Una argucia jur¨ªdica aplaza un a?o el juicio del "caso Lasa-Zabala"

Una argucia jur¨ªdica aplazar¨¢ alrededor de un a?o el juicio del caso Lasa-Zabala, seg¨²n informaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional. El abogado Jorge Argote, que tambi¨¦n est¨¢ procesado en el caso, present¨® ayer un voluminoso escrito en el que plantea hasta seis cuestiones previas a resolver antes del juicio, entre las que pide que el caso sea remitido a la Audiencia de Alicante, pues los cad¨¢veres de los dos etarras fueron encontrados en Busot, y, por ello, el caso corresponde a aquella jurisdicci¨®n.

El Tribunal de la Audiencia Nacional ten¨ªa previsto celebrar durante el pr¨®ximo mes de junio el juicio por los secuestros, torturas y asesinatos de los etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, ocurridos en 1983. Pero la presentaci¨®n de estas cuestiones previas dilatar¨¢ el proceso alrededor de un a?o, como ya ocurri¨® anteriormente con el caso de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA). Aunque el tribunal quisiera resolver estas cuestiones previas con urgencia, contra la resoluci¨®n cabe recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo y la demora es inevitable.

En este caso est¨¢n procesados el general de la Guardia Civil Enrique Rodr¨ªguez Galindo, el ex gobernador civil de Guip¨²zcoa Julen Elgorriaga, los guardias civiles ?ngel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, todos ellos como autores de los secuestros, torturas y asesinatos, bien como inductores en el caso de Galindo, Elgorriaga y Vaquero, o como autores materiales, en el de Dorado y Bayo.

Tambi¨¦n est¨¢n procesados pero por delito de encubrimiento el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote.

Un l¨ªmite de cuatro a?os

Dorado y Bayo llevan ya tres a?os de prisi¨®n preventiva, uno menos del m¨¢ximo previsto en la legislaci¨®n espa?ola, por lo que transcurrido ese tiempo saldr¨ªan en libertad aunque el fiscal solicita 90 a?os de c¨¢rcel para cada uno de ellos. Los restantes se encuentran en libertad. Para mantener que el caso es competencia de la Audiencia de Alicante, Argote sostiene que los GAL no eran una banda armada, que el asesinato de Lasa y Zabala no fue un acto terrorista y que no hay constancia de que los etarras fueran secuestrados puesto que estaban buscados por la justicia espa?ola.

Los otros argumentos que esgrime como cuestiones previas son supuestas vulneraciones de derechos fundamentales, como mantener el secreto de las actuaciones durante a?os, negaci¨®n del derecho a presentar recursos, o vulneraci¨®n del derecho al juez predeterminado por la ley en las presuntas irregularidades de la recusaci¨®n del juez instructor, Javier G¨®mez de Lia?o, entre otros.

Tambi¨¦n alega que Bayo declar¨® bajo presi¨®n y con promesa de beneficios lo que supondr¨ªa como m¨ªnimo la anulaci¨®n de esa confesi¨®n, y cuestiones formales como que se ha dado traslado simult¨¢neo a las defensas para calificaci¨®n de la causa, en lugar de sucesivo como exige la ley.

Argote alega que ejerce un derecho, pero que no quiere celebrar el juicio en periodo electoral.