Juicio en Europa para Pinochet

"El Reino Unido deber¨ªa devolver a Chile al general Pinochet, tanto por consideraciones humanitarias como jur¨ªdicas, evitando su extradici¨®n a Espa?a". He ah¨ª el argumento esencial que -obligado por raz¨®n del cargo que ocupa- el canciller chileno Jos¨¦ Miguel Insulza hubo de repetir una y otra vez en su inc¨®modo periplo europeo, en el que propugn¨®, sin ning¨²n ¨¦xito, la liberaci¨®n del ex dictador causante de su propio exilio de varios a?os. "Se trata ya de un hombre anciano y fr¨¢gil", a?adi¨® por su parte, conmiserativamente, la ex Dama de Hierro Margaret Thatcher, evidenciando el actual reblandecimiento de su f¨¦rrea condici¨®n de ayer. Respecto a la ancianidad -indudable- y la debilidad -real o supuesta- del general, no olvidemos que existen ancianos ya f¨ªsicamente d¨¦biles, pero cuyo talante an¨ªmico mantiene vivas y persistentes su vieja crueldad y su ves¨¢nica determinaci¨®n. As¨ª pudo comprobarse en antiguos dirigentes nazis, que ya en plena ancianidad alardeaban y justificaban todav¨ªa su criminal actuaci¨®n. Est¨¢ claro que el ex dictador chileno se incluye de lleno en esa categor¨ªa de viejos criminales que no s¨®lo no se arrepienten en absoluto de los abyectos cr¨ªmenes que mandaron cometer y del inmenso da?o humano y social que causaron, sino que, ya en sus a?os finales, proclaman abiertamente, con repugnante orgullo, su satisfacci¨®n por lo que hicieron, confesando que, abocados nuevamente a las mismas circunstancias, volver¨ªan a repetir sus mismas actuaciones de d¨¦cadas atr¨¢s. Es decir, perpetrando su correspondiente golpe militar, seguido de su dr¨¢stica represi¨®n, y poniendo en tal empe?o todo el crimen, toda la tortura y toda la brutalidad que en su d¨ªa tuvieron oportunidad de practicar.

En cuanto a las consideraciones debidas a la vejez, ?acaso no eran suficientemente viejos el general retirado Carlos Prats -ex jefe del Ej¨¦rcito- y su esposa, asesinados por la DINA en Buenos Aires? ?Acaso no lo eran tambi¨¦n Bernardo Leighton, presidente de la Democracia Cristiana chilena, y su esposa, irreversiblemente malheridos ambos en Roma por el mismo servicio secreto de Pinochet, y nunca recuperados hasta su muerte? Recordemos que, cuando varios altos jefes militares expusieron sus discrepancias sobre la l¨ªnea abiertamente criminal desarrollada por la DINA, Pinochet puso fin a la discusi¨®n diciendo tajantemente: "La DINA soy yo". En definitiva, la consideraci¨®n humanitaria debida a las personas de edad avanzada fue ignorada y pisoteada por Pinochet a la hora de deshacerse de sus adversarios dem¨®cratas, dentro o fuera de su pa¨ªs.

Respecto a ese concepto -hoy d¨ªa insostenible- de que los jefes de Estado deben gozar de la permanente consideraci¨®n de personas inmunes, incluso para los delitos de lesa humanidad, tanto durante su cargo como despu¨¦s de ¨¦l, ?acaso Salvador Allende, en su calidad de jefe del Estado, no ten¨ªa derecho a esa misma consideraci¨®n o privilegio de inmunidad presidencial? He aqu¨ª otra consideraci¨®n que el general neg¨® a su enemigo y que ahora vuelve a exigir para s¨ª, reclamando nuevamente su inmunidad soberana tras la anulaci¨®n del pronunciamiento adverso de la C¨¢mara de los Lores.

