La destrucci¨®n del marjal de Pego-Oliva sigue a pesar de la aprobaci¨®n del plan de ordenaci¨®n Los propietarios y los ayuntamientos no han recibido informaci¨®n sobre usos permitidos

Las transformaciones, desv¨ªos de canales, el cultivo de hortalizas y los trabajos en los arrozales no han cesado en el marjal de Pego-Oliva. Dieciocho d¨ªas despu¨¦s de la aprobaci¨®n del Plan de Ordenaci¨®n de Recursos Naturales (PORN) del parque natural, el pasado 4 de mayo, las estaciones de bombeo que funcionan en el coraz¨®n y junto a la Muntanyeta Verda, no han cesado de extraer agua de los canales con el objetivo de desecar el humedal. La destrucci¨®n del marjal prosigue pese al auto del juzgado de D¨¦nia que proh¨ªbe toda transformaci¨®n y al plan que delimita los usos en el enclave.

No hay tregua por parte de un grupo de trabajadores que cuentan con el apoyo del alcalde de Pego, Carlos Pascual, y la Comunidad de Regantes. El propio Pascual exhibi¨® el pasado 14 de mayo un v¨ªdeo, que hab¨ªa sido grabado ¨¦se mismo d¨ªa, ante cerca de 500 personas reunidas en el teatro municipal en el que se mostraban todas las obras "ilegales" realizadas en el parque natural con fondos municipales. Pascual intentaba demostrar a los asistentes a ese acto que las acusaciones que sobre ¨¦l recaen por delitos contra el marjal "no son m¨¢s que difamaciones de los medios de comunicaci¨®n y de los pol¨ªticos de turno", y que sus actuaciones no tienen otro prop¨®sito que el de "recuperar el cultivo tradicional" que se hac¨ªa en el humedal, manifest¨®. S¨®lo en el periodo de marzo a noviembre de 1998, el consistorio, con el voto a favor del equipo de gobierno formado por el PP e independientes, aprob¨® partidas por m¨¢s de 40 millones de pesetas para trabajos en el parque. Precisamente esta semana se ha sabido que el Ministerio de Hacienda a amonestado a Pego por el "incumplimiento de la Ley de Presupuestos" ya que su deuda, de un 156%, supera el l¨ªmite permitido. Desde los grupos ecologistas y la oposici¨®n se ha criticado la capacidad del PORN para proteger el parque natural de Pego-Oliva si no se obliga al cumplimiento de la protecci¨®n del paraje. Medidas que deber¨ªan pasar por "hacer efectivo el auto de paralizaci¨®n, la compra de terrenos, desmantelar las bombas de extracci¨®n de agua, y aplicar la vigilancia y control de las actividades que regula el PORN", como propone el Grup Ecologista Samaruc. PSPV y EU tambi¨¦n se han manifestado en este sentido. Por su parte, el BNV-Els Verds considera imprescindible que se inicie "un di¨¢logo claro" con los propietarios de terrenos en el marjal y se realice un "plan socioecon¨®mico" sobre el impacto que supondr¨¢ el plan de usos en los dos municipios afectados, Oliva y Pego. La ley no se impondr¨¢ Pero el consejero de Medio Ambiente, Jos¨¦ Manuel Castell¨¢, lo dej¨® bien claro en la comparecencia ante la Diputaci¨®n Permanente de las Cortes Valencianas convocada con car¨¢cter extraordinario para explicar la situaci¨®n que se vive en el marjal: no impondr¨¢ la ley por la fuerza para evitar crispar m¨¢s la situaci¨®n, y confi¨® en la justicia y el PORN para acabar con el conflicto. En una visita reciente a Gandia, para la presentaci¨®n de la lista de UV a la alcald¨ªa de la capital de La Safor en la que el consejero concurre como n¨²mero dos, Castell¨¢ apost¨® por "compatibilizar los cultivos agr¨ªcolas con la zona natural del marjal". No fij¨® plazos y abog¨® por el di¨¢logo y la compra de terrenos. Seg¨²n fuentes de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, la Generalitat lleva adquiridas, o en tr¨¢mite de compra, 1.200 hanegadas a los peque?os propietarios del parque. Pero seg¨²n fuentes consultadas por este diario, ni los propietarios de terrenos en el humedal, ni los ayuntamientos de Pego y Oliva, han recibido comunicaci¨®n o documentaci¨®n alguna sobre el PORN. Desconocen su contenido salvo por los medios de comunicaci¨®n o la informaci¨®n que han tenido que buscar por su cuenta. Carlos Pascual ya ha anunciado que su equipo de gobierno en el consistorio de pego piensa recurrir el PORN. Por su parte, la Asociaci¨®n Valenciana de Agricultores (AVA) interpuso el pasado viernes un recurso contencioso administrativo para impugnar el decreto por el que se aprob¨® el PORN. El conflicto no tiene visos de acabar.