Mala sangre

POR VEZ primera en medio siglo, un ex primer ministro y otros dos antiguos ministros franceses se sientan en el banquillo acusados de un delito de negligencia criminal en el ejercicio de sus funciones: permitir que se utilizara en 1985 sangre no sometida a los an¨¢lisis espec¨ªficos del virus del sida. El juicio, tras seis a?os de procedimiento y el encarcelamiento de cuatro funcionarios de rango medio, est¨¢ cargado de alta tensi¨®n en un pa¨ªs en el que s¨®lo muy recientemente la justicia se ha ido librando de su sometimiento al poder pol¨ªtico. En este sentido, la naturaleza y composici¨®n del Tribunal de Justicia de la Rep¨²blica, llamado a trazar una clara divisoria entre errores bienintencionados de servidores p¨²blicos y abiertos delitos, no es especialmente alentadora. La alambicada instancia pol¨ªtico-judicial inventada para un acontecimiento que ser¨¢ su bautismo de fuego est¨¢ integrada por 12 parlamentarios voluntarios y tres jueces. Los datos del proceso de la sangre contaminada son bien conocidos desde 1992. Al actual presidente de la Asamblea Nacional y ex primer ministro socialista, Laurent Fabius (la jovenc¨ªsima estrella ascendente del mitterrandismo, todav¨ªa con aspiraciones presidenciales), y a dos de sus ministros -Georgina Dufoix, Asuntos Sociales, y Edmond Herv¨¦, Sanidad- se les acusa de homicidio involuntario. M¨¢s de 4.000 personas resultaron infectadas por el virus del sida y el 40% de ellas ha muerto. La tragedia del caso, y el origen de la c¨®lera de sus deudos, es que muchas de esas muertes pod¨ªan haber sido evitadas, porque ese a?o un laboratorio estadounidense, Abbot, hab¨ªa puesto a punto un sistema para detectar sangre contaminada, y ya en febrero hab¨ªa solicitado su comercializaci¨®n en Francia. En lugar de aprobar la venta de la prueba, el Gobierno franc¨¦s esper¨® varios meses, hasta que el Instituto Pasteur desarroll¨® un producto similar. A los tres pol¨ªticos juzgados se les achaca haber retrasado deliberadamente la aprobaci¨®n del reactivo estadounidense para preservar a la compa?¨ªa nacional de los efectos de la competencia.

El inter¨¦s del juicio en curso rebasa con creces sus circunstancias y ¨¢mbito espec¨ªficos. Por un lado ilustra la dificultad de repartir responsabilidades cuando el progreso cient¨ªfico entra en colisi¨®n con la retardataria Administraci¨®n p¨²blica (sangre contaminada se usaba tambi¨¦n por entonces en Alemania, Reino Unido o Jap¨®n, en unos a?os en que las pruebas sobre el sida no eran del todo fiables). De otro, m¨¢s importante, ensancha un debate sobre responsabilidad pol¨ªtica y culpabilidad personal, acerca de si los servidores p¨²blicos deben ser responsabilizados criminalmente de sus errores supuestamente bienintencionados.

Al margen de su desenlace, el proceso, que ha suscitado la viva emoci¨®n de los franceses, quiz¨¢ sirva para que los pol¨ªticos del pa¨ªs vecino, pero obviamente no s¨®lo ellos, piensen dos veces antes de anteponer intereses privados o discutiblemente nacionales a los evidentemente p¨²blicos. Un conflicto que en el simb¨®lico caso que se juzga en Par¨ªs se sald¨® al irreparable precio de varios centenares de vidas.