Por a?adidura, el canciller Insulza se permiti¨® afirmar algo de mucha mayor entidad: "En Espa?a, por el exceso de emocionalidad desencadenado, no se dan las condiciones para un juicio justo y objetivo contra Augusto Pinochet. S¨®lo en Chile ser¨ªa posible un juicio con las debidas garant¨ªas de justicia y objetividad". Como broma, no est¨¢ mal. Pero, bromas aparte, esto ya nos resulta de m¨¢s dif¨ªcil digesti¨®n, dada su desmesurada falsedad. Existen, de hecho, una serie de barreras infranqueables que imposibilitan un juicio v¨¢lido contra Pinochet en su pa¨ªs. Primera, la amnist¨ªa de 1978, all¨ª plenamente vigente, y que ha servido para garantizar, en t¨¦rminos efectivos, la impunidad de los delitos cometidos hasta tal a?o en el marco de la represi¨®n militar. Segunda, la Constituci¨®n de 1980, igualmente vigente, concebida y dise?ada por el propio Pinochet para asegurarse, entre otras cosas, su m¨¢s definitiva impunidad personal. Tercera, su inmunidad parlamentaria, dada su condici¨®n de senador vitalicio. Cuarta y principal: el Ej¨¦rcito de Chile, cuya jefatura ha detentado durante 25 a?os, y cuyo enorme peso f¨¢ctico mantiene todav¨ªa a aquella sociedad en situaci¨®n de democracia vigilada, conservando su capacidad de hacer sentir su fuerte presi¨®n coactiva sobre todos los poderes del Estado. El propio ex presidente Patricio Alwyn lo ha reconocido honestamente advirtiendo de que, en el Chile de hoy, no existe la menor posibilidad de un juicio efectivo contra Pinochet.

Comprendemos que el canciller chileno, sin duda en la m¨¢s ardua de sus misiones diplom¨¢ticas -aut¨¦ntica "misi¨®n imposible", al menos en el terreno de las convicciones propias y ajenas-, se haya visto forzado a proferir afirmaciones semejantes, pero nadie puede imaginar que ¨¦l mismo se las pueda creer. Pinochet ser¨¢ juzgado seriamente en Europa -con todas las garant¨ªas del debido proceso- o no lo ser¨¢ en ninguna parte. Careciendo -todav¨ªa- del necesario y esperado Tribunal Penal Internacional, alguien se preguntar¨¢ por qu¨¦ ha de ser juzgado el ex dictador chileno precisamente en Espa?a, o en otro de los pa¨ªses europeos -Francia, Suiza o B¨¦lgica- que ya han reclamado su extradici¨®n. La respuesta es muy simple, aunque su materializaci¨®n resulte inevitablemente compleja: porque ha sido precisamente en estos pa¨ªses, y muy principalmente en Espa?a, donde se han acumulado y substanciado las denuncias correspondientes, y donde se han presentado las evidencias probatorias de los cr¨ªmenes perpetrados. Y, m¨¢s a¨²n, porque ha sido precisamente aqu¨ª donde los jueces han sido capaces de actuar con la suficiente independencia y resoluci¨®n, incluso venciendo graves presiones adversas, internas y externas.

Por a?adidura, la justicia espa?ola, al igual que la brit¨¢nica y la de los pa¨ªses antes citados, no se encuentra maniatada por esa serie de ataduras que tan dram¨¢ticamente traban a la chilena a la hora de enfrentarse a algo tan traum¨¢tico y tan inaudito en Chile como un juicio al general Augusto Pinochet. Por supuesto -nadie lo niega-, la justicia chilena ser¨ªa sin duda la m¨¢s adecuada, la m¨¢s natural, la m¨¢s obligada y la m¨¢s directamente competente para enjuiciar a su propio ex dictador, si no fuera por esa serie de factores -no ya condicionantes, sino determinantes- que imposibilitan una actuaci¨®n judicial dotada del m¨ªnimo grado exigible de independencia y efectividad. Ante tal imposibilidad, y a falta de esa ya citada instancia judicial de ¨¢mbito internacional, s¨®lo se vislumbra una forma efectiva de juzgar al general: los tribunales europeos que han reclamado su extradici¨®n.

Reconocemos -m¨¢s a¨²n, proclamamos- que incluso aquellos que pisotearon brutalmente todas las consideraciones legales y humanitarias tienen derecho a ellas. Pero entre tales consideraciones y garant¨ªas no debe incluirse en absoluto la evitaci¨®n de un juicio justo en Espa?a o en cualquiera de los otros pa¨ªses cuyos jueces reclaman al general. En cambio s¨ª deben otorg¨¢rsele otras consideraciones y garant¨ªas de importancia fundamental, y que ¨¦l neg¨® sistem¨¢ticamente a sus v¨ªctimas: el asegurar al acusado un correcto trato y un pleno derecho de defensa en juicio, as¨ª como las posibles medidas de clemencia penitenciaria -una vez dictada sentencia firme- para aquellos condenados que ya superan una determinada edad. ?stas, y no otras, son las ¨²nicas consideraciones, humanitarias y legales -no precisamente insignificantes-, que los tribunales de justicia de los pa¨ªses civilizados pueden y deben otorgar a un -aunque todav¨ªa legalmente presunto- delincuente internacional como Pinochet.