Cr¨ªticas a Mayor por ofrecer nombres de los universitarios 'radicales'

Los juristas se sumaron ayer a las cr¨ªticas contra el ministro del Interior, Jaime Mayor, y censuraron con dureza que durante su comparecencia del pasado d¨ªa 18 en el Congreso ofreciese a los diputados los nombres y la ficha policial de 10 estudiantes que, seg¨²n la polic¨ªa, participaron en los incidentes de hace una semana en la Universidad Aut¨®noma de Barcelona (UAB) con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. En opini¨®n de Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior y actualmente destinada en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, "corresponde a los jueces y no a la polic¨ªa ni al Ministerio del Interior delimitar si existi¨® una participaci¨®n de unos ciudadanos en unos hechos supuestamente delictivos, como fue la alteraci¨®n del orden p¨²blico de ese d¨ªa". Por eso censur¨® que Mayor, "sin m¨¢s, presuponga esa participaci¨®n y d¨¦ por probados los hechos" en el Congreso de los Diputados. "Esa actuaci¨®n no es de recibo", a?adi¨®. Robles coincidi¨® con el rector de la UAB, Carles Sol¨¤, en la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los participantes en la protesta y record¨® que la actuaci¨®n de Mayor reviste m¨¢s gravedad "porque, que se sepa, no se ha abierto ning¨²n procedimiento judicial contra ninguna de esas personas".

Difusi¨®n de nombres

Por su parte, Montserrat Comas, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona y portavoz de la asociaci¨®n minoritaria Jueces para la Democracia, asegur¨®: "No se puede ventilar por la v¨ªa de la opini¨®n p¨²blica, ni siquiera a trav¨¦s del Congreso, la difusi¨®n de nombres de personas contra las que no se han emprendido acciones administrativas ni judiciales". Comas agreg¨® que si se demostrase que estos nombres han sido divulgados, "los afectados estar¨ªan en su derecho de emprender una demanda de acci¨®n civil contra el ministro por atentar contra el derecho a la propia imagen".El ofrecimiento de los nombres y las fichas policiales de los estudiantes tuvo un nulo eco entre los diputados de la Comisi¨®n de Interior, pues ninguno de ellos se interes¨® por esas identidades. "El simple ofrecimiento de esos nombres ya merece una censura pol¨ªtica porque las fichas policiales forman parte del secreto estad¨ªstico policial", asegur¨® Comas.

Del mismo modo, el vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Joan Maria Xiol, afirm¨®: "Parece como si regres¨¢ramos a un Estado policial en el que todas las actividades de las personas est¨¢n registradas en unas fichas que tanto nos recuerdan al franquismo". Xiol a?adi¨®: "?sta no es la respuesta que debe tener el Estado a la misi¨®n de control y vigilancia ciudadana que tiene encomendado".

Las asociaciones estudiantiles de la UAB estudian iniciar acciones legales ante la difusi¨®n de esos datos por parte del ministro del Interior.