10 A?OS DEL PLAN CONCERTADO La financiaci¨®n del Sistema P¨²blico de Servicios Sociales

El cumplimiento de los 10 a?os del Plan Concertado de los Servicios Sociales Comunitarios y de las prestaciones b¨¢sicas que estos servicios garantizan en todo el Estado ha originado en Andaluc¨ªa un intenso esfuerzo de reflexi¨®n sobre la importancia y el alcance de este instrumento. Las jornadas celebradas el pasado mes de noviembre en Guadix (Granada) han supuesto el colof¨®n a este proceso de debate promovido por la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales durante todo el a?o y en el que han tenido un destacado papel las corporaciones locales y los profesionales de los servicios sociales. Sus conclusiones, recogidas en forma de manifiesto, plantean la necesidad de renovar y ampliar el esfuerzo realizado en el terreno de los Servicios Sociales Comunitarios como parte fundamental de una nueva etapa de consolidaci¨®n de este sistema p¨²blico. Las conclusiones de Guadix recogen como una de las principales necesidades la de completar el actual marco legal acerca de los derechos sociales que garantice en todo el Estado el conjunto de prestaciones b¨¢sicas concertadas de servicios sociales, las rentas m¨ªnimas y las prestaciones socio-sanitarias, socio-laborales y socio-educativas orientadas a prevenir y superar cualquier forma de exclusi¨®n social. Esta ley ha de garantizar su financiaci¨®n a trav¨¦s de mecanismos estables que aseguren el necesario equilibrio territorial y se fundamenten en criterios de nivelaci¨®n de servicios. Desde el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa se ha reivindicado la necesidad de esta Ley General de Derechos Sociales, preocupaci¨®n compartida por el PSOE. Se ha visto tambi¨¦n con preocupaci¨®n la falta de iniciativa del Gobierno de la naci¨®n y del PP para aprovechar la favorable coyuntura econ¨®mica en beneficio de los ciudadanos m¨¢s necesitados, as¨ª como las actitudes inmovilistas cuando no beligerantes que adoptan ante iniciativas de mejora de las pensiones m¨¢s bajas, de defensa del modelo y de las prestaciones del sistema p¨²blico de salud o el estudio de nuevos tratamientos para drogodependientes en los que las soluciones existentes se han mostrado inadecuadas, por mencionar s¨®lo algunos de los ejemplos m¨¢s recientes. Estas actitudes son incoherentes no s¨®lo con las adoptadas por la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea (UE), donde la lucha contra la pobreza y la exclusi¨®n, que el manifiesto de Guadix reivindica, ha sido convertida en objetivo prioritario de los respectivos gobiernos nacionales (Ley de Exclusi¨®n francesa o el Nuevo Contrato Social brit¨¢nico, por ejemplo), sino por el propio discurso que el Gobierno espa?ol deber¨ªa mantener si quiere defender la existencia de los Fondos de Cohesi¨®n, sobre todo ahora que sus actuales responsables parecen haber comprendido que no se trata de pedir limosnas sino de construir una Europa solidaria y socialmente cohesionada. En este sentido, es igualmente preocupante que, mientras el gasto p¨²blico en materia social ha mantenido un ritmo ascendente en los pa¨ªses de la UE (en 1970 era el 19% del PIB, en 1990 el 25% y en 1998 el 28,5%), en Espa?a la tendencia parece ser la contraria, ya que si en 1995 y 1996 se destin¨® el 23% del PIB a gasto social, las partidas aprobadas por el Parlamento para 1999 en este mismo apartado suponen s¨®lo un 20,7% del PIB, lo que significa que, proporcionalmente, tenemos dos billones de pesetas menos para pol¨ªticas sociales. Esta reducci¨®n del esfuerzo en gasto social supone una dificultad adicional para resolver los retos de consolidaci¨®n de los Servicios Sociales Comunitarios que las jornadas de Guadix se?alan entre sus conclusiones. Estos retos aluden, entre otros, a la ampliaci¨®n y actualizaciones de la Red P¨²blica de los Servicios Sociales, a un nuevo plan de dotaci¨®n de recursos materiales y humanos que debe acompa?arlo, al desarrollo de los sistemas de gesti¨®n e informaci¨®n, a la mejora de la integraci¨®n y racionalizaci¨®n de los servicios y a todo un conjunto de actuaciones que