El Reino Unido quiere recluir a todos los perturbados peligrosos

El ministerio brit¨¢nico del Interior desat¨® ayer las iras de los grupos en defensa de las libertades civiles al proponer el internamiento, con car¨¢cter indefinido si es preciso, de los perturbados mentales socialmente peligrosos, aunque no haya mediado delito alguno. La medida fue presentada como una forma de protecci¨®n frente a cualquiera que presente alteraciones graves de la personalidad, como los pederastas.

La pol¨¦mica medida puede ser firme a finales del a?o en curso. Jack Straw, titular de Interior, no est¨¢ dispuesto a ser de nuevo blanco de las iras de comunidades enteras que le acusan de no hacer nada con los pederastas o bien los enfermos mentales tratados en r¨¦gimen ambulatorio y que acaban delinquiendo.Dos casos prominentes han sido invocados para justificar el nuevo proyecto. En el primero, Michael Stone, calificado de intratable por los psiquiatras y que viv¨ªa solo, mat¨® a martillazos a una madre y a su hija en un sendero rural. La peregrinaci¨®n en busca de acomodo de Robert Oliver, pederasta convicto, es el otro. Rechazado en todos los rincones del pa¨ªs cuando sali¨® en libertad, segu¨ªa representando un peligro para los menores pero no pod¨ªa ser encerrado de nuevo. "La sociedad no debe depender de la loter¨ªa de gentes as¨ª, que cumplen una condena pero siguen sin estar curadas", afirm¨® contundente el ministro en la C¨¢mara de los Comunes.

Sus se?or¨ªas asintieron mientras Straw hablaba de los delitos que pretend¨ªa evitar a partir de ahora. Las cosas cambiaron al asegurar que las nuevas normas ser¨¢n aplicables a enfermos mentales que no hayan delinquido jam¨¢s. Si un psiquiatra considera que su desorden emocional no puede ser tratado en una instituci¨®n cl¨¢sica, pero su conducta constituye un peligro, los jueces podr¨¢n dictar una resoluci¨®n ordenando su internamiento en centros especializados todav¨ªa por crear. En este caso, tanto los familiares como los vecinos o conocidos bastan para poner en conocimiento de la polic¨ªa sus temores.

Para el Colegio de Abogados, el gobierno ha ido esta vez demasiado lejos. "La l¨ªnea divisoria entre los verdaderos enfermos cr¨®nicos y los que tienen otros disturbios mentales es a veces muy delgada. Trazarla no ser¨¢ nada f¨¢cil", han se?alado con preocupaci¨®n sus portavoces. Las agrupaciones brit¨¢nicas en defensa de las libertades civiles han sido, por el contrario, tajantes. Liberty, una de las m¨¢s activas, ha calificado de "castigo por un delito a¨²n no cometido" los planes de internamiento de Interior. De momento al menos, el gobierno laborista cuenta con el apoyo de la oposici¨®n conservadora.

El internamiento de los incapaces mentales que no puedan decidirlo por s¨ª mismos es una medida contemplada tambi¨¦n en el vigente C¨®digo Civil espa?ol. Con el diagn¨®stico m¨¦dico en su poder, los tribunales pueden ordenar el traslado a un establecimiento adecuado. En ning¨²n momento se quebrantan los derechos de la persona por estar facultado el juez para hacerlo. La decisi¨®n es revisada por la misma autoridad, que est¨¢ obligada a hacerlo cada seis meses.

Al venir precedido de delitos de sangre, el proyecto gubernamental brit¨¢nico tiene en apariencia un car¨¢cter m¨¢s policial o coercitivo. De ah¨ª que la decisi¨®n definitiva no vaya a tomarse hasta finales de a?o.