SUSANA MART?NEZ LETRADA DE LA COMISI?N DE MALOS TRATOS "Se necesita m¨¢s apoyo psicol¨®gico a las v¨ªctimas de malos tratos"

El problema de la violencia dom¨¦stica es una responsabilidad "social, no privada como se ha venido considerando hasta ahora". Susana Mart¨ªnez (Madrid, 31 a?os), abogada de la comisi¨®n estatal sobre malos tratos a mujeres, considera que la coordinaci¨®n de todos los agentes sociales implicados es la piedra angular en la que se debe basar su soluci¨®n. Ayer ofreci¨® una conferencia en la Escuela de Trabajo Social de Vitoria, en la que subray¨® la vertiente jur¨ªdica del problema: "Las reformas legales son importantes, pero lo es m¨¢s su aplicaci¨®n", indica. Pregunta. ?Se ha actualizado lo suficiente la legislaci¨®n referente a los malos tratos? Respuesta. Hay dos ¨¢mbitos en los que tiene incidencia este problema: el penal y el civil. Normalmente, siempre pensamos en la v¨ªa penal. Sin embargo, no solucionamos nada si no arbitramos unas pautas civiles cuando un se?or tiene una pena de multa o unos arrestos de fin de semana. Se tienen que tomar medidas sobre la organizaci¨®n de su domicilio y la situaci¨®n de sus hijos para evitar que se repita esa conducta. P. Uno de los caballos de batalla legales es la reiteraci¨®n de una falta que no llega a ser delito. R. Hay una interpretaci¨®n jurisprudencial que entiende que si ya se ha penalizado con una falta ese hecho, sancionarlo como delito incurre en la repetici¨®n de la sanci¨®n. Nosotros entendemos que no se da porque con el delito de maltrato habitual no estamos condenando el hecho aislado, sino el ejercicio continuado de la violencia. P. ?Qu¨¦ deficiencias existen a¨²n en la lucha contra la violencia dom¨¦stica? R. Hay un campo que se tiene poco en cuenta: el terreno psicol¨®gico. En nuestra comisi¨®n atendemos a las mujeres maltratadas desde el punto de vista legal, pero a veces me siento impotente ante la necesidad de apoyo psicol¨®gico que existe. Este respaldo no debe llegar s¨®lo desde la Administraci¨®n, sino desde su propia familia o vecinos. Muchas veces, teniendo familiares cercanos, las afectadas deben irse a un piso de acogida. P. Diversos colectivos han criticado reiteradamente la existencia de penas contraproducentes para las v¨ªctimas. R. Con el C¨®digo Penal de 1995 se desterr¨® el arresto domiciliario del agresor, una pr¨¢ctica lesiva contra la afectada, por arrestos de fin de semana. Sin embargo, muchas veces se impone una pena de multa y, como a menudo nos encontramos con matrimonios que funcionan en r¨¦gimen de gananciales, ese dinero lo paga el patrimonio familiar, no s¨®lo el acusado. De esa manera, la v¨ªctima paga las consecuencias de la agresi¨®n que ha sufrido. Esta situaci¨®n s¨ª que la consideramos criticable. P. ?Existe suficiente sensibilidad en el ¨¢mbito judicial sobre esta realidad? R. Pretendemos que cambie y tal vez algo se est¨¢ consiguiendo, pero todav¨ªa falta much¨ªsimo. Esto se puede ver todos los d¨ªas en el juzgado, tanto por la actuaci¨®n de los profesionales de la abogac¨ªa como de los propios jueces y fiscales. En la comisi¨®n estatal hicimos un muestreo de sentencias y un n¨²mero importante de ellas dejaba mucho que desear. El problema otras veces est¨¢ en la prueba, ya que es muy dif¨ªcil definir la existencia de malos tratos en el ¨¢mbito familiar cuando no hay testigos o marcas. Pienso que si existen unos m¨ªnimos indicios hay que seguir la causa, tom¨¢rselo mucho m¨¢s en serio y no archivarlo al primer momento o imponer unas sanciones m¨ªnimas. P. ?Comparte las reformas a las que se ha sometido el C¨®digo Penal? R. Estas reformas ser¨ªan suficientes, pese a ser mejorables, pero creo que en muchos casos el problema se centra en su aplicaci¨®n. Las cosas ser¨ªan distintas si se aplicara la ley con mayor rigor. P. ?Qu¨¦ datos maneja sobre las denuncias de malos tratos? R. El a?o pasado fueron unas 17.000 en toda Espa?a, lo que representa un crecimiento moderado. Este dato no significa que crezcan los malos tratos, sino que la gente se atreve m¨¢s a denunciarlo, aunque a¨²n muchas mujeres sienten verg¨¹enza de hacerlo. Tambi¨¦n hay que romper el t¨®pico de que se trate de personas de clase social baja, ya que a nosotros s¨®lo nos llega esa informaci¨®n. Las afectadas de m¨¢s poder adquisitivo llevan el asunto a un despacho de abogados que trata el tema con mayor discreci¨®n.