Expediente a la Generalitat valenciana por uso indebido de datos

La Agencia de Protecci¨®n de Datos ha decidido abrir un expediente a la Consejer¨ªa de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana por el uso de bases de datos no declaradas o de dudosa procedencia, lo que supone una infracci¨®n grave de la ley, en la multitudinaria convocatoria para una fiesta para jubilados.Cuatro meses despu¨¦s de la celebraci¨®n de la Gran Fiesta de la Tercera Edad, un acto que congreg¨® en el campo de f¨²tbol del Mestalla a 40.000 del medio mill¨®n de ancianos invitados por el Consell para homenajearlos, ha acabado por convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana.

Tras investigar sendas denuncias presentadas por el PSOE-PSPV y por Nova Esquerra a ra¨ªz del env¨ªo de 558.454 cartas de invitaci¨®n cursadas por el propio Zaplana, y tras hacer una inspecci¨®n en los sistemas inform¨¢ticos de la consejer¨ªa, la Agencia ha estimado que los hechos expuestos pueden suponer una falta grave. Una infracci¨®n para la que el r¨¦gimen sancionador establece multas de entre 10 y 50 millones de pesetas.

Para los socialistas y para NE, ser¨¢ finalmente la consejera Marcela Mir¨® quien pague los platos rotos de la fiesta del Mestalla. Y en esa l¨ªnea han solicitado su inmediata dimisi¨®n. Sin embargo, creen que el acto, calificado por ambas formaciones de meramente electoralista, fue organizado, encabezado y rentabilizado pol¨ªticamente por Zaplana.

800.000 registros

El acuerdo de inicio del procedimiento de infracci¨®n elaborado por la Agencia de Protecci¨®n de Datos revela, adem¨¢s, que la consejer¨ªa eludi¨® proporcionar la informaci¨®n solicitada durante meses, lo que origin¨® una inspecci¨®n de sus expertos inform¨¢ticos. Y en este registro se constat¨® que la consejer¨ªa facilit¨® a una empresa privada, Meydis, SA, 800.000 registros sobre ancianos.La Agencia pidi¨® informaci¨®n, infructuosamente, a la consejer¨ªa hasta cuatro veces en dos meses. Finalmente, en la respuesta se aseguraba que para enviar las 560.000 invitaciones se us¨® "la base de datos propia que la Consejer¨ªa de Bienestar Social posee, por las competencias que tiene asumidas", versi¨®n reiterada ayer por este departamento.

En el registro se hallaron ficheros que dif¨ªcilmente pod¨ªan contener datos sobre medio mill¨®n de jubilados y un n¨²mero indeterminado de disquetes sobre los que nadie precis¨® origen ni contenido.

La Agencia de Protecci¨®n de Datos, un organismo creado a ra¨ªz de la ley org¨¢nica 5/1992 de Regulaci¨®n de Tratamiento Automatizado de los Datos de Car¨¢cter Personal, vela desde entonces por que se cumpla el mandato legal de "limitar el uso de la inform¨¢tica y otras t¨¦cnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de car¨¢cter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas f¨ªsicas y el pleno ejercicio de sus derechos".