Clinton choca con los Gobiernos de los Estados en su 'guerra del tabaco'

Los Estados se enfrentan a Clinton: dicen que el dinero del tabaco es suyo; no quieren entregar al Gobierno central ni un s¨®lo centavo de los 206.000 millones de d¨®lares (30 billones de pesetas) que la industria pagar¨¢ en los pr¨®ximos 25 a?os. El Gobierno de Bill Clinton considera que le corresponde una parte de esa indemnizaci¨®n porque son sus fondos los que financian al menos la mitad de los gastos de la sanidad p¨²blica de cada Estado.

La Casa Blanca ha dise?ado un plan para hacerse con una porci¨®n de la tarta, al tiempo que prepara una nueva demanda contra la industria.La administraci¨®n central de EE UU asegura que intentar¨¢ recuperar en los tribunales su parte del dinero gastado en la atenci¨®n m¨¦dica de las enfermedades provocadas por el consumo de cigarrillos. Con un claro prop¨®sito de rentabilidad pol¨ªtica, Bill Clinton aprovech¨® hace unos d¨ªas su discurso sobre el estado de la Uni¨®n para anunciar que los abogados del Departamento de Justicia estaban "preparando un plan jur¨ªdico para llevar a los tribunales a la industria del tabaco". Clinton redonde¨® su prop¨®sito con la promesa de reinvertir el dinero que hipot¨¦ticamente recuperen en la mejora de la sanidad p¨²blica norteamericana, un servicio precario que en este pa¨ªs se limita a la cobertura de los indigentes y de la tercera edad.

El gobierno central y las autoridades de cada estado comparten los gastos m¨¦dicos de esos dos sistemas de sanidad p¨²blica de EE UU: el Medicare y el Medicaid. El acuerdo del tabaco reparte entre los estados la cantidad pactada con la industria pero no da al gobierno central ninguna parte de la indemnizaci¨®n.

La administraci¨®n central lleva semanas tratando de recabar apoyos en el Congreso para sacar adelante una moci¨®n que le otorgue parte de esa indemnizaci¨®n. Sin embargo los congresistas y senadores, por tradici¨®n y por l¨®gica, est¨¢n siempre inclinados a la protecci¨®n de los intereses de los estados que representan. Por eso el dem¨®crata Bob Graham y el republicano Kay Bailey Hutchinson han puesto en marcha una iniciativa para que el Congreso apruebe una ley que prohiba al gobierno federal reclamar parte del dinero logrado en el acuerdo con las tabacaleras.

El enfado de los estados ha provocado un enfrentamiento sin precedentes con la Casa Blanca. La fiscal General del estado de Washington, Christine Gregoire, ha llegado a lanzar una advertencia a Clinton: "Como se les quite a los estados un solo centavo, iremos a los tribunales", asegura Gregoire.

Toda esta pol¨¦mica est¨¢ en el trasfondo de la decisi¨®n de Clinton de anunciar una nueva demanda contra la industria del tabaco. Esta iniciativa (que tardar¨ªa meses en llevarse a cabo) es sumamente compleja porque muchos expertos legales no consideran que el gobierno central tenga derecho a exigir una indemnizaci¨®n. Para conseguirla la administraci¨®n ha de recurrir a la Ley de Recuperaci¨®n de Gastos M¨¦dicos que permite perseguir el reembolso de las facturas sanitarias si se demuestra negligencia de un colectivo o una industria, como puede ser la del tabaco. Sin embargo para aplicar esa ley debe existir desconocimiento administrativo de los efectos; ser¨¢ dif¨ªcil demostrar el desconocimiento de los efectos del tabaco cuando fue la administraci¨®n central la que oblig¨® a incluir advertencias en las cajetillas.