Jura constitucional

?TIENE SENTIDO que, a estas alturas, juren o prometan fidelidad al Rey y a la Constituci¨®n los mandos militares que no han hecho tal juramento o promesa por haber ingresado en las academias antes de 1981, fecha en que se estableci¨® la f¨®rmula del juramento constitucional que sustituy¨® a la instituida por Franco en septiembre de 1936? Desde el punto de vista pr¨¢ctico, la cuesti¨®n parece absurda: la ausencia de ese juramento en estos a?os no ha hecho a esos militares menos leales a las autoridades civiles ni menos fieles a sus superiores. Pero se trata de una cuesti¨®n de principio que, como tal, es dif¨ªcilmente objetable y que si se plantea ahora es por la dificultad de resolverla en su momento, precisamente por las tensiones vividas en los cuarteles antes y despu¨¦s de la intentona golpista del 23-F. Pero la cuesti¨®n afecta igualmente a los miembros de la judicatura, la c¨¢tedra u otros altos cuerpos del Estado que accedieron al cargo antes de que se estableciera la f¨®rmula de la promesa o juramento constitucional.El PSOE, IU y CiU creen que la ocasi¨®n de superar esa anomal¨ªa viene de la mano de la nueva Ley del R¨¦gimen del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobada el jueves en el Congreso, que consagra el Ej¨¦rcito profesional a partir del a?o 2002. Para esas fuerzas pol¨ªticas no es l¨®gico que los actuales tenientes coroneles, coroneles y generales -es decir, los mandos que accedieron a la condici¨®n militar antes del 24 de diciembre de 1980, fecha en que entr¨® en vigor el juramento constitucional- sigan vinculados a las Fuerzas Armadas, a las que el art¨ªculo octavo de la Constituci¨®n encomienda, entre otras tareas, la defensa del "orden constitucional", mediante un juramento establecido en plena guerra civil.

Poco hay que decir sobre el sentido democr¨¢tico y constitucional de la iniciativa. No se trata de poner en duda la convicci¨®n democr¨¢tica de esos militares ni su lealtad al Rey y a la Constituci¨®n. Tampoco de ignorar el valor derrochado por muchos de ellos en misiones tan arriesgadas como la de Bosnia. Pero hay una cierta contradicci¨®n en el hecho de que unas Fuerzas Armadas que juran fidelidad a la Constituci¨®n sean dirigidas por unos mandos que no lo han hecho. La incongruencia de la situaci¨®n no puede escapar, como es l¨®gico, a sus protagonistas, pero ser¨ªa absurdo que su soluci¨®n diera pie a la controversia. Sobre este punto, las fuerzas pol¨ªticas que est¨¢n detr¨¢s de la iniciativa se han mostrado flexibles. En la pr¨¢ctica dejan en manos del Ministerio de Defensa la forma de resolver el asunto. Lo que cabe pedir es que de aqu¨ª al a?o 2002 no quede ning¨²n jefe militar que no haya jurado o prometido "guardar y hacer guardar la Constituci¨®n como norma fundamental del Estado, as¨ª como obedecer y respetar al Rey", seg¨²n reza la f¨®rmula de juramento de la nueva Ley del Personal de las Fuerzas Armadas.