Daewoo como ejemplo

LAS REACCIONES pol¨ªticas en el Pa¨ªs Vasco se han desatado de forma casi un¨¢nime en contra de la decisi¨®n de la Comisi¨®n Europea de declarar ilegales una parte importante de las ayudas p¨²blicas concedidas por las instituciones vascas a la f¨¢brica de frigor¨ªficos que la multinacional coreana Daewoo construye en Vitoria. El dictamen de la Comisi¨®n, que ser¨¢ recurrido por las autoridades vascas, se fundamenta en que dichas ayudas p¨²blicas atentan contra la libre competencia. La inversi¨®n de Daewoo es de 11.800 millones de pesetas y las aportaciones p¨²blicas sumaban hasta ahora unos 3.000 millones. La Comisi¨®n exige a Daewoo la devoluci¨®n de unos 660 millones. La inquietud y el nerviosismo de las autoridades pol¨ªticas del Pa¨ªs Vasco no obedece tanto al rev¨¦s econ¨®mico de la decisi¨®n, sino a la posibilidad de que Bruselas est¨¦ cuestionando la capacidad normativa vasca a trav¨¦s del rechazo de las subvenciones.El problema es complejo y no es conveniente debatirlo en el clima de crispaci¨®n y revuelo que la noticia ha provocado en Vitoria. El Ejecutivo comunitario afirma expl¨ªcitamente que la declaraci¨®n de las ayudas como contrarias a la competencia "en modo alguno cuestiona la capacidad normativa de las diputaciones forales en materia fiscal". Es una aclaraci¨®n importante, pero el contenido de la declaraci¨®n de ilegalidad parece desmentirla parcialmente, porque entre las ayudas proscritas figuran las ventajas conferidas en forma de cr¨¦ditos fiscales equivalentes al 45% de la inversi¨®n, las ayudas derivadas de las conocidas como vacaciones fiscales aprobadas por la Diputaci¨®n de ?lava y las subvenciones directas concedidas en virtud del programa Ekimen, que, a juicio de la Comisi¨®n, han sido excedidas en cinco puntos.

Las posibles contradicciones s¨®lo se resolver¨¢n totalmente cuando se conozca el dictamen del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que ha sido consultado por el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco sobre la capacidad del Gobierno aut¨®nomo para decidir incentivos fiscales en su territorio. Entonces podr¨¢ analizarse la articulaci¨®n de las haciendas auton¨®micas en un mercado ¨²nico y abierto. Adelantarse a esta resoluci¨®n, que debe establecer si un incentivo fiscal que se aplica s¨®lo en parte del territorio de un Estado miembro es una ayuda estatal que afecta a la libre competencia, y dejarse llevar por nerviosas y altisonantes declaraciones de autonom¨ªa, no resolver¨¢ el conflicto ni disminuir¨¢ el impacto pol¨ªtico del rechazo comunitario.

Al margen de los temores sobre el concierto, la resoluci¨®n de Van Miert tiene consecuencias relevantes, por el efecto negativo que puede tener en otras inversiones. Si no prosperan los recursos, Daewoo deber¨ªa renunciar a unos 5.000 millones en ayudas a¨²n no recibidas y podr¨ªa reconsiderar la construcci¨®n de la planta de Vitoria. El caso Daewoo tiene una moraleja: las subastas de ventajas fiscales para atraer empresas no pueden obviar las reglas establecidas por la UE en defensa de la competencia. Esto vale para los Estados y tambi¨¦n para las comunidades aut¨®nomas.