Expedientado el Consell por el uso de datos para la fiesta de los jubilados. Bienestar Social dio 800.000 datos de jubilados a la empresa privada que envi¨® las invitaciones

Cuatro meses despu¨¦s de su celebraci¨®n, la Gran Fiesta de la Tercera Edad, aquella que congreg¨® en el campo del Mestalla a 40.000 de los m¨¢s de medio mill¨®n de jubilados invitados por el Consell para homenajearlos, ha acabado por convertirse en un quebradero de cabeza para el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La Agencia de Protecci¨®n de Datos ha decidido abrir un expediente a la Consejer¨ªa de Bienestar Social por el uso de bases de datos no declaradas o de dudosa procedencia, lo que supone una infracci¨®n grave de la ley.

La Agencia de Protecci¨®n de Datos, un organismo creado a ra¨ªz de la ley org¨¢nica 5/1992 de Regulaci¨®n de Tratamiento Automatizado de los Datos de Car¨¢cter Personal, vela desde aquella fecha por que se cumpla el mandato legal de "limitar el uso de la inform¨¢tica y otras t¨¦cnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de car¨¢cter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas f¨ªsicas y el pleno ejercicio de sus derechos". Tras investigar sendas denuncias presentadas por el PSPV y por Nova Esquerra a ra¨ªz del env¨ªo de 558.454 cartas a personas de la tercera edad firmadas por el propio Zaplana, y tras hacer una inspecci¨®n en los sistemas inform¨¢ticos de la consejer¨ªa, la Agencia ha estimado que los hechos expuestos pueden suponer una falta grave, infracci¨®n para la que el r¨¦gimen sancionador establece multas de entre 10 y 50 millones de pesetas. Para los socialistas y para NE, ser¨¢ finalmente la consejera Marcela Mir¨® quien pague los platos rotos de la fiesta del Mestalla. Sin embargo, estiman que el acto, calificado por ambas formaciones de meramente electoralista, fue organizado, encabezado y rentabilizado por Zaplana. El acuerdo de inicio del procedimiento de infracci¨®n elaborado por la Agencia de Protecci¨®n de Datos revela, adem¨¢s de que se pudo incurrir en un uso incorrecto de archivos inform¨¢ticos (por usar bases de datos no registradas en este organismo estatal), que la consejer¨ªa no ha proporcionado los datos solicitados durante meses, lo que origin¨® una inspecci¨®n de los expertos inform¨¢ticos de la agencia. Y en este registro se constat¨® que la consejer¨ªa facilit¨® a una empresa privada, Meydis, SA, 800.000 registros sobre jubilados de la Comunidad. La investigaci¨®n oficial se abri¨® a ra¨ªz de dos denuncias presentadas por Nuria Esp¨ª, secretaria de Servicios Sociales del PSPV, y por Pedro Zamora, diputado de Nova Esquerra. En ambas se alertaba al director de la agencia, Juan Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez, de una posible violaci¨®n de la intimidad personal porque, supon¨ªan, ning¨²n registro de la consejer¨ªa pod¨ªa tener datos personales de tantos jubilados. Seg¨²n su teor¨ªa, vuelta a exponer ayer por ambos pol¨ªticos, s¨®lo los listados del Instituto Nacional de la Seguridad Social podr¨ªan contener las referencias sobre el nombre, edad y la direcci¨®n de los ancianos. Este supuesto, no desmostrado, tambi¨¦n infringir¨ªa la ley, que impide el intercambio de ficheros confidenciales entre administraciones con distintas competencias. La Agencia pidi¨® informaci¨®n a la consejer¨ªa hasta cuatro veces durante dos meses. Infructuosamente. No hubo contestaci¨®n, y cuando la hubo tampoco sirvi¨® de mucho. La duda no se aclar¨® tras la respuesta enviada por fax por el secretario de la consejer¨ªa. En ella, Eduardo Ovejero Adelantado, tambi¨¦n alto cargo org¨¢nico del PP, aseguraba que para enviar las 560.000 invitaciones se us¨® "la base de datos propia que la Consejer¨ªa de Bienestar Social posee, por las competencias que tiene asumidas". En su resoluci¨®n, la Agencia se?ala en este punto que "dado lo sucinto de la informaci¨®n remitida [por Ovejero] y la necesidad de comprobar el car¨¢cter y volumen de los datos incluidos en las bases propias de la consejer¨ªa, result¨® preciso realizar una actuaci¨®n inspectora". Ficheros insuficientes La inspecci¨®n se hizo el pasado 22 de febrero. En ella, los inform¨¢ticos comprobaron que los ¨²nicos ficheros existentes sobre personas mayores de 65 a?os son los denominados Pensiones no contributivas, Centros base (sobre minusv¨¢lidos), Bonos residencia (sobre los solicitantes de ayudas para estos centros), Fondo Asistencia Social, FAS (ayudas a personas sin recursos), Amas de casas (ayuda para mujeres, no ancianas, que cuidan de ancianos) y Termalismo (para estancias en balnearios). Al parecer, ninguno de estos ficheros contiene datos suficientes para enviar medio mill¨®n de invitaciones. Los inspectores hallaron, adem¨¢s, "un n¨²mero indeterminado de disquetes que obraban en la subsecretar¨ªa de Bienestar Social de los cuales el subsecretario no puede precisar su origen ni su contenido". Sin embargo, la Agencia s¨ª ha constatado que para enviar las invitaciones se contrat¨® a Meydis y se le facilitaron 800.000 registros de jubilados para su depuraci¨®n. Una vez analizados, la empresa devolvi¨® un fichero con 558.454 registros a la consejer¨ªa.