El Gobierno de Bono estudia exigir a Tomey la devoluci¨®n de las subvenciones

La Junta de Castilla-La Mancha estudia exigir a la Diputaci¨®n de Guadalajara, que preside Francisco Tomey, senador del PP, la devoluci¨®n de parte de los 15.500 millones de pesetas concedidos en subvenciones y empleados irregularmente seg¨²n un informe de la C¨¢mara de Cuentas de la comunidad. El PP considera que el autor del informe fiscalizador se ha "extralimitado" y pone en duda su imparcialidad. El s¨ªndico dice que ha trasladado el informe a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n "por las responsabilidades penales que puedan derivarse" y defiende su car¨¢cter t¨¦cnico.

Las consejer¨ªas de la Junta de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Jos¨¦ Bono, estudiar¨¢n las subvenciones que otorgaron a la Diputaci¨®n de Guadalajara, durante el periodo comprendido entre 1993 y 1996, y decidir¨¢n si procede exigir su devoluci¨®n a la vista de las presuntas irregularidades en su aplicaci¨®n denunciadas por la C¨¢mara de Cuentas de esa comunidad. ?sta asegura en un informe que hay "indicios de responsabilidad contable" en el uso y destino de 15.461 millones de pesetas.Antonio Pina, consejero de Administraciones P¨²blicas, anunci¨® que se estudiar¨¢n, una a una, las subvenciones concedidas a Francisco Tomey, el presidente del mencionado organismo, y se exigir¨¢ su devoluci¨®n a la Junta si se confirman las "graves" anomal¨ªas detectadas por la C¨¢mara.

Miguel ?ngel Cabezas, s¨ªndico de la C¨¢mara que ha fiscalizado y denunciado el uso de las subvenciones recibidas por Tomey, se convirti¨® ayer en el blanco del PP. Pedro Peral, responsable del Grupo Popular en las Cortes regionales, calific¨® su actuaci¨®n como "escandalosa" y asegur¨® que se ha extralimitado al remitir su informe a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Peral destac¨® que el aludido documento, cuyas l¨ªneas generales fueron adelantadas ayer por este peri¨®dico, era provisional y que, con su iniciativa, el s¨ªndico "ha hecho una condena p¨²blica de la Diputaci¨®n de Guadalajara sin dar oportunidad a que se defienda". "Esto ha sido un juicio sumar¨ªsimo", concluy¨®.

La ley establece un plazo de 15 d¨ªas para que la instituci¨®n fiscalizada presente sus alegaciones al informe provisional de la C¨¢mara. En este caso, el s¨ªndico ha enviado su informe al fiscal y al Tribunal de Cuentas sin que la corporaci¨®n de Tomey se pronunciara sobre las graves acusaciones e irregularidades que pesan sobre ella.

El dirigente del PP critic¨® tambi¨¦n que la C¨¢mara de Cuentas fiscalizara 15.461 millones de pesetas incluyendo entre los mismos 13.500 que provienen del Fondo de Cooperaci¨®n Municipal que otorga el Gobierno nacional. No obstante, el informe de Cabezas no cuestiona ni hace alegaci¨®n alguna a estas partidas de subvenciones estatales, sino sobre las dadas por la propia Junta. Por su parte, dirigentes del PSOE pidieron la inmediata dimisi¨®n de Tomey.

La C¨¢mara de Cuentas de Castilla-La Mancha respondi¨® ayer a estas acusaciones mediante una nota oficial en la que destaca que fiscaliz¨® las subvenciones de Tomey por orden de las Cortes de esa comunidad, que lo aprobaron el 12 de marzo de 1998.

Reconoce que el informe es provisional, pero argumenta que su remisi¨®n al fiscal y al Tribunal de Cuentas responde al cumplimiento de la ley de Sindicatura de Cuentas al haber detectado "indicios de responsabilidad contable". "Debe reiterarse su car¨¢cter provisional, sujeto a contradicci¨®n, sin perjuicio de las medidas cautelares a que estamos obligados en defensa del inter¨¦s p¨²blico", a?ade.

La Sindicatura agrega que no ha hecho m¨¢s que cumplir con el mandato que recibi¨® de las Cortes y que su comportamiento en este y otros informes ha sido "exclusivamente t¨¦cnico" y al servicio de esa instituci¨®n p¨²blica. Concluye que debe mantenerse al margen "del leg¨ªtimo debate pol¨ªtico".