El fiscal obliga a que se interrumpan las expulsiones de menores en Ceuta

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, ha ordenado a la Polic¨ªa Local de Ceuta que interrumpa las expulsiones de menores marroqu¨ªes en situaci¨®n de desamparo. En un escrito del 16 de marzo, que responde a una solicitud de la Asociaci¨®n para los derechos del Ni?o Prodeni, Cardenal anuncia que se ha ordenado a las fuerzas policiales que cuando localicen a un menor extranjero en situaci¨®n de desamparo lo comuniquen a las entidades protectoras en vez de llevarlo a la frontera.

Las ¨®rdenes del fiscal general del Estado obedecen a lo establecido en la Ley de Extranjer¨ªa y en la Ley de Protecci¨®n Jur¨ªdica del Menor, en las que se proh¨ªbe que los menores extranjeros sean sometidos al procedimiento de expulsi¨®n y se exige que, cuando los menores se encuentren en situaci¨®n de desamparo, la autoridades asuman su tutela.No es la primera vez que una autoridad emite ¨®rdenes de este tipo dirigidas a parar la expulsi¨®n de ni?os en Ceuta. Ya el 11 de noviembre del a?o pasado, una orden ministerial exig¨ªa que no se expulsara a los menores en situaci¨®n de desamparo.

Pero varias asociaciones denuncian que las expulsiones se siguen produciendo. Y no s¨®lo aseguran que no es la polic¨ªa la que las realiza, sino un grupo parapolicial llamado Agentes de Atenci¨®n Directa, que dependen del Gobierno de Ceuta. El argumento que utilizan para expulsarlos es que no est¨¢n en situaci¨®n de desamparo, sino que al otro lado de la frontera les esperan sus padres o las autoridades marroqu¨ªes, que se hacen cargo de ellos. Pero el hecho de que muchos de los ni?os sean expulsados hasta 25 veces demuestra, seg¨²n las asociaciones, que est¨¢n desamparados, porque vuelven una y otra vez a Ceuta.

Todos estos datos est¨¢n recogidos en una querella que cinco asociaciones e Izquierda Unida han interpuesto por prevaricaci¨®n y detenci¨®n ilegal contra el delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, y varios responsables policiales.

Uno de los abogados que representa a estas asociaciones, Gonzalo Mart¨ªnez Fresneda, asegura que la querella se est¨¢ enfrentando a "todo tipo de impedimentos" en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Ceuta, donde se lleva la causa. Primero el juez exigi¨® una fianza de dos millones de pesetas, a los que a?adi¨® otros dos cuando dos nuevas organizaciones se sumaron a la querella. Las ONG recurrieron esta decisi¨®n, pero la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, una de las querellantes, obtuvo un aval por esa cantidad para poder presentarse en la causa. El caso es que el juez no admite ese aval, al menos de momento, argumentando que s¨®lo tiene validez de un a?o. Por ello, la querella parece de momento bloqueada y uno de sus principales protagonistas, el delegado del Gobierno, todav¨ªa no ha sido llamado a declarar.

Mientras, los tres polic¨ªas que denunciaron las actuaciones de este cuerpo parapolicial siguen suspendidos de empleo y sueldo, y se enfrentan a cinco expedientes.

Prodeni sostiene en un comunicado que las autoridades ceut¨ªs argumentan la falta de medios adecuados para acoger a los menores, y critica esta excusa porque "no exime del cumplimiento de las leyes". Seg¨²n Prodeni, el documento del fiscal general del Estado "deja en evidencia a las autoridades de la ciudad".

En su escrito, Cardenal sostiene que ya se ha comunicado a la Polic¨ªa que no debe entregar a las autoridades policiales marroqu¨ªes ning¨²n menor "si no existen garant¨ªas de que van a ser entregados a las autoridades de protecci¨®n de menores o a la familia del interesado". En la delegaci¨®n de Gobierno aseguran que "en muy poco tiempo" se va a poner en marcha un programa que han dise?ado, junto con la secretar¨ªa de Asuntos Sociales, para solucionar esta espinosa cuesti¨®n.

El programa, que cuenta con financiaci¨®n espa?ola, consiste en atender a los menores en Ceuta, identificarlos, y en caso de que est¨¦n en situaci¨®n de desamparo, entregarlos a la ONG marroqu¨ª ATIL, con sede en Tetu¨¢n, para que se haga cargo de ellos. La idea es que los ni?os viven en Espa?a en situaci¨®n de "desarraigo social", por lo que la ¨²nica manera de sacarlos de ella es que se les escolarice y atienda en Marruecos. Pero lo que defienden las ONG es que los ni?os sean atendidos en Espa?a. Y recuerdan que la Ley del Menor les concede el derecho a la educaci¨®n, a la asistencia sanitaria y a recibir la tutela de la Administraci¨®n.