Menos masacres, m¨¢s paros armados: la ONU alerta de la consolidaci¨®n de los grupos ilegales en Colombia

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha publicado este lunes su informe anual sobre la situaci¨®n de Colombia en 2024, en el que alerta que la presencia de los grupos armados con sus ¡°estrategias violentas de control¡± siguen golpeando a la poblaci¨®n civil a pesar de los intentos del Gobierno de conseguir una paz total. La violencia afecta desproporcionadamente m¨¢s a las comunidades afros, ind¨ªgenas y campesinas. Muchos de ellos consideran que el conflicto armado, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, nunca se fue.

Las cifras, en algunos rubros, son alentadoras. Seg¨²n el conteo de la ONU, el n¨²mero de masacres verificadas cay¨® en un a?o un 27%, a 72 casos. Tambi¨¦n hubo una disminuci¨®n de los asesinatos a los excombatientes de las FARC (31% menos), de las v¨ªctimas por minas antipersonas (10,5% menos) y del n¨²mero de personas desplazadas (18% menos, 51.623 registradas). Pero a¨²n persisten graves fen¨®menos como el confinamiento de personas, que creci¨® un 58%, o el reclutamiento forzado de menores de edad. En 2024, el organismo document¨® 216 casos de ese crimen contra los menores, entre los que hay 86 ni?as. Varios de los peque?os son torturados y, posteriormente, asesinados.

¡°Nuestra gran preocupaci¨®n es la protecci¨®n de la poblaci¨®n civil. Cualquier pol¨ªtica deber¨ªa tomar este punto como gran objetivo y si eso no se cumple, como hemos visto con algunos datos, algo hay que revisar¡±, se?ala por llamada Juan Carlos Monge, representante de la oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos.

Entre las inquietudes de este organismo destaca el control social y pol¨ªtico que han vuelto a ejercer los grupos armados. Situaciones como los constantes paros armados ilegales impuestos por el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) en departamentos como el Choc¨®, o los enfrentamientos entre guerrillas como el ocurrido en enero en el Catatumbo (al haber ocurrido este a?o no consta en el informe), han profundizado las vejaciones contra la poblaci¨®n civil. El informe pone de ejemplo a Norte de Santander, en donde la ONU registr¨® que un grupo ¡°estableci¨® centros de rehabilitaci¨®n para j¨®venes consumidores de sustancias psicoactivas en los que act¨²a impartiendo justicia en casos de delincuencia y violencia intrafamiliar¡±. Un estudio del PNUD apunta que la percepci¨®n de que el Estado imparte justicia en los territorios ha ca¨ªdo unos 20 puntos en tres a?os.

El estado de los defensores de derechos humanos en el pa¨ªs es otra de las grandes preocupaciones para el Acnudh. El organismo recibi¨® el a?o pasado 191 denuncias de homicidios de estas personas, de las cuales pudo verificar que en 89 casos el asesinato estaba vinculado a su labor. Las amenazas contra este sector son m¨¢s amplias: 569, de las cuales 200 fueron contra mujeres y 16 contra personas del colectivo LGBTI.

El informe recalca en que uno de los grandes desaf¨ªos es ¡°generar una acci¨®n m¨¢s articulada y eficaz entre los diversos ministerios¡±, adem¨¢s de estrechar la colaboraci¨®n entre el Ejecutivo central y los gobiernos territoriales con el fin de implementar las pol¨ªticas p¨²blicas con respecto a defensa y derechos humanos. ¡°Se necesita fortalecer la gobernabilidad en todas las regiones del pa¨ªs. El Estado tiene que estar presente en todos sus territorios: no puede haber zonas vedadas. Adem¨¢s, la oferta institucional debe ser completa: salud, educaci¨®n o vivienda¡±, exhorta Monge.

Seg¨²n el conteo de la ONU, en 2024 el Gobierno de Gustavo Petro estaba llevando a cabo 12 procesos simult¨¢neos de di¨¢logo con distintos grupos armados. Entre ellos destacan las conversaciones con el ELN, el Estado Mayor Central (una disidencia de las FARC), el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur. ¡°Existe una enorme expectativa e inter¨¦s frente a estos procesos por parte de las comunidades afectadas por la violencia y los conflictos armados¡±, se?ala el informe. El que m¨¢s ha avanzado en los ¨²ltimos meses ha sido el de los Comuneros, quienes ya firmaron un protocolo para la destrucci¨®n de sus armas. A finales del a?o pasado, ya se hab¨ªa pactado un alto el fuego y la entrega de otros artefactos como municiones y granadas.

A pesar del progreso con este grupo, el di¨¢logo con otros se estanca. El Gobierno congel¨® el proceso con el ELN tras la escalada de violencia en el Catatumbo en enero, y calific¨® sus acciones de ¡°cr¨ªmenes de guerra¡±. A su vez, Petro decidi¨® excluir de la mesa con el Clan del Golfo a tres jefes de esta agrupaci¨®n, incluido Jes¨²s ?vila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, el l¨ªder m¨¢ximo. Tampoco ha ayudado la captura de alias Ara?a a mediados de febrero para las conversaciones con los Comandos de la Frontera, que ha provocado un clima de incertidumbre de otros grupos que piden garant¨ªas para dialogar.

El Acnudh pone en valor el impulso que le ha dado el Gobierno a la implementaci¨®n del Acuerdo de Paz a trav¨¦s del ¡°plan de choque¡± que present¨® en octubre el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ante la ONU. Su desarrollo a¨²n est¨¢ pendiente, pues tras la transmisi¨®n del Consejo de Ministros, se precipit¨® la salida de Cristo y de otros ministros claves para esta estrategia.

Para Monge, la prioridad debe ser trabajar hacia la prevenci¨®n y protecci¨®n de civiles mientras se desarrollan los di¨¢logos de paz y las acciones militares (como en el Cauca o el Catatumbo). ¡°El Gobierno ha hecho enormes esfuerzos y ha tomado acciones muy valientes, muy bien orientadas, pero todos estos esfuerzos a la luz de los hechos parecen ser insuficientes por ahora y hay que redoblarlos¡±, apunta. Si la implementaci¨®n falla o se retrasa, a?ade el representante, las violaciones de derechos humanos en el pa¨ªs mantendr¨¢n su curva ascendente.