La Fiscal¨ªa ve indicios de delito en la gesti¨®n del alcalde de Benalm¨¢dena y solicita que se abran diligencias

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de M¨¢laga ha pedido al juzgado decano de Torremolinos que abra diligencias previas contra el alcalde de Benalm¨¢dena, el indepediente Enrique Bol¨ªn, al apreciar que en su gesti¨®n desde 1995 existen indicios de presuntos delitos de alzamiento de bienes, malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, cohecho y contra la ordenaci¨®n del territorio. La Fiscal¨ªa toma esta decisi¨®n tras estudiar dos "informes-denuncia" del PP sobre actuaciones de Bol¨ªn, que ya han sido objeto de una comisi¨®n de investigaci¨®n.En el informe remitido ayer por la Fiscal¨ªa al juzgado decano de Torremolinos se hace menci¨®n a un posible delito de alzamiento de bienes por la ocultaci¨®n de la compra del usufructo de la vivienda donde Bol¨ªn tiene fijada su residencia habitual al empresario Sebasti¨¢n Carretero, que a su vez se la adjudic¨® en subasta, por 10.920.387 pesetas. La compra la habr¨ªa realizado Bol¨ªn aun cuando sobre su sueldo pesan embargos dictados por cuatro juzgados malague?os y por la tesorer¨ªa general de la Seguridad Social por un total de 39.670.454 pesetas, por lo que el fiscal entiende que el alcalde podr¨ªa haber ocultado el contrato en perjuicio de sus acreedores.

La investigaci¨®n solicitada por la Fiscal¨ªa deber¨¢ adem¨¢s esclarecer algunas de las licencias y recalificaciones urban¨ªsticas realizadas por el equipo de Gobierno que preside Bol¨ªn, en las que, seg¨²n los casos, podr¨ªan existir delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, cohecho, o contra la ordenaci¨®n del territorio.

Casi todas estas recalificaciones se refieren a la concesi¨®n de licencias con un volumen de edificabilidad superior a los establecidos en el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana. En la denuncia presentada por el PP se relacionan como beneficiarios de estas modificaciones a empresarios ligados a Bol¨ªn y que incluso financiaron su campa?a electoral.

El juez adem¨¢s deber¨¢ investigar otros dos casos de presunta malversaci¨®n, uno en referencia a las obras de construcci¨®n del nuevo edificio del ayuntamiento y otro a facturas pagadas por concesiones municipales realizadas sin que existiera el preceptivo expediente de contrataci¨®n.