la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales asume como propios para un nuevo Plan Concertado que refuerce el impulso y culmine el proceso iniciado en 1998. La demanda de los m¨¢s de 400 profesionales, especialistas y responsables administrativos y pol¨ªticos congregados en Guadix sintoniza con la opini¨®n del 69,3% de los andaluces que, seg¨²n la reciente encuesta del IESA-Andaluc¨ªa sobre Calidad de Vida, se muestran de acuerdo con que el Gobierno dedique m¨¢s dinero a ayudas y servicios a los m¨¢s necesitados, aunque ello suponga incrementar los impuestos. Frente a ellos, s¨®lo el 13,1% de los andaluces se alinean con la posici¨®n neoliberal que el Gobierno popular parece preconizar con la rebaja de los impuestos, aunque ello ponga en peligro la viabilidad de nuestros sistemas de protecci¨®n. Este amplio consenso social sobre la necesidad de defender y mejorar nuestro todav¨ªa joven Estado de Bienestar deber¨ªa hacer reflexionar a los responsables municipales de las grandes ciudades donde, seg¨²n todos los datos, se han venido concentrando en los ¨²ltimos a?os los problemas m¨¢s acuciantes de pobreza y exclusi¨®n. Desde el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa seguiremos apostando por avanzar en el proceso de municipalizaci¨®n de las pol¨ªticas de bienestar social y de los servicios sociales que, hay que recordar, se inici¨® con los primeros ayuntamientos progresistas. Pero no tendr¨ªa sentido que este proceso de descentralizaci¨®n se tradujera en una rebaja de los niveles de protecci¨®n p¨²blica alcanzados, como parecen pretender quienes piden aqu¨ª una porci¨®n m¨¢s grande sin comprometerse a defender fuera el tama?o de la tarta. Por seguir con el s¨ªmil: exigir m¨¢s recursos a la Junta y olvidarse de la deuda hist¨®rica, de los problemas del injusto modelo de financiaci¨®n auton¨®mica o del reconocimiento del censo real de poblaci¨®n es algo que, con todas las guindas que vengan a ponerle los ministros durante los fines de semana, no puede calificarse m¨¢s que de simple pasteleo electoralista. Va siendo hora de mayor coherencia y mayor compromiso. Los socialistas, desde nuestra acci¨®n de gobierno, seguiremos liderando el proceso de consolidaci¨®n del Sistema P¨²blico de Servicios Sociales que ha servido para superar la tradici¨®n de beneficencia y asistencialismo que hab¨ªa caracterizado al anterior Estado social autoritario. En las dos ¨²ltimas d¨¦cadas hemos protagonizado la creaci¨®n de una red de centros de Servicios Sociales Comunitarios que garantizan un conjunto de prestaciones b¨¢sicas en las que se incluyen la informaci¨®n, valoraci¨®n y orientaci¨®n a todos los ciudadanos, los servicios de ayuda a domicilio para personas mayores, discapacitados y familias con menores en situaci¨®n de riesgo social, los programas de convivencia y reinserci¨®n para colectivos con necesidades y situaciones especiales, la cooperaci¨®n para el desarrollo comunitario y los albergues y ayudas econ¨®micas para personas sin hogar y situaciones de emergencia social. Asimismo, se han desarrollado toda una serie de servicios especializados orientados a atender a grupos sociales con necesidades espec¨ªficas (infancia, mujer, juventud, mayores...) o colectivos con necesidades especiales (como personas con discapacidades, drogodependientes, migrantes y minor¨ªas ¨¦tnicas, entre otros) mediante l¨ªneas de actuaciones que definen una estrategia de intervenci¨®n que contempla la promoci¨®n, prevenci¨®n, atenci¨®n, integraci¨®n y reinserci¨®n social como v¨ªa de superar el mero asistencialismo. La relevancia de este Sistema P¨²blico de Servicios Sociales viene avalada por los m¨¢s de tres millones de usuarios que atiende cada a?o. Ciudadanos a los que el Estado debe seguir garantizando el derecho a unas prestaciones b¨¢sicas mediante la renovaci¨®n y mejora del Plan Concertado.

Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a es consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andaluc¨ªa. [PI] Suscriben este art¨ªculo: Matilde Fern¨¢ndez, Cristina Alberdi, Patrocinio de las Heras, Tom¨¢s Fern¨¢ndez, Jos¨¦ Nieto y Rafael Rodr¨ªguez Mej¨ªas.