Rubic¨®n

La cumbre de la OTAN concluida el pasado domingo 25 de abril aprob¨® un documento denominado Nuevo Concepto Estrat¨¦gico que puede implicar un paso del Rubic¨®n, iniciando un giro copernicano en la reciente historia del mundo que parece destinado a desencadenar unas consecuencias trascendentales pero todav¨ªa incalculables. Quiz¨¢ por eso se hizo con nocturnidad y alevos¨ªa, de espaldas a la opini¨®n p¨²blica y sin mediar anuncio, debate ni preparaci¨®n previa. Es verdad que la reuni¨®n estaba convocada con solemnidad, teniendo que conmemorar el cincuentenario de su fundaci¨®n. Y tambi¨¦n se supon¨ªa que se aprobar¨ªa alguna declaraci¨®n intentando justificar un empleo unilateral de la fuerza militar que no contaba con la aprobaci¨®n del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero lo que no se esperaba es que se adoptase la precipitada e irresponsable decisi¨®n de abrogar de un solo plumazo la fuente del derecho internacional. Si Julio C¨¦sar cruz¨® el Rubic¨®n desobedeciendo al Senado romano, eso mismo es lo que ha hecho la OTAN, pues el Consejo de Seguridad era el Senado mundial.?Fueron conscientes los patronos de la OTAN de lo que estaban firmando? Quiz¨¢ no, pues su miope pragmatismo les permiti¨® creer que se trataba ¨²nicamente de convalidar retroactivamente la dudosa legalidad de los bombardeos balc¨¢nicos. Pero lo hicieron justific¨¢ndolo no como una excepci¨®n de la regla, que vendr¨ªa en definitiva a confirmarla (lo que al menos hubiera supuesto un mal menor), sino, por el contrario, como un precedente, que autoriza en el futuro a reincidir discrecionalmente, lo que implica la derogaci¨®n efectiva de la regla vulnerada. Todo, por supuesto, de acuerdo a los principios del liberalismo y con las mejores razones humanitarias. As¨ª regresa la filosof¨ªa del juez de la horca, tradicional en la norteamericana cultura de frontera, que ante el vac¨ªo legal se arroga el derecho a tomarse la justicia por su mano. Lo cual era esperable en Clinton, dada la excepcionalidad estadounidense, pero no en los representantes europeos, que debieran valorar la cultura civil de respeto al principio de legalidad formal.

Pero no se trata de formalismo sino de mera racionalidad. Es el viejo debate entre la reforma y la ruptura de las reglas de juego como forma de cambiarlas cuando ya no funcionan. Nuestra transici¨®n a la democracia, que apost¨® por la reforma de la legalidad vigente respetando su letra escrupulosamente, demostr¨® la superior eficiencia de la reforma frente a la ruptura que propon¨ªan revolucionarios y golpistas. En cambio, la OTAN, ante la necesidad de cambiar las reglas de juego de un Consejo de Seguridad de la ONU que ya no funciona, no ha apostado por su reforma, sino por su ruptura. Parece, desde luego, m¨¢s pr¨¢ctico, m¨¢s r¨¢pido y m¨¢s eficaz. Pero s¨®lo a corto plazo, pues a la larga es ineficiente, generando tan s¨®lo inseguridad jur¨ªdica.

Y esta inseguridad jur¨ªdica, instaurada desde el pasado 25 de abril, producir¨¢ mayor desorden internacional que el que se intenta neutralizar con esta medida de fuerza. Lo cual multiplicar¨¢ la necesidad de recurrir a nuevos incrementos de fuerza para reducir la creciente inseguridad emergente, haci¨¦ndose preciso un omnipresente Leviat¨¢n a escala mundial. Pues ¨¦se es el dilema de Hobbes: ?c¨®mo se crea un orden pol¨ªtico capaz de superar el desorden b¨¦lico? S¨®lo hay dos soluciones opuestas: la contractualista, basada en el multilateral consenso jur¨ªdico que inspir¨® la creaci¨®n tanto de la ONU como de la Uni¨®n Europea, y la imperialista, basada en el unilateral monopolio de la violencia. Pues, bien, parece que el presidente Clinton, sin pararse a pensarlo dos veces, opta por la segunda en nombre del realismo pol¨ªtico: de ah¨ª que se oponga al Tribunal Penal Internacional, que desobedezca a la multilateral Organizaci¨®n Mundial del Comercio y que ahora decrete la abolici¨®n de facto del Consejo de Seguridad de la ONU.

Todo ello, con el expl¨ªcito consentimiento del presidente Aznar, que lo ha rubricado por escrito en nombre del pueblo espa?ol.

De ello deber¨¢ rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados.