Pujol, Mart¨ªnez y la balanza fiscal JOAN COSCUBIELA

Desde que el presidente Pujol nos anunci¨® que ahora s¨ª tocaba hablar de fiscalidad y financiaci¨®n, he estado dudando sobre la oportunidad y utilidad de intervenir en un debate que se inicia con las cartas marcadas. Hay demasiados motivos para pensar que estas reflexiones s¨®lo son ¨²tiles y permiten avanzar si se descontextualizan de las elecciones. Pero la informaci¨®n de Francesc Valls aparecida en este peri¨®dico sobre el acto del presidente en la Asociaci¨®n de Vecinos de Sant Mart¨ª de Proven?als, que preside el compa?ero Manuel Mart¨ªnez, y la amenaza de su generalizaci¨®n por toda Catalu?a me ha hecho salir de dudas, porque creo que los riesgos de enfocar, como se est¨¢ haciendo, el problema de la financiaci¨®n auton¨®mica son muchos y peligrosos. Vaya por delante que, en mi opini¨®n, el actual modelo de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas est¨¢ agotado y tiene efectos perversos. No existe relaci¨®n alguna entre la fuerte descentralizaci¨®n pol¨ªtica de los ¨²ltimos a?os y el modelo de financiaci¨®n de las autonom¨ªas. Adem¨¢s aparecen ante la ciudadan¨ªa como administraciones fiscalmente irresponsables, en la medida en que deciden sobre las pol¨ªticas de gastos y en cambio no tienen pr¨¢cticamente ninguna competencia en la recaudaci¨®n de los impuestos necesarios para financiar estos gastos. A ello se suma la inexistencia de mecanismos de informaci¨®n para conocer qu¨¦ incidencia tiene la fiscalidad en la redistribuci¨®n personal y territorial de la renta. En consecuencia, es necesario apostar por una reforma consensuada del modelo de financiaci¨®n de las comunidades que para Catalu?a debe suponer capacidad normativa en la modulaci¨®n de determinadas figuras impositivas y capacidad de recaudaci¨®n de los impuestos en el marco institucional de una potente agencia tributaria con gesti¨®n consorciada; un modelo basado en los principios de suficiencia, corresponsabilidad, esfuerzo fiscal y solidaridad. Creo err¨®neo y contraproducente para las ideas de progreso y para la ciudadan¨ªa que se pretenda mezclar el modelo de financiaci¨®n con la balanza fiscal. Aunque ya se sabe que el agravio comparativo es un potente motor de las reivindicaciones y hasta de una determinada visi¨®n de la historia. Tan potente como peligroso. Y de paso sirve para abordar la realidad fiscal desde la ¨®ptica exclusivamente territorial, pretendiendo que olvidemos su incidencia en la distribuci¨®n personal de la renta, como si en Catalu?a o en Andaluc¨ªa no existieran ricos y pobres ni distintos niveles de renta, y hubieran desaparecido las diferencias sociales. Ya para los trabajadores es especialmente peligroso que se nos haga creer que el problema de la falta de escuelas y equipamientos sociales en Catalu?a tiene su origen en la balanza fiscal con el resto de Espa?a, y no en la pol¨ªtica fiscal y de privatizaci¨®n de importantes ¨¢mbitos de la econom¨ªa y la sociedad. El presidente Pujol deber¨ªa saber que la diferencia en la educaci¨®n secundaria no se da, como se atrevi¨® a decir en el acto, entre dos institutos p¨²blicos como el Infanta Isabel de la Verneda y el Men¨¦ndez Pelayo de Via Augusta. La diferencia la encontrar¨¢ con algunos centros privados -la mayor¨ªa religiosos- financiados con recursos p¨²blicos que pueden ofrecer con cuotas sumergidas, pagadas por los padres, servicios que deber¨ªan cubrir para toda la ense?anza obligatoria los presupuestos p¨²blicos. Y el d¨¦ficit de financiaci¨®n de la ense?anza debe tener soluci¨®n en el marco de un compromiso de financiaci¨®n estable de la LOGSE, tal como CC OO y 600.000 personas propusimos con una iniciativa legislativa popular al Parlamento espa?ol, la cual que fue rechazada con los votos de CiU, entre otros. De la misma manera, las dificultades de financiaci¨®n de la sanidad no tienen su principal