La protecci¨®n del marjal de Pego que dict¨® el Consell hace tres a?os expira en siete d¨ªas

Las transformaciones agr¨ªcolas, que masacran el parque natural de Pego-Oliva desde hace a?os pese a la prohibici¨®n expresa del Consell dictada el 7 de mayo de 1996, pasar¨¢n a estar administrativamente consentidas en siete d¨ªas. Las medidas cautelares dictadas por el Gobierno valenciano, "vigentes hasta la aprobaci¨®n del correspondiente Plan de Ordenaci¨®n de los Recursos Naturales [PORN]", de ning¨²n modo pod¨ªan "extenderse m¨¢s all¨¢ de tres a?os". Ante la pasividad del Consell, s¨®lo la orden de una juez de D¨¦nia impide de derecho, aunque no en la pr¨¢ctica, el acoso al parque.

El parque natural del Marjal de Pego-Oliva fue oficialmente declarado como espacio protegido a nivel auton¨®mico en enero de 1995. Sin embargo, la ley estatal de Conservaci¨®n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, aprobada por el Congreso en 1989, obliga a las administraciones a elaborar los planes de ordenaci¨®n que regulen las actividades permitidas en cada uno de estos h¨¢bitats. Una obligaci¨®n recogida en la ley auton¨®mica de Espacios Naturales Protegidos aprobada en diciembre de 1994. En la actualidad, cada vez que el Consell ha decidido proteger un enclave natural, antes de aprobar el decreto de creaci¨®n del parque, ha elaborado el correspondiente PORN. Pero con varios enclaves se ha dado el caso de declarar un parque sin que se ordenara su gesti¨®n. Es el caso del marjal de Pego-Oliva, cuyo PORN han solicitado desde hace a?os tanto los ecologistas empe?ados en su custodia como los agricultores interesados en su cultivo. As¨ª, el Consell acord¨® declarar el parque hace cuatro a?os, y uno despu¨¦s, en vistas de las dificultades para establecer una zonificaci¨®n que limitara las actividades permitidas, estipul¨® unas medidas de protecci¨®n cautelar. ?stas, de car¨¢cter provisional (un m¨¢ximo de tres a?os), estar¨ªan vigentes hasta que el Consell aprobara el PORN definitivo. Sin embargo, la protecci¨®n administrativa caduca en siete d¨ªas y el Consell ha dejado expirar el plazo mientras el alcalde de Pego, el ex regionalista Carlos Pascual, y sus ac¨®litos, desecaban y roturaban impunemente el espacio protegido para consolidar la transformaci¨®n de un humedal de alto valor ecol¨®gico (tanto por su escasa representaci¨®n en estado virgen en la Comunidad Valenciana como por la presencia de valiosas especies protegidas) en campos de lechugas y alcachofas o en cultivos de arroz. El desaf¨ªo de los agricultores de Pego al poder legislativo, empe?ados en desecar el h¨¢bitat, pasar¨¢ a estar administrativamente consentido en una semana. Sin embargo, sus atentados (el ¨²ltimo, la desecaci¨®n de las lagunas del parque, que desde hace d¨¦cadas han permanecido inundadas) seguir¨¢n infringiendo el mandato de otro poder, el judicial. La titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de D¨¦nia, que investiga la destrucci¨®n del enclave protegido y que ha imputado a Pascual y al edil del PP Jos¨¦ Orihuel tres delitos (contra el medio ambiente, prevaricaci¨®n y agresi¨®n al director del parque, Vicente Urios), dict¨® el 14 de marzo de 1997 un auto en el que se prohib¨ªa toda transformaci¨®n. En esta situaci¨®n de indefensi¨®n, que se agravar¨¢ la semana que viene, persisten las demandas de los ecologistas y de los grupos de la oposici¨®n para que el Consell apruebe el PORN definitivo. Aunque los tr¨¢mites que aun quedan pendientes para que la consejer¨ªa env¨ªe al Consell el plan para su aprobaci¨®n hacen que dif¨ªcilmente ¨¦ste pueda entrar en vigor antes de elecciones. Iniciativas socialistas El incumplimiento de esta orden judicial, dictada hace m¨¢s de dos a?os, ha forzado al Grupo Parlamentario Socialista a pedir a la Diputaci¨®n Permanente de las Cortes (¨®rgano que representa a la C¨¢mara en periodo de vacaciones y tras su disoluci¨®n al final de la legislatura) la comparecencia del presidente del Consell, Eduardo Zaplana, para que informe sobre "la grave situaci¨®n de continuos ataques que padece [el parque], las acciones llevadas a cabo para evitar su degradaci¨®n y las medidas que va a tomar la Generalitat para que, de manera inmediata, se paralicen las agresiones que viene sufriendo y las actuaciones previstas para su regeneraci¨®n". Asimismo, el PSPV pretende que en la reuni¨®n de la Diputaci¨®n solicitada se debata y vote una propuesta de resoluci¨®n en la que se recogen hasta 12 iniciativas. Entre ellas, se demanda paralizar los bombeos de agua ilegales que desangran el humedal, que se implante un sistema de vigilancia que garantice su integridad y que se agilice la compra de terrenos en las zonas de m¨¢ximo valor ambiental.