Una promotora reclama 21.600 millones de pesetas a Orihuela por una frustrada recalificaci¨®n de suelo

La gesti¨®n urban¨ªstica que desarroll¨® el ex consejero Luis Fernando Cartagena cuando fue alcalde de Orihuela puede hipotecar el futuro econ¨®mico del Consistorio. La mercantil Mil Palmeras, una de las promotoras m¨¢s importantes de La Vega Baja, reclama 21.600 millones de pesetas de indemnizaci¨®n al municipio por los perjuicios ocasionados por la fallida recalificaci¨®n de terrenos que a finales de los ochenta promovi¨® Cartagena para permitir que se pudiera edificar sobre un gran sector emplazado en primera l¨ªnea de la costa. El tr¨¢mite fue anulado por el Consell, y luego invalidado tambi¨¦n por el Tribunal Supremo.

El Ayuntamiento de Orihuela aprob¨®, en julio de 1988, el proyecto de delimitaci¨®n de suelo urbano de la zona costera, un plan que convert¨ªa en edificable el espacio m¨¢s codiciado del municipio. Por entonces, el ex consejero Luis Fernando Cartagena presid¨ªa la Corporaci¨®n y el hoy alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, dirig¨ªa la concejal¨ªa de Urbanismo. El 19 de julio de 1988, un d¨ªa antes de que el pleno aprobara la recalificaci¨®n, la promotora Mil Palmeras, SA, titular de buena parte de ese suelo, present¨® en el Ayuntamiento escrituras de cesi¨®n de suelo al Consistorio por el aprovechamiento medio, con un aval bancario del Banco de Santander, la misma entidad en la que Luis Fernando Cartagena formaliz¨®, presuntamente, las cesiones de cr¨¦dito a nombre del empresario ilicitano Francisco Serrano Ibarra. Las fechas en las que el Ayuntamiento comenz¨® a tramitar el proyecto de delimitaci¨®n coinciden con la contrataci¨®n de las cesiones de cr¨¦dito en el Santander. Con el suelo ya recalificado, Mil Palmeras, SA, comenz¨® a urbanizar y a transmitir viviendas a terceros que, seg¨²n la mercantil, fueron inscritas en el registro de la propiedad y dispon¨ªan de c¨¦dula de habitabilidad. Esas edificaciones pagaban, y pagan, impuestos municipales al Ayuntamiento oriolano, pero la Generalitat intervino y anul¨® el acuerdo plenario, dejando sin efecto la recalificaci¨®n del suelo afectado. Dos a?os despu¨¦s, en julio de 1990, Orihuela aprob¨® el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) y calific¨® como urbanizable el suelo que en julio de 1998 hab¨ªa declarado como urbano. Esa modificaci¨®n tuvo su origen en la impugnaci¨®n que la Generalitat valenciana, entonces dirigida por el PSPV, formaliz¨® contra el proyecto de delimitaci¨®n del suelo urbano de la costa. El caso lleg¨® al Tribunal Superior de Justicia valenciano, que resolvi¨®, el 17 de julio de 1992, a favor de la suspensi¨®n. El recurso en casaci¨®n, interpuesto por Mil Palmeras, SA, y otras promotoras afectadas, lo resolvi¨® la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 1997, que dio la raz¨®n al Consell y acab¨® de frustrar la operaci¨®n. Indemnizaci¨®n El pasado 4 de diciembre de 1998, un a?o despu¨¦s del fallo del alto tribunal, Mil Palmeras, SA, present¨® ante el Ayuntamiento una reclamaci¨®n de indemnizaci¨®n patrimonial contra la Corporaci¨®n de Orihuela por importe de 21.600 millones de pesetas. Argumenta la mercantil, representada por Justo Quesada, uno de los mayores promotores de la Vega Baja, que el Consistorio no defendi¨® la calificaci¨®n del suelo que aprob¨® en julio de 1988. La posterior clasificaci¨®n de esos terrenos como suelo urbanizable programado en el PGOU ha originado, seg¨²n Mil Palmeras, SA, que los bloques que edific¨® en primera l¨ªnea de costa no se hayan legalizado hasta la fecha, y se encuentren sujetos a "m¨²ltiples vicisitudes e incidencias de los propietarios de las viviendas". En su reclamaci¨®n administrativa, Mil Palmeras, SA, calcula los da?os y perjuicios emergentes en 4.108 millones de pesetas. Por el lucro cesante -beneficios que no ha podido obtener al no haber desarrollado totalmente su proyecto de construcci¨®n de viviendas- reclama 3.923 millones de pesetas m¨¢s, a los que suma otros 12.383 millones de pesetas por los intereses generados desde la fecha de los da?os. El listado finaliza con los 1.275 millones de pesetas que se piden por da?os y perjuicios morales. Mil Palmeras, SA, ha advertido al alcalde que la reclamaci¨®n administrativa es un paso previo al recurso contencioso-administrativo que tiene previsto formalizar en las pr¨®ximas semanas ante los tribunales de justicia.