La cosa p¨²blica crece en precario

Charles Chaplin, Charlot, era constantemente atropellado por la velocidad de la m¨¢quina deshumanizada en su pel¨ªcula Tiempos modernos. Jos¨¦ Emilio Cervera, subsecretario para la Modernizaci¨®n de las Administraciones P¨²blicas, conocido como el moderno, hubiera querido imprimir otro ritmo a la m¨¢quina de la Administraci¨®n auton¨®mica, pero el aparato no ha adelgazado. Todo lo contrario, ha engordado a trav¨¦s de un sospechoso fomento de la inestabilidad de las plazas que ocupan los servidores p¨²blicos. Los populares afrontaron con muchas suspicacias el pesado instrumento de la cosa p¨²blica de la Generalitat, dise?ado y construido bajo administraci¨®n socialista. Sin prisa, pero sin pausa, y sobre todo sin concursos, la gesti¨®n desarrollada durante la presente legislatura indica a las claras la intenci¨®n de situar funcionarios afines en los puestos de m¨¢xima responsabilidad de la Administraci¨®n. Un 30% de los 15.786 funcionarios adscritos a la Direcci¨®n General de la Funci¨®n P¨²blica ocupan plazas que no han ganado por concurso. La Generalitat asegura que ha intentado poner orden. Pero ha necesitado cuatro a?os para establecer sus necesidades reales antes de convocar la primera oferta de empleo p¨²blico. Sin embargo, s¨ª ha avanzado por otros derroteros. La legislaci¨®n b¨¢sica sobre funci¨®n p¨²blica establece que las plazas de funcionarios se adquieren por concurso de m¨¦ritos o por libre designaci¨®n, una f¨®rmula reservada para los puestos de m¨¢xima responsabilidad pero tambi¨¦n sometida a una comisi¨®n de control. Existen f¨®rmulas de provisi¨®n de plazas para atender necesidades claves durante un tiempo limitado como la comisi¨®n de servicio o la adscripci¨®n temporal. Para acceder a un puesto en comisi¨®n de servicio basta con tener la titulaci¨®n adecuada y el favor del responsable de la designaci¨®n. Los retrasos en la convocatoria de oposiciones obligan, en ocasiones, a recurrir a la contrataci¨®n de personal interino, designado sin necesidad de recurrir al concurso. La ley de acompa?amiento de los primeros presupuestos elaborados por el Consell que preside Eduardo Zaplana inclu¨ªa un retoque en la ley de funci¨®n p¨²blica para convertir la comisi¨®n de servicios en una forma reglamentaria de provisi¨®n de puestos y eliminar su car¨¢cter temporal. Los responsables de Administraci¨®n P¨²blica han reiterado que s¨®lo pretend¨ªan hacer frente a una situaci¨®n de hecho, pero la normalizaci¨®n de la comisi¨®n de servicio tiene un efecto perverso: los funcionarios que ocupan un puesto superior al que ganaron por concurso se sienten obligados ante sus superiores mucho m¨¢s que avalados por sus propios m¨¦ritos. En paralelo, el Consell se embarc¨® en un denominado proceso de funcionarizaci¨®n, para reconvertir a cerca de 2.000 empleados p¨²blicos de car¨¢cter laboral en funcionarios de pleno derecho de acuerdo con los servicios que prestaban. La Administraci¨®n creada por los socialistas ten¨ªa evidentes lagunas en ese aspecto. La opci¨®n por el personal laboral provoc¨® serios desajustes cuando empezaron a crecer las competencias y el volumen de fondos controlados por la Generalitat. Pero todos los intentos por normalizar la situaci¨®n y elevar a la categor¨ªa de funcionarios a cientos de contratados laborales fueron sistem¨¢ticamente bloqueados por la oposici¨®n parlamentaria que denunciaba el amiguismo en la selecci¨®n. Una vez en el poder, el PP asumi¨® la tarea y pact¨® con los sindicatos unos m¨ªnimos para resolver la situaci¨®n. El acuerdo se extendi¨® hasta el ¨²ltimo detalle y s¨®lo la desidia explica que algunos servidores p¨²blicos afectados por la medida no lograran consolidar su plaza. El proceso est¨¢ pr¨¢cticamente culminado, pero durante casi dos a?os se ha convertido en la mejor excusa para aplazar cualquier convocatoria de empleo p¨²blico. Los sueldos de los funcionarios permanecieron congelados durante los dos primeros a?os de gesti¨®n del PP. Pero una oportuna reclasificaci¨®n de los puestos de trabajo garantiz¨® la paz social. Los populares elevaron la categor¨ªa de la gran mayor¨ªa de funcionarios dos puntos y compensaron