Frente al muro

LOS CRITERIOS que quiere aplicar la Comisi¨®n de la Uni¨®n Europea para autorizar las ayudas el¨¦ctricas constituyen, en primer lugar, una reivindicaci¨®n de las posiciones que en Espa?a defendi¨® con tes¨®n e imparcialidad el ex presidente de la Comisi¨®n El¨¦ctrica Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez para oponerse a lo que consideraba excesivo volumen de dinero concedido a las empresas y despu¨¦s a la titulizaci¨®n de los 1,3 billones de pesetas. Tambi¨¦n constituye un rev¨¦s severo y sonoro a quienes, como el ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, o el propio vicepresidente Rodrigo Rato, pretendieron descalificar los abundantes argumentos t¨¦cnicos de Fern¨¢ndez Ord¨®?ez en contra de la cuantificaci¨®n y forma de pago de los famosos Costes de Transici¨®n a la Competencia (CTC) con acusaciones de parcialidad -algunas ofensivas- y supuestos errores en los c¨¢lculos. Si la metodolog¨ªa que la Comisi¨®n ha comunicado al Gobierno espa?ol se aplica tal como est¨¢ hoy redactada -algo improbable, porque en la reuni¨®n convocada para el 14 de junio se multiplicar¨¢n las presiones para dulcificar el texto-, las el¨¦ctricas espa?olas no s¨®lo deber¨ªan conformarse con menos de 1,3 billones, sino que probablemente no recibir¨ªan una sola peseta.La metodolog¨ªa europea constituye, adem¨¢s, un desmentido tajante a la pretensi¨®n de las empresas el¨¦ctricas, expresadas en alg¨²n caso con tono desafiante, de que les asiste el derecho a percibir una compensaci¨®n por el cambio desde un r¨¦gimen el¨¦ctrico regulado a otro liberalizado. La Comisi¨®n deja claro que no reconoce derecho alguno a las rentas obtenidas en el mercado regulado anterior; establece que las ayudas p¨²blicas -porque de eso se trata, las pague el Estado o el consumidor- est¨¢n rigurosamente vinculadas al impacto econ¨®mico demostrable que tenga la liberalizaci¨®n del mercado el¨¦ctrico sobre la cuenta de resultados de las empresas y condicionadas a que, sin ellas, la viabilidad empresarial est¨¦ en peligro. Mal pueden cumplir tales requisitos compa?¨ªas cuyos beneficios anuales superan los 100.000 millones de pesetas. Por si esto fuera poco, el m¨¦todo de c¨¢lculo que desea aplicar la Comisi¨®n, el que en Espa?a defendi¨® Fern¨¢ndez Ord¨®?ez para oponerse a la titulizaci¨®n de las ayudas, implica una revisi¨®n anual que producir¨ªa ayudas muy peque?as o inexistentes.

Al margen de los intereses particulares de las el¨¦ctricas, que han defendido para s¨ª compensaciones m¨¢s que billonarias a pesar de sus cuentas de resultados, el Gobierno es el responsable de este fiasco. A la espera de lo que suceda el 14 de junio. El Ministerio de Industria de Josep Piqu¨¦ ten¨ªa la obligaci¨®n de saber que la Comisi¨®n dif¨ªcilmente admitir¨ªa el pago de ayudas globales a empresas con semejantes beneficios; que Bruselas ignorar¨ªa conceptos que no fueran el de exenci¨®n a la competencia o ayuda p¨²blica, y que rechazar¨ªa plazos tan largos como los m¨¢s de diez a?os fijados para los CTC.

Piqu¨¦ y su equipo han enfocado p¨¦simamente este asunto. De entrada, negociaron con las el¨¦ctricas unas compensaciones que cualquier espectador imparcial calificar¨ªa de abusivas, sin tener en cuenta las opiniones de los consumidores; despu¨¦s, ignoraron las advertencias de la Comisi¨®n El¨¦ctrica, cuyo presidente se hart¨® de predicar en el desierto en contra del extra?o m¨¦todo de c¨¢lculo de los CTC y del fraude de hecho que supon¨ªa titulizar una parte de ellos, y, para terminar, Industria ha actuado pol¨ªticamente de forma autista, como si la Comisi¨®n no tuviese que decir la ¨²ltima palabra sobre tan billonaria exacci¨®n en Espa?a. Sin mencionar la fea maniobra de meter de tapadillo una enmienda en la Ley de Acompa?amiento del Presupuesto para garantizar una aprobaci¨®n r¨¢pida y sin el conocimiento de los usuarios de la enmienda que permite la titulizaci¨®n, es decir, cobrar por adelantado parte de las ayudas.

Pues bien, el Gobierno que tanto defendi¨® m¨¦todos tan discutibles, con Piqu¨¦ a la cabeza, est¨¢ ahora frente al muro de la Comisi¨®n. Es significativo que las pocas iniciativas que se han tomado para proteger la competencia en Espa?a provengan de Bruselas. Este Gobierno bastante tiene, al parecer, con afanarse en entregar a determinados grupos de presi¨®n todo lo que le solicitan.