Jugar con los presos

La pancarta "Por los derechos de los presos" abri¨® la multitudinaria manifestaci¨®n convocada el pasado s¨¢bado en Bilbao por los partidos nacionalistas firmantes de la Declaraci¨®n de Estella (con la IU de Madrazo y Anguita en el papel de okupa del abertzalismo). La ambig¨¹edad y la indeterminaci¨®n de la consigna explican en incierta medida el ¨¦xito del llamamiento: ning¨²n dem¨®crata puede rechazar las implicaciones l¨®gicas del art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n, que garantiza a todos los presos -abstracci¨®n hecha de la gravedad de sus delitos y penas- el ejercicio de sus derechos fundamentales, salvo aquellos "expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria". Ese n¨²cleo ¨²ltimo de libertad est¨¢ formado por los derechos enumerados en el cap¨ªtulo 2? del T¨ªtulo 1? de la Constituci¨®n, que deber¨¢n siempre ser interpretados -precisa su art¨ªculo 10- de conformidad con la Declaraci¨®n Universal de 1948 y con los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Espa?a.Los partidos nacionalistas vascos sostienen err¨®neamente que el cumplimiento de las condenas en c¨¢rceles del Pa¨ªs Vasco o de su entorno forma tambi¨¦n parte de ese ¨¢mbito protegido, equivocada convicci¨®n que les ha llevado al fracasado intento de pedir amparo a las instancias europeas de defensa de los derechos humanos. No siempre fue esa la posici¨®n oficial del PNV; hace diez a?os Arzalluz defend¨ªa la legalidad de la dispersi¨®n penitenciaria ("La manipulaci¨®n de los presos", Deia, 20-VIII-1989) y negaba la existencia de un "presunto derecho" a impedir su aplicaci¨®n. Ni la Constituci¨®n de 1978 ni las declaraciones internacionales de derechos humanos sirven de fundamento jur¨ªdico a la exigencia de acercamiento de los presos a Euskadi. El art¨ªculo 12 de la Ley General Penitenciaria de 1978 -aprobada con los votos del PNV- conf¨ªa las decisiones sobre "ubicaci¨®n de establecimientos" carcelarios a la Administraci¨®n, si bien "se procurar¨¢" que cada ¨¢rea territorial disponga de instalaciones suficientes "para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados".

Aunque la pol¨ªtica de dispersi¨®n de los presos fuese abandonada por considerar hoy -cosa razonable- que las circunstancias han cambiado, la construcci¨®n dentro del Pa¨ªs Vasco o en sus proximidades del n¨²mero de establecimientos penitenciarios adecuados para alojar a todos los condenados por delitos terroristas no podr¨ªa realizarse de la noche a la ma?ana. Tampoco cabe hablar de conculcaci¨®n de los derechos humanos a prop¨®sito del tercer grado y la libertad condicional cuando la denegaci¨®n de tales beneficios penitenciarios combine requisitos reglados y decisiones discrecionales. Pero muchos ciudadanos no acudieron a la manifestaci¨®n movidos por razones jur¨ªdicas sino impulsados por motivos humanitarios: los sentimientos de compasi¨®n por la suerte de los presos o por el dolor de sus familiares contribuyeron sin duda al ¨¦xito de la convocatoria. No es necesario creer que el "rechazo a la crueldad" sea una se?a de identidad del pueblo vasco, audaz hip¨®tesis antropol¨®gica propuesta por el bienpensante profesor Pedro Ibarra para explicar el ¨¦xito de la concentraci¨®n de Bilbao: s¨®lo los racistas niegan que los buenos sentimientos se hallen aleatoriamente distribuidos por el mundo.

En abierto contraste con los condenados del caso Filesa y del caso Marey que se dedicaron a jugar a los presos antes de ser indultados o acogerse al tercer grado, muchos miembros de ETA est¨¢n cumpliendo desde hace a?os duras condenas bajo severas condiciones carcelarias. Tal vez por la ley de las compensaciones, algunos dirigentes nacionalistas en libertad han resuelto, en cambio, jugar con los presos para sus fines. Pero la manipulaci¨®n de la consigna del acercamiento de los reclusos al Pa¨ªs Vasco como etapa preparatoria de una campa?a para su excarcelaci¨®n sin la definitiva renuncia previa a la violencia exigida por el Pacto de Ajuria Enea ser¨ªa una estafa a los sentimientos humanitarios de la manifestantes de Bilbao. Porque los atentados, extorsiones y amenazas del nacionalismo radical, lejos de ser las chiquilladas que supone Arzalluz, hacen temer que la tregua de ETA constituya una maniobra para conseguir primero la puesta en libertad de sus dirigentes encarcelados y proseguir despu¨¦s su cruzada de muerte.