con creces la p¨¦rdida de poder adquisitivo de los empleados p¨²blicos, que exig¨ªa la convergencia monetaria con la Uni¨®n Europea. Las buenas relaciones con los sindicatos se prolongaron durante las negociaciones de los decretos correspondientes a la jornada laboral y al reglamento que recoge la relaci¨®n de puestos de trabajo y las v¨ªas de acceso a los mismos. El primero contiene la jornada partida para diversos puestos de atenci¨®n al ciudadano, una propuesta que gener¨® resistencias. Pero el car¨¢cter progresista de varias medidas recogidas en la misma norma abland¨® la posici¨®n de los sindicatos. La posibilidad de disfrutar de a?os sab¨¢ticos para mejorar la calificaci¨®n profesional o la consideraci¨®n de las parejas de hecho a efectos de permisos matrimoniales, entre otras mejoras, fueron muy celebradas por su car¨¢cter progresista cuando se pactaron ambos decretos en junio de 1998. Uno de los principales escollos para pactar el reglamento de provisi¨®n de puestos era un punto relativo, una vez m¨¢s, a la comisi¨®n de servicios. El Consell pretend¨ªa que los funcionarios designados de forma temporal consolidaran el grado y los complementos salariales correspondientes si ocupaban puestos de rango superior. La consolidaci¨®n del grado adquiere singular importancia para la calificaci¨®n de posibles concursos futuros. Los sindicatos lograron frenar las pretensiones del Consell. Pero la apuesta era decisiva. Los decretos pactados en junio de 1998 fueron aprobados varios meses m¨¢s tarde con una ligera modificaci¨®n. La comisi¨®n de servicio volv¨ªa a ser el caso. El Consell introdujo la consolidaci¨®n del grado para los funcionarios designados sin concurso y aleg¨® que respond¨ªa a las exigencias formuladas por el Consell Jur¨ªdic Consultiu. El argumento ca¨ªa por su propio peso porque es norma del ¨®rgano consultivo informar exclusivamente sobre los textos sometidos a su consideraci¨®n, nunca sugerir a?adidos. El revuelo se aplac¨®, temporalmente, cuando el Consell se comprometi¨® a convocar m¨¢s de 1.000 plazas de empleo p¨²blico durante este a?o. La oferta de la Administraci¨®n fue erradicar las situaciones temporales o de precariedad laboral en un 75% durante los tres pr¨®ximos a?os. La concreci¨®n de la primera convocatoria de empleo p¨²blico de cierta importancia result¨® decisiva para aflojar la presi¨®n. Sin embargo, CC OO acudi¨® a la v¨ªa judicial. El Tribunal Superior de Justicia puede tardar a?os en dictar una sentencia definitiva sobre el asunto de las comisiones de servicio. Pero, de entrada, ha suspendido de forma cautelar el punto relativo a la consolidaci¨®n del grado invocando la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado. Los responsables de Administraci¨®n P¨²blica han recurrido la decisi¨®n y atribuyen la posici¨®n de CC OO a un fundamentalismo absurdo. Pero la decisi¨®n judicial pone en entredicho toda una forma de proceder. El Consell apuesta por una Administraci¨®n profesional en la que los grupos inferiores, las categor¨ªas D y E, est¨¢n condenadas a desaparecer. El argumento que sostiene la apuesta es que la contrataci¨®n externa de los puestos de trabajo correspondientes a bedeles o telefonistas, por ejemplo, resulta mucho m¨¢s barata y permite aligerar la n¨®mina en cualquier momento. Los altos funcionarios son la clave. En la actualidad, la Administraci¨®n auton¨®mica cuenta con 1.552 funcionarios adscritos al grupo A que no ocupan su plaza en propiedad. Los responsables de Administraci¨®n P¨²blica rechazan el t¨¦rmino precariedad, que s¨®lo afecta a los interinos y a los empleados laborales temporales. Pero la libre designaci¨®n genera servidumbres indeseables. Si el recurso contra el auto del TSJ prospera y la consolidaci¨®n del grado en la comisi¨®n de servicio es admitida, 1.000 servidores p¨²blicos de la m¨¢xima categor¨ªa, designados por voluntad pol¨ªtica, empezar¨¢n a sumar puntos para futuras convocatorias de empleo. La misi¨®n se habr¨¢ cumplido. El PP tendr¨¢ un instrumento para colocar a funcionarios afines en los puestos de m¨¢ximaresponsabilidad. Una excusa legal para caer en la tentaci¨®n que atribuyeron a sus predecesores.