Comas ataca de nuevo

JOAN SUBIRATS Seg¨²n datos de hace un par de a?os,el d¨¦ficit de plazas en residencias para personas de m¨¢s de 65 a?os con ingresos inferiores al salario m¨ªnimo y residentes en Barcelona era de m¨¢s de 3.500. Al mismo tiempo, y para los ancianos que se lo puedan permitir, la oferta de residencias y pisos asistidos crece cada d¨ªa. En el estudio de Pep G¨®mez y Jordi Vizca¨ªno de 1996 se constata que de cada 100 plazas ofertadas en residencias geri¨¢tricas en la ciudad, s¨®lo 18 proced¨ªan de centros de titularidad p¨²blica. En las conclusiones del III Congr¨¦s de la Gent Gran de Barcelona se afirma: "Los diferentes servicios, prestaciones, dispositivos de ayuda y atenci¨®n tienen que ser variados y ofrecer un abanico de posibilidades adaptables, no discriminatorias...". Lo que cada d¨ªa est¨¢ m¨¢s en juego no es reducir el problema de la gente mayor con problemas de autonom¨ªa al tradicional binomio familia (mujer)-residencia, sino ofrecer una gama diversificada de servicios y prestaciones que atienda la enorme diversidad de situaciones de salud, de disponibilidades econ¨®micas y de apoyo familiar que se dan en el universo de los ancianos. Y en ese escenario las distintas administraciones tienen ante s¨ª diversas alternativas y responsabilidades. En el confuso panorama de competencias local, ha ido decant¨¢ndose la convenci¨®n de que la atenci¨®n primaria (por ejemplo, atenci¨®n domiciliaria) es cosa de municipios y los servicios especializados (por ejemplo, residencias) corresponden a los gobiernos aut¨®nomos. Los ayuntamientos ceden solares, las autonom¨ªas construyen instalaciones. Con mayor o menor tensi¨®n, la cosa funciona en otros sectores, pero no ocurre lo mismo en el proceloso mundo del Estado de bienestar, versi¨®n Comas, cuando de Barcelona se trata. Hemos vivido suficientes a?os en el universo Comas para sorprendernos de que pocos meses antes de las elecciones asistamos a un nuevo asalto en el tradicional rifirrafe institucional que tiene como testigos de excepci¨®n a las personas mayores, que representan ya cerca del 20% del total de los barceloneses. Molins ha aparecido en escena ofreciendo una r¨¢pida actuaci¨®n si en las elecciones de junio logra asumir la alcald¨ªa. Y los ¨¢nimos se caldean. Las cifras indican que el n¨²mero de plazas de residencia disponibles en la ciudad es manifiestamente mejorable compar¨¢ndolo con los porcentajes de otras ciudades y zonas del pa¨ªs. Como siempre, el gran reto no es iniciar una carrera alocada de promesas en la que parece que s¨®lo est¨¢ en juego la cantidad de ancianos que instalar en geri¨¢tricos. No hay estudio sobre el tema que no indique que las personas mayores prefieren, si la salud se lo permite, mantener su independencia, incorporando aquellos servicios que les complementen sus carencias. En ese espacio, las distintas ofertas del sector informal, del sector mercantil, del sector social y de los poderes p¨²blicos pueden y deben complementarse. Pero est¨¢ claro que existir¨¢ siempre una proporci¨®n de gente mayor que por razones varias s¨®lo tiene como alternativa su incorporaci¨®n a una residencia. Es ah¨ª donde los poderes p¨²blicos han de garantizar que no exista una discriminaci¨®n en el acceso basada exclusivamente en criterios econ¨®micos. Mantener una situaci¨®n de d¨¦ficit permanente y de disputa institucional constante s¨®lo contribuye a consolidar la idea de que la vejez es, cada d¨ªa m¨¢s, una mercanc¨ªa electoralmente apetitosa y socialmente dependiente.