raz¨®n de ser en ning¨²n agravio especial para Catalu?a. La ciudadan¨ªa debe saber que desde 1986 a 1996 la Generalitat recibi¨® de manera transitoria un porcentaje de gasto sanitario per c¨¢pita superior a la participaci¨®n de la poblaci¨®n catalana en la media estatal, despu¨¦s de una negociaciones del consejero Cullell con el ministro de Econom¨ªa de la ¨¦poca. A pesar de ello, los recursos que Catalu?a recibi¨® para sanidad eran insuficientes, porque cada a?o el Parlamento espa?ol aprobaba, con los votos de CiU entre otros, unos presupuestos sanitarios a sabiendas escasos, con el argumento de reducir el d¨¦ficit p¨²blico. En materia de balanzas fiscales, es necesario ir por partes y abordarlo siempre en positivo. Existe una diferencia evidente entre lo que el conjunto de ciudadanos catalanes aportamos fiscalmente y lo que recibimos en forma de servicios o inversiones, lo que no prejuzga que esa diferencia afecte por igual a todas las personas ni a todos los sectores sociales. A mi entender -y eso es lo que deber¨ªamos discutir de manera seria-, s¨®lo una parte de este desequilibrio estar¨ªa justificado en t¨¦rminos de solidaridad. Pero el origen de esta injusticia tiene tambi¨¦n una base social, y no s¨®lo territorial. Es la consecuencia de las pol¨ªticas impuestas en estos ¨²ltimos a?os; por un lado, la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico a partir de menos gastos sociales y menos inversiones, acompa?ada de un proceso de desfiscalizaci¨®n de las rentas del capital y el patrimonio, y por otro, la privatizaci¨®n de ¨¢reas importantes de la sociedad. Ah¨ª es donde el presidente Pujol y los que le acompa?an incurren en la mayor incongruencia. No se pueden pedir m¨¢s inversiones p¨²blicas para Catalu?a y en paralelo estar apoyando, cuando no impulsando, la reducci¨®n de impuestos al capital -plusval¨ªas del capital financiero...- como ha sucedido en los ¨²ltimos a?os. Aunque no se diga expl¨ªcitamente, ¨¦se es el sentimiento y las ideas que algunos est¨¢n transmitiendo (basta con escuchar las conversaciones en las empresas, plazas o bares de nuestras ciudades). De ah¨ª uno de los peligros que a medio plazo se corre planteando las cosas en estos t¨¦rminos. Si los ciudadanos catalanes aportamos fiscalmente entre el 120% y el 125%, con relaci¨®n al 100% de media espa?ola, ello responde a la mayor riqueza relativa que tenemos en conjunto y calculada per c¨¢pita. As¨ª, en 1997 nuestro PIB por habitante era un 23,7% superior a la media espa?ola. Y mientras que nosotros hemos alcanzado pr¨¢cticamente la media del 100% de renta per c¨¢pita de la Uni¨®n Europea, Espa?a mantiene aun un diferencial negativo. En todos los pa¨ªses con un sistema fiscal progresivo los territorios con m¨¢s renta tienen una mayor aportaci¨®n fiscal, y ello con independencia del mayor o menor grado de descentralizaci¨®n pol¨ªtica de sus instituciones. No creo que nadie pueda plantear una reducci¨®n del esfuerzo fiscal, porque tanto Catalu?a como Espa?a tienen una presi¨®n fiscal baja en t¨¦rminos comparativos con la de los pa¨ªses de la UE. El problema reside en la falta de gasto social e inversiones p¨²blicas que en el terreno de las infraestructuras y de los derechos sociales ha venido recibiendo Catalu?a tanto de la Administraci¨®n del Estado como de la Generalitat, que es una de las instituciones que menos proporci¨®n del gasto p¨²blico dedican a inversiones. Si de verdad quiere plantearse el problema en beneficio de los ciudadanos catalanes y no en clave de agravio comparativo y como elemento de agitaci¨®n partidista, la soluci¨®n pasa por un nuevo modelo de financiaci¨®n y tambi¨¦n por un significativo incremento del gasto social y en infraestructuras p¨²blicas. En definitiva, apostar por una fuerte discontinuidad con las pol¨ªticas fiscales de estos ¨²ltimos a?os.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Catalu?a.