La crisis de los geri¨¢tricos revela la precariedad laboral en la atenci¨®n domiciliaria a ancianos

La guerra de los geri¨¢tricos que enfrenta al Departamento de Bienestar Social con los ayuntamientos, especialmente con el de Barcelona, est¨¢ destapando las precarias condiciones en que trabajan las 10.000 mujeres que prestan atenci¨®n domiciliaria a los ancianos. Con un salario de 87.000 pesetas mensuales de media por jornadas laborales de ocho horas, estas mujeres llevan 20 a?os reivindicando que se regularice su actividad profesional. Su situaci¨®n, aseguran, ha ido empeorando desde 1995, cuando empez¨® a privatizarse la atenci¨®n domiciliaria.

El envejecimiento de la poblaci¨®n les augura un gran futuro, pero en la actualidad su situaci¨®n laboral est¨¢ bajo m¨ªnimos. Los miles de personas que atienden a ancianos a domicilio llevan 20 a?os esperando que se regule su actividad profesional. La piedra con la que han estado tropezando una y otra vez es el traspaso de las competencias de la asistencia a domicilio. El Departamento de Bienestar Social hace tiempo que quer¨ªa transferir su gesti¨®n y financiaci¨®n a los ayuntamientos, pero ¨¦stos se resist¨ªan hasta el a?o pasado a asumir nuevas prestaciones, agobiados como est¨¢n por unos presupuestos que no les alcanzan. Cuando en 1996 la Asociaci¨®n de Trabajadoras Familiares de Catalu?a, que agrupa a un millar de asociadas, logr¨® que sus inquietudes llegaran al Parlament a trav¨¦s de una moci¨®n que fue aprobada por unanimidad, creyeron ver cerca el final del t¨²nel. Sin embargo, tres a?os despu¨¦s su situaci¨®n ha empeorado. Llamaron tambi¨¦n a la puerta del S¨ªndic de Greuges, pero tampoco por esta v¨ªa tuvieron suerte. Hipocres¨ªa La disputa de los geri¨¢tricos que se est¨¢ desarrollando estos d¨ªas les recuerda mucho el estribillo de una canci¨®n que saben de memoria de tanto o¨ªrla a prop¨®sito de la asistencia a domicilio. Culpan a los poderes p¨²blicos de actuar "con fuertes dosis de hipocres¨ªa" en el trato que dispensan a los mayores, seg¨²n afirma la presidenta de la asociaci¨®n, ?ngela Fl¨®rez. Sus afirmaciones se basan en que mientras que los discursos oficiales presentan la atenci¨®n domiciliaria como la mejor alternativa para los ancianos que quieren envejecer en su propio hogar, luego no dudan en meter la tijera en la partida presupuestaria de este servicio. La clientela habitual de estas profesionales la integran, adem¨¢s de los ancianos, ni?os en situaci¨®n de alto riesgo social, personas con minusval¨ªas, familias con problemas de alcoholismo y, cada vez m¨¢s, inmigrantes extranjeros. Para trabajadoras de dilatada experiencia, como Mar¨ªa Ramos, la privatizaci¨®n de la asistencia a domicilio, que desde 1995 el Departamento de Bienestar Social asigna a empresas privadas, supuso un retroceso en sus condiciones laborales. En muchos casos sus salarios sufrieron recortes del 40% por hacer un trabajo id¨¦ntico al que ven¨ªan desarrollando. En la actualidad las mejor pagadas son las profesionales que prestan sus servicios para ayuntamientos de municipios peque?os. Pero el sendero de la privatizaci¨®n cada vez resulta m¨¢s transitado cuando de la asistencia social se trata. Sin ir m¨¢s lejos, afirman que de las 700 trabajadoras familiares que prestan sus servicios en Barcelona muy pocas est¨¢n en plantilla y son contratadas por cualquiera de las tres empresas (Layetana, ABS e IPS) en las que el Ayuntamiento de Barcelona delega esta prestaci¨®n. Seg¨²n estas mujeres, lo que ocurre con los geri¨¢tricos, con un d¨¦ficit de plazas creciente, sucede tambi¨¦n en otros ¨¢mbitos de las prestaciones sociales. Est¨¢n convencidas de que son distintas caras de una misma moneda. Cuando el servicio depend¨ªa del Instituto Catal¨¢n de Asistencia y Servicios Sociales, el cupo de beneficiarios estaba congelado y no se aceptaban casos nuevos. Ahora, una vez que los ayuntamientos han asumido la atenci¨®n a domicilio de acuerdo con la ley catalana de 20 de abril de 1998, ocurre lo mismo. La explicaci¨®n que ellas dan es que los recursos que destinan a los colectivos con m¨¢s carencias son menos rentables pol¨ªticamente hablando que los invertidos en otras cuestiones que est¨¢n m¨¢s a la vista de todos. Con los salarios que perciben, de 87.000 pesetas mensuales de media por jornadas laborales de ocho horas, el descontento entre las profesionales crece. Ellas, que son el brazo m¨¢s cercano al usuario, est¨¢n convencidas de que la atenci¨®n que se dispensa a personas con graves carencias es a todas luces insuficiente. Ejemplos no les faltan: "Si una anciana que est¨¢ imposibilitada en una cama recibe la ayuda de una trabajadora familiar una o dos horas al d¨ªa, ?c¨®mo se las arregla las 22 horas restantes?", se pregunta Ramos.