Un grupo de profesoras que ense?aron euskera en la clandestinidad piden un reconocimiento econ¨®mico

Un grupo de 23 profesoras que en el r¨¦gimen franquista ense?aron euskera y otras materias en este idioma en la clandestinidad y, despu¨¦s, en las ikastolas nacidas en los a?os sesenta reclaman al Gobierno vasco un reconocimiento econ¨®mico por los a?os que trabajaron y no pudieron cotizar a la Seguridad Social. Las profesoras, que se han jubilado o est¨¢n a punto de hacerlo, solicitan que su aportaci¨®n a la sociedad "en un momento muy dif¨ªcil y en una labor cuyos frutos vienen recogi¨¦ndose desde hace a?os", no repercuta negativamente en sus pensiones.

Las protagonistas de la historia aguardan una soluci¨®n y destacan que con su reclamaci¨®n, tramitada en forma de queja ante el Ararteko, no pretenden "ir en contra de nadie, sino s¨®lo lograr un reconocimiento, como se ha hecho con otros colectivos que trabajaron por el Pa¨ªs Vasco", afirma su portavoz, la donostiarra Karmele Esnal. Esta no es la primera vez que el colectivo de profesoras, 22 de las cuales ejercieron en Guip¨²zcoa y una en Vizcaya, se dirige a la instituci¨®n con la intenci¨®n de que reconozcan sus derechos. Esnal recuerda que ya hace unos a?os presentaron una petici¨®n similar al anterior ararteko, Juan San Mart¨ªn, quien les anim¨® a proseguir con su reivindicaci¨®n. Las gestiones iniciadas no dieron su fruto. "Las cosas se movieron pero no llegaron a buen puerto, porque las autoridades tendr¨ªan algo m¨¢s importante en qu¨¦ pensar o porque todas ¨¦ramos mujeres y no les importaba nuestro problema", se lamenta la profesora ya jubilada. Actualmente las cosas parecen ir por mejor camino. Su caso est¨¢ siendo estudiado por el Departamento de Hacienda, despu¨¦s de que el Ararteko decidiese respaldar al colectivo y dirigiese una reclamaci¨®n en este sentido. "Una petici¨®n de justicia" La recomendaci¨®n de la instituci¨®n que dirige Xabier Markiegi se remonta a mayo del a?o pasado. Alegaba la "justicia" de la petici¨®n de las profesoras y ped¨ªa concretamente que "la cantidad que perciban en el momento de la jubilaci¨®n se corresponda con los a?os realmente trabajados". A su juicio, la diferencia econ¨®mica deber¨ªa correr a cargo de las arcas de la comunidad aut¨®noma. De esta forma, las maestras "no sufrir¨ªan unas consecuencias negativas derivadas de haber trabajado en unas condiciones precarias a favor el euskera". El Ararteko ha remitido a la vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, un nuevo escrito en el que recuerda la queja planteada y destaca la respuesta positiva dada por el Gobierno central a un caso similar, consistente en el reconocimiento a los sacerdotes de la Iglesia Cat¨®lica secularizados de los periodos de actividad religiosa como cotizados a la Seguridad Social. Con esta resoluci¨®n, el Gobierno de Madrid posibilita que estos religiosos puedan cobrar sus pensiones ¨ªntegras pese a no haber cotizado por su exclusi¨®n del sistema de cobertura social. A los argumentos de "justicia", el Ararteko a?ade el escaso esfuerzo econ¨®mico que la Administraci¨®n deber¨ªa realizar para complementar las pensiones de estas 23 personas, 7,4 millones de pesetas (44.475 euros), seg¨²n sus c¨¢lculos. La instituci¨®n se adelanta al posible temor del Gobierno de que, tras aceptar el pago de las compensaciones, surjan nuevas reclamaciones y explica que, caso de producirse este supuesto, el colectivo de afectadas aumentar¨ªa muy poco. "Si bien no contempla el 100% de las afectadas, la relaci¨®n de 23 personas se acerca de manera importante a ese porcentaje. El margen de error es de un m¨¢ximo de 10 personas", explica el Ararteko. Seg¨²n la relaci¨®n de la instituci¨®n de defensa del ciudadano, 22 de las profesoras realizaron su trabajo en Guip¨²zcoa y una en Vizcaya. La ausencia de representantes de ?lava se debe, a juicio del Ararteko, a que este territorio "no parece haber vivido el problema de la clandestinidad, pues las ikastolas llegaron cuando la situaci¨®n se encontraba pr¨¢cticamente normalizada".