La Administraci¨®n mar¨ªtima se hunde
El naufragio del catamar¨¢n La Oca, ocurrido el pasado 8 de octubre en el lago de Banyoles y en el que murieron ahogados 20 jubilados franceses, ha hecho aflorar entre los expertos en siniestros mar¨ªtimos diversas dudas sobre la actuaci¨®n seguida por la Administraci¨®n mar¨ªtima, formada por la Marina Mercante y la Capitan¨ªa Mar¨ªtima. A las cr¨ªticas que efectuaron d¨ªas despu¨¦s del siniestro diversos sectores se suma ahora un informe encargado por la Generalitat en el que se recogen las causas t¨¦cnicas del hundimiento y las supuestas responsabilidades administrativas. El informe, que ser¨¢ presentado la pr¨®xima semana en la Direcci¨®n General de Pesca Mar¨ªtima de la Generalitat, fue redactado durante los meses de noviembre y diciembre por un abogado y tres expertos en marina civil. En la parte final del documento se afirma que tras el accidente "se ha puesto en evidencia el deficiente funcionamiento de la Administraci¨®n mar¨ªtima, encargada por ley de cumplir y hacer cumplir a todos los barcos, la normativa de seguridad". Asimismo se precisa que "tambi¨¦n resulta importante destacar la falta de coordinaci¨®n entre la Administraci¨®n local y la Capitan¨ªa Mar¨ªtima". Los expertos llegaron a estas conclusiones en diciembre, coincidiendo con el anuncio hecho por la juez que instruye el caso, Montserrat Bastit, de que rechazaba una petici¨®n del Ayuntamiento para imputar en el caso al capit¨¢n mar¨ªtimo de Palam¨®s (Baix Empord¨¤), Josep Marsal, y al ingeniero naval Joan Ribera. "La Oca no ten¨ªa todos los certificados de seguridad previstos por la legislaci¨®n, pero es que en ning¨²n momento la inspecci¨®n mar¨ªtima reconoci¨® su existencia en el lago antes del accidente", afirma Joan Zamora, director del Centro de Log¨ªstica y Servicios Mar¨ªtimos de la Universidad Polit¨¦cnica de Catalu?a y coordinador del estudio. Zamora se?ala que t¨¦cnicamente el hundimiento del catamar¨¢n no tiene m¨¢s secreto: el naufragio se produjo por una simple p¨¦rdida de flotabilidad debido a las dos aberturas practicadas en la popa por los dos propietarios. Sin embargo, reconoce: "La Oca inici¨® su actividad de pasear turistas por el lago en junio de 1998 sin los permisos necesarios que deber¨ªan de haber sido controlados por la Administraci¨®n mar¨ªtima". El accidente de Banyoles ha destapado la inseguridad de algunas de estas embarcaciones recreativas y grandes naves de l¨ªneas regulares. Una persona y 6.000 barcos A juicio de Zamora, los escasos recursos t¨¦cnicos y humanos de que disponen los inspectores mar¨ªtimos que trabajan en Catalu?a son un ejemplo de la insuficiente modernizaci¨®n y de la deficiente estructura del Estado en estas cuestiones. Y es que la realidad dibuja un panorama desalentador para las inspecciones de barcos de todo tipo en la provincia de Girona: hay un solo inspector de buques en toda la provincia mar¨ªtima de Palam¨®s para m¨¢s de 6.000 embarcaciones. En cuanto a las posibles responsabilidades del Ayuntamiento de Banyoles en el accidente, Zamora indica: "La Administraci¨®n local, que dedica por ley cuatro personas a vigilar el cumplimiento de la normativa municipal sobre el lago, en ning¨²n momento observ¨® anomal¨ªa alguna en las embarcaciones de pasajeros, aun conociendo la denuncia del propietario del Anna contra los armadores de La Oca por competencia desleal y falta de idoneidad profesional del personal". Seg¨²n los autores del informe, el caso ha revelado la responsabilidad individual y empresarial, pero no deja de lado los controles que deben realizar las administraciones p¨²blicas, que a menudo est¨¢n poco atentas al control real de las condiciones en que muchas empresas llevan a cabo su actividad Asimismo Zamora reclama que el Ministerio de Fomento, del que depende Marina Mercante, traspase las competencias de la gesti¨®n de la seguridad mar¨ªtima a la Generalitat con el objetivo de "democratizar y trasladar el Estado de las autonom¨ªas a lo referente al mar y las aguas interiores". Para ello propone tambi¨¦n la creaci¨®n de una oficina de seguridad mar¨ªtima para controlar las embarcaciones civiles de Catalu?a.
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