Los nacionalistas rebajan una propuesta de la oposici¨®n sobre el trabajo de las empleadas de hogar

Ni siquiera el estado de precariedad por el que atraviesan las empleadas de hogar logr¨® que los nacionalistas y la oposici¨®n consensuasen ayer una proposici¨®n no de ley para paliar su situaci¨®n. Los partidos nacionalistas rebajaron una propuesta de PSE, IU y PP que reclamaba al Gobierno la puesta en marcha de una campa?a de sensibilizaci¨®n hacia las trabajadoras dom¨¦sticas. PNV, EA y EH se limitaron a pedir al Instituto Vasco de la Mujer que analice si dentro de sus posibilidades presupuestarias se encuentra la de acometer una campa?a as¨ª.

A pesar de que todas las formaciones pol¨ªticas coincidieron en criticar el mal momento que hist¨®ricamente ha vivido y vive este colectivo de mujeres, no lograron ir m¨¢s all¨¢ de que el Parlamento vasco apoye el reconocimiento social de estas mujeres al considerar que su trabajo "ha venido sufriendo y sufre una importante infravaloraci¨®n social" que no puede continuar. Este debate parlamentario llega poco tiempo despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco denegara una pensi¨®n de invalidez permanente a una empleada de hogar por entender que el trabajo dom¨¦stico no requiere de un importante esfuerzo f¨ªsico. La Comisi¨®n de Trabajo y Acci¨®n Social de la C¨¢mara estudi¨® ayer una proposici¨®n no de ley presentada por IU en la que, adem¨¢s de reclamar una campa?a de sensibilizaci¨®n al Ejecutivo, instaba al Gobierno central y al Congreso a que equiparasen los derechos de las trabajadoras del servicio dom¨¦stico -regulados en el R¨¦gimen Especial de las Trabajadoras del Hogar- con el de los trabajadores por cuenta ajena en el Estatuto General de los Trabajadores. Populares y socialistas apoyaron la iniciativa. El PNV defendi¨® que el futuro debate sobre los Presupuestos es el mejor momento para que la oposici¨®n plantee enmiendas que incluyan la consignaci¨®n de fondos para la campa?a de sensibilizaci¨®n y no ahora, cuando a¨²n funciona una pr¨®rroga presupuestaria. La representante de EH en el debate, Raquel Pe?a, exigi¨® a los partidos de ¨¢mbito estatal que reclamen en Madrid la equiparaci¨®n de derechos de las empleadas de hogar con el resto de trabajadores a efectos de la Seguridad Social porque Euskadi no dispone a¨²n de las competencias. "Desde Euskadi", se?al¨®, "s¨®lo podemos expresar una opini¨®n, pero no podemos promover modificaciones". As¨ª, en la proposici¨®n no de ley de los nacionalistas, el Parlamento se manifiesta simplemente partidario de avanzar en la integraci¨®n en el R¨¦gimen General de la Seguridad Social del R¨¦gimen Especial de Empleados de Hogar, en lugar de instar como planteaba la propuesta de la oposici¨®n. Los "ni?os de la guerra" Donde s¨ª hubo pleno consenso fue en la petici¨®n de medidas urgentes para que se reconozca el estatus de "emigrantes forzosos" a los conocidos como ni?os de la guerra", los vascos que fueron evacuaron a la antigua URSS durante la Guerra Civil y que han retornado a Euskadi en condiciones econ¨®micas muy dif¨ªciles. El reconocimiento de "emigrantes forzosos" por parte de la Seguridad Social les facilitar¨ªa el acceso a una pensi¨®n espec¨ªfica -al menos el salario interprofesional, que supera ligeramente las 60.000 pesetas mensuales-, teniendo en cuenta las profesiones ejercidas y los a?os trabajados en las rep¨²blicas que conformaban la URSS. En la actualidad viven en Euskadi 80 ni?os de la guerra. Cuando regresaron en 1995 y 1996 recalaron en el Pa¨ªs Vasco con una serie de convenios firmados entre el Gobierno central y los ejecutivos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Mientras, rep¨²blicas como Ucrania, Moldavia, Georgia o Azerbaiy¨¢n no tienen firmado nada con la Seguridad Social por lo que no pagan. Los convenios garantizan a los ni?os de la guerra el cobro de una pensi¨®n no contributiva. Es decir, las rep¨²blicas ex sovi¨¦ticas aportan 30.000 pesetas y la Seguridad Social complementa la pensi¨®n con otras 27.000 pesetas. Sin embargo, la situaci¨®n de deterioro de estas rep¨²blicas les ha llevado a dejar de contribuir con su parte. Por otra parte, el Parlamento inst¨® al Ejecutivo a poner en marcha los gabinetes de mediaci¨®n familiar, un servicio que tratar¨¢ de evitar que los litigios por separaci¨®n o divorcio lleguen a la v¨ªa judicial. Para ello, arbitrar¨¢n el cumplimiento de lo que hayan acordado las dos partes.