La ¨²nica respuesta

El Gobierno est¨¢ reaccionando a las acusaciones de desatenci¨®n m¨¦dica a los inmigrantes ilegales, un problema sanitario y legal que amenazaba con extenderse r¨¢pidamente para esc¨¢ndalo de la sensibilidad democr¨¢tica de la sociedad espa?ola. El compromiso del nuevo ministro de Trabajo de facilitar tarjetas sanitarias a los hijos de inmigrantes sin documentaci¨®n para que puedan ser atendidos de forma continuada en los centros del Insalud es la soluci¨®n que se esperaba para poner fin a los bochornosos casos de rechazo o de atenci¨®n inadecuada a los menores sin papeles. Y de paso, para hacer efectiva la universalizaci¨®n de la atenci¨®n sanitaria, uno de los principales activos que consiguieron los socialistas en su paso por la administraci¨®n. El Ejecutivo y el Insalud han insistido en que se ha atendido escrupulosamente a los menores; pero casos como el del inmigrante Juan Carlos Romero, al que se present¨® una factura m¨¦dica de 156.000 pesetas y fue demandado judicialmente por no poder pagarla -denuncia que felizmente se ha retirado-, demuestran que los centros sanitarios actuaban de forma descoordinada, sin normas inequ¨ªvocas y cometiendo, con intenci¨®n o sin ella, espor¨¢dicos atropellos al derecho de los ni?os a la atenci¨®n gratuita.Que los centros del Insalud faciliten asistencia gratuita a los hijos de inmigrantes con independencia de su situaci¨®n legal no es generosidad. La atenci¨®n sanitaria a los menores est¨¢ garantizada por la Ley de Protecci¨®n del Menor de 1996. Es ilegal pedir una sola peseta por la prestaci¨®n sanitaria en un centro p¨²blico.

El Gobierno, empujado por la irritaci¨®n social que ha producido la desatenci¨®n a los ni?os indocumentados, pretende dar un paso m¨¢s. El ministro de Sanidad, Romay Beccar¨ªa, anunci¨® ayer que se tomar¨¢n las medidas oportunas para que tambi¨¦n los inmigrantes mayores de edad -las estimaciones al uso sit¨²an su n¨²mero entre los 60.000 y los 150.000- dispongan de la documentaci¨®n que les permita recibir la atenci¨®n sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de los espa?oles. Es una respuesta que merece ser apoyada y defendida siempre que, al mismo tiempo, para no caer en la demagogia de pasar de un lado al otro del p¨¦ndulo, el Gobierno calcule con precisi¨®n y comunique a los ciudadanos cu¨¢l es el coste econ¨®mico de esta decisi¨®n y su impacto sobre el Estado de bienestar. Ser¨¢, seguramente, una cantidad asumible. Pero los ciudadanos tambi¨¦n deben saber que la actual propuesta del ministro Romay es una rectificaci¨®n en toda regla de las posiciones que el PP defend¨ªa hasta la semana pasada, mucho m¨¢s restrictivas con los derechos de los inmigrantes, como lo demuestran las enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa y retiradas ahora. Bienvenida sea la marcha atr¨¢s.