El alcalde alega al juez que orden¨® pagos ilegales "por ignorancia"

"Esto hay que pagarlo y punto". Esa fue la respuesta que Jos¨¦ Franco, alcalde de Callosa de Segura (La Vega Baja), del PP, dio a la tesorera del Ayuntamiento, Mar¨ªa Dolores Ram¨®n, cuando ¨¦sta le advirti¨® que los 11 mandamientos de pago firmados por el regidor en mayo de 1995, para saldar facturas pendientes a proveedores municipales, eran ilegales y no pod¨ªan abonarse. As¨ª de rotunda lo declar¨® la funcionaria municipal al tribunal que ayer juzg¨® en la Audiencia de Alicante al alcalde por un presunto delito de prevaricaci¨®n continuada. Franco orden¨® el pago a pesar de que la interventora municipal, Cristina Serrano, advirti¨® que no hab¨ªa consignaci¨®n presupuestaria ni expediente de cr¨¦dito para reconocer ese gasto. Esta funcionaria emiti¨® 11 informes de reparo de legalidad, uno por cada decreto del alcalde, en los que avisaba que no se pod¨ªa pagar. Serrano, hoy alta funcionaria de libre designaci¨®n del PP en la Generalitat, no respondi¨® ayer a varias preguntas claves del fiscal y de la acusaci¨®n particular, ejercida por EU, aduciendo que no se acordaba debido al tiempo transcurrido. El informe del fiscal Miguel Guti¨¦rrez fue demoledor. El alcalde orden¨® pagos, entre otros a tres proveedores que hoy son concejales del PP, "con conocimiento de la ilegalidad que estaba cometiendo", y "excedi¨¦ndose de sus competencias". Seg¨²n su calificaci¨®n definitiva, estos hechos constituyen un delito de prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n a sabiendas de que es injusta), por lo que pidi¨® seis a?os y un d¨ªa de inhabilitaci¨®n para ejercer como alcalde o como concejal. A Guti¨¦rrez le caus¨® "bastante tristeza" la falta de memoria de algunos testigos, en alusi¨®n a Cristina Serrano. Algunos de los pagos ordenados por el alcalde exced¨ªan de las 100.000 pesetas que, como m¨¢ximo, le autorizaban la normativa municipal. A partir de esta cifra, los abonos deb¨ªan aprobarse por la comisi¨®n de gobierno o el pleno. Urgencia Franco declar¨® que firm¨® los mandamientos de pago sin consignaci¨®n presupuestaria "por ignorania y por la urgencia de cobro que ten¨ªan los proveedores". Uno de ellos se refer¨ªa a la reparaci¨®n de un veh¨ªculo policial. "O pagamos o el coche no pod¨ªa salir a la calle", dijo. Preguntado por el fiscal sobre el motivo que le llev¨® a priorizar esos abonos, el alcalde respondi¨® que el Ayuntamiento prioriza los pagos a peque?os proveedores y relega a un segundo lugar el abono de facturas a las grandes empresas. Sin embargo, altos funcionarios citados como testigos declararon que el Ayuntamiento no pag¨® a otros peque?os proveedores cuyo gasto s¨ª dispon¨ªa de partida presupuestaria. La defensa trat¨® de probar que ¨¦sta era una pr¨¢ctica habitual en el Consistorio. El reconocimiento de los pagos se aprob¨® t¨¢citamente en el pleno que en octubre de 1995 dio luz verde a los presupuestos. Sin embargo, el nuevo interventor, Manuel Rodes, admiti¨® en su declaraci¨®n que en abril de 1996 a¨²n no se hab¨ªan subsanado los defectos y ese pago no se hab¨ªa legalizado.