Tocino niega que la reforma de la ley de aguas aprobada ayer pretenda liberalizar su comercio

El Consejo de Ministros aprob¨® en su reuni¨®n de ayer, dos semanas despu¨¦s de lo previsto, la anunciada reforma de la Ley de Aguas, uno de los puntos estrella del programa del PP. Poco antes de desplazarse para participar en un mitin en la provincia de Badajoz, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, explic¨® a la prensa en La Moncloa los fundamentos de un proyecto que en su opini¨®n no pretende privatizar el agua, sino facilitar mecanismos que permitan aprovecharla mejor all¨ª donde m¨¢s escasea.Para anticiparse a otras opiniones que ven en esta reforma el camino abierto al mercado del agua, la ministra insisti¨® en que la legalizaci¨®n de la compraventa libre de derechos de uso est¨¢ sometida a suficientes requisitos como para que eso pueda ocurrir.

La ministra dijo que, desde 1985, cuando se aprob¨® la ley que ahora se reforma, el consumo hab¨ªa experimentado un crecimiento desmesurado. Las modificaciones introducidas en esa norma, sin haber logrado un consenso con el PSOE, pretenden, seg¨²n la ministra, aplicar criterios de econom¨ªa al uso de este recurso tan escaso y poner a disposici¨®n de los usuarios nuevas tecnolog¨ªas como la desalaci¨®n y la reutilizaci¨®n de aguas residuales.

La clave de la reforma est¨¢ en la liberalizaci¨®n de la compraventa de derechos, con la obligaci¨®n de registrar el contrato en los ¨®rganos de gesti¨®n de la cuenca fluvial. Si al cabo de dos meses como m¨¢ximo la autoridad no dice nada en contra, el contrato se da por v¨¢lido. La ministra insisti¨® en enumerar varias cautelas para garantizar que no se especular¨¢ con el agua. Los usuarios que no consumen propiamente agua, como las hidroel¨¦ctricas, no podr¨¢n vender sus derechos; los ¨®rganos de cuenca podr¨¢n ejercer el derecho preferente a "comprar" agua para cederla a un precio p¨²blico a los usuarios que la necesiten (bancos p¨²blicos de agua), y s¨®lo se podr¨¢n utilizar canalizaciones entre distintas cuencas fluviales si as¨ª lo indica el Plan Hidrol¨®gico Nacional.

Para favorecer el uso eficiente se implantar¨¢ un canon con un coeficiente corrector a la baja entre aquellos usuarios que consuman cantidades inferiores a unos vol¨²menes m¨¢ximos de referencia en cada zona.

Todas las organizaciones agrarias (COAG, UPA), salvo ASAJA, critican la reforma porque implica poner un precio a un bien p¨²blico. "Intentaremos abortar una ley envenenada porque pone en marcha la privatizaci¨®n del agua", ha dicho Jos¨¦ Manuel de las Heras de COAG. Para Santiago Mart¨ªn Barajas, de Ecologistas en Acci¨®n, se trata de un atraso social que pone en peligro los caudales ecol¨®gicos y favorecer¨¢ a los concesionarios poderosos.

El portavoz de Agricultura del PSOE, Francisco Amarillo asegura que esta liberalizaci¨®n disparar¨¢ los precios del agua porque quien tenga derechos no los ceder¨¢ como si fuera una ONG.