El padre de una ni?a asesinada pide al Estado 200 millones de indemnizaci¨®n

VIENE DE LA P?GINA 1 El recurso presentado por el abogado de Ricart tambi¨¦n solicita, entre otros, la retirada de los agravantes de despoblado y ensa?amiento. Las acusaciones populares, a la vista del relato de los hechos que recoge la sentencia de la secci¨®n segunda de la Audiencia de Valencia, se opusieron rotundamente a esta petici¨®n. Latorre fue claro ante el tribunal: "El crimen se produjo con sa?a, para incrementar voluntariamente el dolor de forma gratuita y superflua". Ricart fue condenado en septiembre de 1997 a 170 a?os de prisi¨®n como autor de tres delitos de asesinato y rapto y cuatro de violaci¨®n. Seg¨²n el fallo, consecuencia de un juicio celebrado a lo largo de 49 sesiones, las v¨ªctimas del macabro crimen -Miriam Garc¨ªa, Desir¨¦e Hern¨¢ndez y Antonia G¨®mez, de entre 14 y 15 a?os- fueron golpeadas con palos y piedras y una de ellas acuchillada antes de ser asesinadas de un disparo en la cabeza. En ese sentido, otra de las representantes de la acusaci¨®n popular, Luisa Ram¨®n, critic¨® sin tapujos las tesis del padre de una de las v¨ªctimas del crimen. El abogado que representa a la familia de Antonia G¨®mez, Fernando Garc¨ªa Canela, asegur¨® que Ricart es inocente de una de las cuatro violaciones de las que fue acusado, extremo que ni siquiera pone en entredicho la defensa. Ram¨®n record¨® y critic¨® -en velada referencia al padre Miriam, Fernando Garc¨ªa, sin representaci¨®n en esta vista porque su recurso no fue presentado en tiempo y forma- la frecuencia con que se dieron este tipo de situaciones en el juicio celebrado en Valencia. Segundo recurso Garc¨ªa Canela, adem¨¢s, defendi¨® el segundo recurso presentado contra la sentencia del caso Alc¨¤sser. Demand¨® que el Estado indemnice con 200 millones de pesetas a las familias de cada una de las v¨ªctimas como responsable civil subsidiario de los actos de Ricart. El letrado defendi¨® sus tesis recordando que, cuando se cometieron los hechos, en noviembre de 1992, El Rubio estaba en busca y captura. Si su arresto se hubiera producido, "no estar¨ªamos hoy aqu¨ª", dijo. La Audiencia absolvi¨® al Estado y conden¨® al ¨²nico juzgado por el caso a pagar 100 millones de pesetas a las familias de las tres v¨ªctimas, cantidad que ni se ha hecho ni se har¨¢ efectiva dada la manifiesta insolvencia de Ricart. El abogado del Estado se volvi¨® a oponer a la petici¨®n de Garc¨ªa Canela, ya solicitada por varias acusaciones en el primer juicio. En su opini¨®n, no puede atribuirse a las autoridades "una dejaci¨®n de funciones" porque uno de los autores de los hechos fuera un pr¨®fugo. Adem¨¢s, record¨®, Ricart no tiene ninguna vinculaci¨®n con la Administraci¨®n. Las acusaciones populares no se pronunciaron sobre la petici¨®n de la familia de Antonia G¨®mez. El fiscal, por contra, tambi¨¦n se opuso. Los magistrados har¨¢n p¨²blico su fallo en unos 15 d¨ªas. El presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Jos¨¦ Jim¨¦nez Villarejo, ser¨¢ el ponente de la resoluci¨®n al recurso presentado por el ¨²nico condenado por el triple crimen. De hecho, el principal sospechoso de los asesinatos, Antonio Angl¨¦s, contin¨²a en paradero desconocido, siete a?os y medio despu¨¦s de los hechos. As¨ª, la sentencia redactada por el presidente de la secci¨®n segunda de la Audiencia de Valencia, Mariano Tom¨¢s Ben¨ªtez, apuntaba que las adolescentes fueron raptadas, torturadas, violadas y asesinadas de un tiro en el paraje de la Romana, en Tous, por Ricart, "en compa?¨ªa de otro var¨®n identificado y posiblemente de alguna persona m¨¢s". El fallo recomendaba que continuaran las pesquisas, a¨²n abiertas, por la "alta probabilidad de que otras personas" hubieran intervenido en los hechos.