El fiscal anticorrupci¨®n recusa a la juez decana de Marbella por "parcialidad a favor de Gil"

El fiscal jefe anticorrupci¨®n quiere evitar que la juez decana de Marbella retire de la instrucci¨®n del caso Gil al magistrado que lleva la causa. El caso del presunto desv¨ªo de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atl¨¦tico de Madrid entra en la recta final de la instrucci¨®n con una batalla jur¨ªdica. El fiscal Carlos Jim¨¦nez Villarejo ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una recusaci¨®n contra la juez decana de Marbella, Pilar Ram¨ªrez, por "enemistad manifiesta" contra ¨¦l y "parcialidad a favor de Jes¨²s Gil y Gil". Ram¨ªrez tiene que decidir si el juez de Instrucci¨®n actu¨® correctamente al quedarse con la investigaci¨®n del caso, cuyo sumario no fue adjudicado por turno.

El caso lleg¨® a los juzgados de Marbella el 13 de octubre de 1998. Estaba de guardia el juez Santiago Torres, titular del n¨²mero 7. La querella de la fiscal¨ªa solicitaba el registro de las oficinas del Atl¨¦tico de Madrid y el Ayuntamiento de Marbella. Jim¨¦nez Villarejo aclara al CGPJ que "la querella estaba lista el 24 de septiembre". Pero el fiscal general no la aprob¨® hasta el 8 de octubre y no se pudo organizar a la Polic¨ªa Judicial hasta el 13.Jim¨¦nez Villarejo est¨¢ convencido de que la magistrada "ya ha prejuzgado" su decisi¨®n sobre el reparto del caso. "Ha asumido que existe una confabulaci¨®n y parece que est¨¦ decidido que se apartar¨¢ al juez de la competencia sobre las diligencias". La juez Ram¨ªrez ha abierto expediente por una reclamaci¨®n de la defensa de Jes¨²s Gil, que se queja de una "actuaci¨®n combinada de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Marbella para burlar las normas de reparto" y pide la nulidad de las actuaciones. Para Jim¨¦nez Villarejo, la actuaci¨®n de la juez ha sido de una "manifiesta parcialidad", entre otras cosas porque no ha notificado su expediente a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La magistrada, sin embargo, s¨ª ha dado traslado de su expediente a la Fiscal¨ªa General del Estado por la actuaci¨®n de los fiscales que intervinieron "en confabulaci¨®n denunciada".

La juez tambi¨¦n ha denunciado su expediente al CGPJ. El titular del juzgado n¨²mero 7 de Marbella est¨¢ terminando la instrucci¨®n y podr¨ªa enviar en breve el sumario a la Audiencia de M¨¢laga para que se fije fecha del juicio. Jes¨²s Gil y otras siete personas est¨¢n imputadas por el presunto desv¨ªo de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento al club, a trav¨¦s de la publicidad de Marbella en las camisetas del Atl¨¦tico entre 1991 y 1993.

Jim¨¦nez Villarejo explica al CGPJ que en octubre de 1996 denunci¨® ante el fiscal general del Estado a la magistrada decana de Marbella. El fiscal acusaba a la juez de incompatibilidad por desempe?ar su cargo en una localidad en donde ejerc¨ªa la abogac¨ªa su hermano y "en la que ten¨ªan domicilio social varias sociedades participadas o administradas por su padre, Juan Ram¨ªrez, y su madre". El expediente disciplinario fue archivado. Juan Ram¨ªrez fue oficial en los juzgados de Marbella. En 1993 fue relacionado por la juez Blanca Esther D¨ªez en 18 casos presuntamente delictivos. Lleg¨® a estar en la c¨¢rcel, aunque sali¨® en libertad y la juez fue inhabilitada.

El fiscal anticorrupci¨®n tambi¨¦n denunci¨® en 1996 al hermano de la juez, Juan Carlos Ram¨ªrez, ante el Consejo General de la Abogac¨ªa. Y ¨¦ste denunci¨® a Jim¨¦nez Villarejo ante la Fiscal¨ªa General del Estado en 1997 por lincharle con la investigaci¨®n, lo que consideraba "una infamia" y "una aut¨¦ntica verg¨¹enza para la Justicia". Por todo esto, Jim¨¦nez Villarejo pide que se releve a la decana de Marbella en este expediente.

Jos¨¦ Carlos Aguilera, abogado de la acusaci¨®n popular, sostiene que "la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que no se someta a reparto aquello que requiere una actuaci¨®n inmediata del juez de guardia".

El abogado defensor de Gil, Horacio Oliva, admite que el instructor tenga que practicar diligencias urgentes "pero tendr¨ªa que repartir el caso despu¨¦s". Oliva a?ade que "si no se respetan las normas de reparto el fiscal o la polic¨ªa pueden elegir juez y eso ser¨ªa claramente antidemocr¨¢tico".