Cinco ex dirigentes de la patronal, imputados por un supuesto fraude en los cursos de formaci¨®n. El fiscal anticorrupci¨®n extiende la imputaci¨®n por las irregularidades a la CEV y Cepymev

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia citar¨¢ a cinco antiguos cargos de la Confederaci¨®n Empresarial Valenciana (CEV) y la Confederaci¨®n Empresarial Valenciana de la Peque?a y Mediana Empresa (Cepymev) como imputados por un supuesto delito contra la hacienda p¨²blica. El ex presidente y ex secretario general de la CEV entre 1993 y 1995, Jos¨¦ Mar¨ªa Jim¨¦nez de Laiglesia y Luis Espinosa, y sus hom¨®logos durante ese periodo en Cepymev, explicar¨¢n las posibles irregularidades cometidas en el uso de subvenciones para la formaci¨®n de trabajadores.

Los ex responsables de dos de las organizaciones empresariales valencianas, la CEV y Cepymev, declarar¨¢n en las pr¨®ximas semanas por las supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los fondos, procedentes tanto de la Administraci¨®n central como de la Generalitat Valenciana, destinados en principio a financiar la formaci¨®n de cientos de trabajadores. Concretamente, el juez imputa a los antiguos responsables de la patronal la obtenci¨®n de ayudas o subvenciones de las administraciones falseando las condiciones requeridas para su concesi¨®n. La imputaci¨®n, garant¨ªa procesal que se otorga a los citados para que comparezcan en el juzgado asistidos por su abogado, ha sido impulsada por el representante de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n encargado de investigar el caso, Vicente Gonz¨¢lez. El representante del ministerio p¨²blico intenta aclarar si, tal como denunci¨® el Tribunal de Cuentas en un reciente informe, las patronales duplicaron o inventaron facturas, hincharon el coste o cobraron cursos de formaci¨®n inexistentes. Este tribunal ha reclamado a la CEV la devoluci¨®n de 191 millones de pesetas. La Generalitat, una vez finalizado el expediente administrativo abierto en ese sentido, ha exigido a la organizaci¨®n empresarial 308 millones de pesetas cuyo gasto est¨¢ deficiente o indebidamente justificado. El dictamen de la Consejer¨ªa de Trabajo ha llegado casi cuatro a?os despu¨¦s de que las autoridades auton¨®micas, en abril de 1995, iniciaran la investigaci¨®n administrativa de las supuestas irregularidades. Seg¨²n fuentes judiciales, uno de los imputados es Luis Espinosa, secretario general de la AECI, un organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El ex secretario general de la CEV, actualmente en Filipinas por motivos relacionados con su cargo, ser¨¢ citado en cuanto sea localizado. El resto de imputados son los ex presidentes de la CEV y Cepymev Jos¨¦ Mar¨ªa Jim¨¦nez de Laiglesia y C¨¦sareo Fern¨¢ndez, y el hom¨®logo de Espinosa en esta ¨²ltima organizaci¨®n, Francisco Jes¨²s L¨®pez. Todos ellos han abandonado esos cargos, que ejercieron entre 1993 y 1995, el periodo en el que supuestamente sucedieron los hechos investigados. La identidad del quinto imputado no ha sido concretada. El fiscal anticorrupci¨®n y el juez encargados de investigar el esc¨¢ndalo que salpica a las patronales de Valencia han decidido imputar, adem¨¢s de a los cinco ex dirigentes de CEV y Cepymev, a las dos organizaciones como tales. Esta iniciativa legal, que en principio no presupone culpabilidad alguna, sino que simplemente pretende garantizar el derecho a la defensa jur¨ªdica de los imputados, persigue un doble objetivo. Por una parte, pretende asegurar que ninguno de los actuales mandatarios de ambas instituciones tiene responsabilidad alguna en las supuestas irregularidades investigadas, que se pudieron cometer, entre los a?os 1993 y 1995, cuando sus actuales dirigentes eran ajenos a la organizaci¨®n. Por otra, garantizar que dos entes que podr¨ªan tener alguna responsabilidad civil subsidiaria en el caso -podr¨ªan verse obligadas a afrontar alguna indemnizaci¨®n tras una hipot¨¦tica condena- est¨¢n personados en el procedimiento judicial abierto desde su inicio. CEV y Cepymev, a pesar de su condici¨®n de personas jur¨ªdicas -¨¦stas, por razones obvias,no pueden ingresar en prisi¨®n tras un procedimiento de car¨¢cter penal- soportan la misma imputaci¨®n que cinco de sus ex dirigentes: la de la supuesta comisi¨®n de un delito contra la hacienda p¨²blica. Cuatro a?os de c¨¢rcel Concretamente, el instructor del caso cree que podr¨ªan haber violado el art¨ªculo 308 del actual C¨®digo Penal (350 del antiguo), que establece penas de hasta cuatro a?os de prisi¨®n para los culpables de obtener una subvenci¨®n de m¨¢s de diez millones de pesetas "falseando las condiciones requeridas para su concesi¨®n". Los encargados de la investigaci¨®n, cuya documentaci¨®n principal consta ya de cerca de 1.300 folios, a¨²n no manejan cifras concretas sobre el supuesto fraude investigado. El primer testigo en declarar en relaci¨®n con el caso, que compareci¨® ayer en el juzgado, no contribuy¨® a aclarar este extremo. Juan Aycar, director de la Fundaci¨®n para la Formaci¨®n Cont¨ªnua (Forcem) entre 1993 y 1995, ¨²nicamente concret¨® el sistema de reparto de fondos que utiliz¨® durante su estancia en la entidad, una instituci¨®n compuesta por patronales y sindicatos y dedicada al reparto de los fondos concedidos por la Administraci¨®n para la formaci¨®n de los trabajadores. El resto de preguntas formuladas por el fiscal anticorrupci¨®n durante m¨¢s de una hora fueron contestadas de manera lac¨®nica. Aycar asegur¨® no tener constancia o conocimiento de la existencia de facturas duplicadas, inventadas o hinchadas. El ex presidente de la CEV Jos¨¦ Mar¨ªa Jim¨¦nez de Laiglesia acudir¨¢ al juzgado el pr¨®ximo 19 de abril. ?l lo har¨¢ en calidad de imputado y, por tanto, asistido por su abogado, Javier Boix. Cuatro a?os de trabajo Las primeras iniciativas judiciales de relevancia tomadas en relaci¨®n con las supuestas irregularidades en el uso de los fondos de formaci¨®n llegan casi cuatro a?os despu¨¦s del estallido del esc¨¢ndalo. En abril de 1995, a¨²n con el PSOE en el gobierno de la Generalitat, la Consejer¨ªa de Trabajo inici¨® una investigaci¨®n de car¨¢cter administrativo: sus servicios de inspecci¨®n hab¨ªan descubierto un posible mal uso de las subvenciones p¨²blicas. Desde entonces, tres juzgados, otros tantos fiscales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el Tribunal de Cuentas y, pr¨®ximamente, el Congreso de los Diputados, han investigado o investigan el posible destino irregular de, presumiblemente, cientos de millones de pesetas procedentes del erario p¨²blico. A¨²n as¨ª, y seg¨²n fuentes cercanas al caso, la instrucci¨®n de ¨¦ste no ha hecho sino comenzar.