Deuda Viva

En un Estado social y democr¨¢tico de derecho como el nuestro, no es concebible que la sociedad se desentienda de las v¨ªctimas de delitos, especialmente si lo son por atentados terroristas. La sociedad tiene con ellas un compromiso de solidadridad y de gratitud muy singular: han sido el balnco intencionado unas veces y fortuito otras de los terroristas, en su continuado y despiadado acoso al conjunto de la sociedad democr¨¢tica. Su muerte y su dolor han sido el intstrumento del que los terroristas se han valido durante a?os en su intento de chantanjear al Estado, debilitar su voluntad democr¨¢tica y obligarle a aceptar sus objetivos pol¨ªticos al margen de las urnas.Es obligado que, cuando el horror terrorista parece que se diluye , la sociedad haga un acto expreso de reconocimiento a sus conciudadanos v¨ªctimas del terrorismo y asuma el compromiso que tiene contra¨ªdo con ellos. Se trata de personas que han visto truncadas sus vidas p or la utilitzaci¨®n fan¨¢tica de la violencia , muchas de ellas con problemas econ¨®micos, con difultades de reinserci¨®n laboral y necesitadas de atenci¨®n psicosocial. En este contexto hay que situar la propuesta del Gobierno de indemnizar por ley, al margen de la v¨ªa de los tribunales, a todas las v¨ªctimas del terrorismo (supervivientes y familiares); no s¨®lo afectar¨¢ a los cerca de 800 muertos y a los 2.000 heridos ocasioneados por los atentados de ETA, sino a las v¨ªctimas de los GRAPO y de otros grup¨²sculos terroristas activos en la¨¦poca democr¨¢tica.

La iniciativa del Gobierno tiene, pues, un obvio car¨¢cter de reparaci¨®n social. Pero tambi¨¦n pretence resolver el tema de las indemnizaciones judiciales, que, aunque enteramente imputables a los terroristas, ni ¨¦stos han pagado ni el sistema legal ha sido cpaaz de obligarles a hacerlo. Se calcula que s¨®lo las indemnizaciones judiciales fijadas a favoer de las v¨ªctimas de ETA pueden alcanzar la cifra de 100.000 millones de pesetas. A ello hay que sumar las que corresponden al resto de los grupos ya mencionados con anterioridad, y que en algunos casos tambi¨¦n representan una cuant¨ªa muy elevada.

La propuesta del Gobierno no pretende interferir en la actuaci¨®n ordinaria de la justicia, ni constituye un obst¨¢culo al derecho de las v¨ªctimas a seguir reclamando da?os y perjuicios por la v¨ªa penal, ni, desde luego, supone condonaci¨®n alguna de la deuda legal contra¨ªda por quienes tantos da?os morales y materiales han ocasionado con sus cr¨ªmenes. En este sentido, lo procedente es que el Estado se subrogue en el pago de las indemnizaciones establecidas pro v¨ªa judicial, pero que no renuncie a ning¨²n medio legal - requerimiento , embargo, etc¨¦tera- para repercutirlo en sus verdaderos responsables. Aveces se ha dado la impresi¨®nd e que los jueces y el ministerio fiscal no han acutado con la diligencia debida o han sido insensibles frente a los derechos de las v¨ªctimas del terrorismo. No es f¨¢cil, desde luego, hacerles pagar esa reparaci¨®n a los autores cuando se trata de individuos pertenecientes a grupos terroristas, pero se dan casos en los que los culpables est¨¢n fuera de la c¨¢rcel, trabajan o poseen negocios sin que nadie les recuerde que tienend una deuda que saldar - las indemnizaciones fijadas en la sentencia- con las v¨ªctimas supervivientes de su crimen o con los familiares de sus v¨ªctimas.

Esta deuda est¨¢ viva, no puede morir y ning¨²n proceso de paz debe anularla. Podr¨¢n o no los culpables del delito treconocer sus cr¨ªmenes y los verdugos mostrar o no arrpeentimiento ante el sufrimiento infligido a sus v¨ªctimas, pero mal puede recomponerse una sociedad rota por la violencia sin un expreso reconocimiento de la existencia de esa deuda. No deber¨ªa depender de la voluntad de los terroristas librarse del pago de esa abultada factura por da?os y perjuicios debido a sus cr¨ªmenes. S¨®lo las v¨ªctimas podr¨ªan exonerar a sus verdugos de ese pago. Pero la dueda, como tal , es imprescriptible.