¨²blico, el Gobierno aprob¨® un Real Decreto-Ley que posibilita la privatizaci¨®n del Sistema Nacional de Salud.

Al amparo de este Decreto-Ley se ha cedido la gesti¨®n de la asistencia especializada para la poblaci¨®n de toda una comarca (La Ribera) a una empresa aseguradora privada. Ante la radical oposici¨®n del Partido Socialista a esta medida, el Gobierno del Partido Popular -que, al inicio de la legislatura, quer¨ªa cubrir su "flanco social"- se avino a discutir la reforma con el PSOE. Tras casi un a?o de negociaciones, se alcanz¨® un consenso: el plasmado en la Ley 15/1997.

Este acuerdo contiene dos principios b¨¢sicos: 1. La gesti¨®n del Sistema Nacional de Salud no puede privatizarse. 2. El Gobierno ten¨ªa que desarrollar un marco de garant¨ªas que regulara el funcionamiento de las nuevas entidades de gesti¨®n de los hospitales.

En a?o y medio, tras la publicaci¨®n de la Ley 15/1997, el Gobierno no ha podido, o querido, reglamentar, entre otros, aspectos tan importantes como los relativos a los derechos de los pacientes; patrimonio de estas nuevas entidades; inversiones; mecanismos de participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas, corporaciones locales, sociedad civil y personal en su gesti¨®n; de qu¨¦ ¨®rganos de direcci¨®n y gesti¨®n estar¨ªan dotadas; sistema de financiaci¨®n; cuenta de resultados; sistemas de auditor¨ªa y control; relaciones contractuales del personal incluyendo el r¨¦gimen de incompatibilidades; o el sistema de informaci¨®n que posibilite la evaluaci¨®n de los resultados de estas experiencias.

Por el contrario: el Gobierno del Partido Popular de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ha pedido que se le dejen las manos libres para hacer lo que quiera.

Ser¨ªa una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista acceder a estos deseos. No por inmovilismo, pues hemos mostrado nuestra voluntad de colaborar en la gesti¨®n, sino por defensa del sistema sanitario p¨²blico: no queremos que bajo el lema de la mejora de la gesti¨®n, el Gobierno privatice el Sistema Nacional de Salud, como ha ocurrido en Alzira.

El debate sobre las fundaciones es un elemento m¨¢s de la estrategia niebla en la que el Gobierno del Partido Popular quiere envolver su objetivo de privatizar el Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno ha desarrollado un conjunto de iniciativas legislativas que ponen las bases de una verdadera contrarreforma del modelo sanitario p¨²blico espa?ol. Los elementos claves de esta estrategia son los siguientes:

La concesi¨®n administrativa de la asistencia sanitaria especializada del Servicio Valenciano de Salud para la comarca de La Ribera (Alzira) a una empresa aseguradora privada en r¨¦gimen de monopolio, amparada en el Real Decreto-Ley de junio de 1996, supone en la pr¨¢ctica desgajar una parte del aseguramiento del Sistema Nacional de Salud -la poblaci¨®n de La Ribera- para entregarlo, en r¨¦gimen de concesi¨®n administrativa, a una aseguradora privada. Esta iniciativa se sit¨²a frontalmente en contra del principio de cobertura universal del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa de Alzira unida a la ley del IRPF abre expectativas ilimitadas a la privatizaci¨®n del aseguramiento sanitario p¨²blico.

La nueva ley de IRPF incentiva fiscalmente la contrataci¨®n de seguros privados de enfermedad por las empresas de dos formas. Por una parte, la contrataci¨®n de seguros m¨¦dicos privados se considera un gasto deducible por la empresa (menor tributaci¨®n sobre beneficios), y complementariamente no se considera una retribuci¨®n en especie, lo que implica una menor tributaci¨®n de las rentas altas.

La filosof¨ªa sobre la que se basa esta reforma no est¨¢ alejada del actual sistema sanitario estadounidense, en la que la cobertura sanitaria se obtiene a trav¨¦s de las empresas, y deja completamente transparente la estrategia a medio plazo del PP en sanidad, en completa contraposici¨®n con las pol¨ªticas fiscales de los pa¨ªses con servicios nacionales de salud.

Esta estrategia de contrarreforma sanitaria se completar¨¢ con la iniciativa anunciada por el Gobierno de presentar una nueva ley. El Gobierno, en consonancia con la ideolog¨ªa del PP, ya ha manifestado su rechazo al modelo organizativo del servicio nacional de salud, definido como "monol¨ªtico, burocr¨¢tico y desmotivante".

La nueva ley anunciada no tiene por objeto introducir modificaciones en el funcionamiento de los servicios, pues la Ley 15/1997 tiene ese objetivo. Se trata, en este caso, de reformar la Ley General de Sanidad de 1986, y romper con lo que el Partido Popular denomina "monopolio asistencial del Estado", con modelos de financiaci¨®n p¨²blica y aseguramiento privado.

Se debe dar autonom¨ªa y flexibilidad a la gesti¨®n de los servicios sanitarios p¨²blicos. Este objetivo debe ser compatible con el mantenimiento de un sistema sanitario p¨²blico para todos los ciudadanos, financiado y gestionado p¨²blicamente.

Para este fin es preciso que las modificaciones de la gesti¨®n se realicen dentro de un marco de garant¨ªas y que sean transparentes. La enmienda a la Ley de Medidas no garantiza el logro de estos objetivos, por el contrario: el antecedente de Alzira, el oscurantismo gubernamental y las iniciativas legislativas del Gobierno se?alan un camino distinto al de la mejora de la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica: el de su privatizaci¨®n. Y en esto el Partido Socialista estar¨¢ siempre radicalmente en contra.