La deuda, a la lavadora

Los populares accedieron a la Generalitat cuando los Estados miembros de la Uni¨®n Europea se hallaban inmersos en un proceso de convergencia econ¨®mica que impon¨ªa serias restricciones a los indicadores de deuda p¨²blica. Formalmente la Generalitat Valenciana ha cumplido las exigencias impuestas en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, la deuda no ha dejado de aumentar, eso s¨ª, adecuadamente centrifugada. En 1995 la deuda de la Generalitat reconocida por el Banco de Espa?a ascend¨ªa a 434.000 millones de pesetas. El grueso correspond¨ªa a deuda a largo plazo, el recurso de las diversas administraciones para afrontar grandes obras de infraestructura que escapan a las dotaciones de los presupuestos anuales, algo as¨ª como la hipoteca del piso. A finales de 1996, Jos¨¦ Luis Olivas, consejero de Econom¨ªa y Hacienda, protagoniz¨® un sonoro enfrentamiento con el Banco de Espa?a a prop¨®sito del volumen de la deuda. La entidad emisora comput¨® por primera vez la deuda a corto plazo en sus estimaciones sobre las obligaciones pendientes. Aclarado el entuerto, Olivas descubri¨® un mecanismo para quitarse de las manos las obligaciones pendientes a corto plazo, la deuda contra¨ªda habitualmente para garantizar el buen funcionamiento diario de las instituciones, algo as¨ª como el cr¨¦dito para pagar las vacaciones. Durante los dos a?os siguientes, el Consell ha trasladado m¨¢s de 100.000 millones de deuda contra¨ªda a corto plazo a la calificaci¨®n de largo. En ambos casos se ha invocado el descenso de los tipos de inter¨¦s para recalificar la deuda y aliviar la tesorer¨ªa de la Generalitat. Pero el recurso entra?a una perversi¨®n, y es la posibilidad de arrastrar durante a?os las obligaciones contra¨ªdas para garantizar el gasto corriente y afrontar el d¨ªa a d¨ªa. Seg¨²n el Banco de Espa?a, la deuda de la Generalitat a finales de 1998 ascend¨ªa a 608.000 millones. La deuda sucia es pesada, pero la deuda trasladada a la lavadora tampoco ha dejado de crecer. Las empresas p¨²blicas de la Generalitat acumulaban en 1995 obligaciones a largo plazo que ascend¨ªan a 61.000 millones de pesetas. Cuatro a?os despu¨¦s, a pesar de la constituci¨®n de una denominada comisi¨®n de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico -el eufemismo utilizado para suavizar el t¨¦rmino privatizaci¨®n-, la Generalitat ha creado tres nuevas empresas p¨²blicas: Sociedad Parque Tem¨¢tico de Alicante, Proyecto Cultural de Castell¨®n y Circuito de Motor y Promoci¨®n del Deporte. Las nuevas sociedades apenas han empezado a endeudarse, pero las obligaciones contra¨ªdas por el conjunto de las empresas p¨²blicas, seg¨²n los presupuestos de 1999, ascienden a 174.000 millones. Los populares han denunciado reiteradamente que heredaron un plan de inversiones en las universidades que carec¨ªa de dotaci¨®n presupuestaria. Y lo afrontaron, pero a costa de una emisi¨®n de deuda a 25 a?os por parte de las propias universidades. La emisi¨®n de obligaciones garantizada por la Generalitat asciende a 75.000 millones. La aplicaci¨®n de la LOGSE ha provocado un problema similar. Y soluciones imaginativas del mismo tenor. Ayuntamientos y diputaciones provinciales han asumido compromisos a corto plazo para construir nuevos centros escolares cuyo pago es garantizado por la Generalitat a largo plazo. La necesidad de cerrar el mapa escolar en la Comunidad Valenciana ha llevado a los populares a modificar incluso el objeto social del Instituto Valenciano de la Vivienda, empresa destinada a cubrir la demanda de vivienda, para que pueda afrontar la construcci¨®n de escuelas. Las obligaciones distribuidas entre administraciones y organismos p¨²blicos para dotar las inversiones en Educaci¨®n no son f¨¢cilmente cuantificables. Pero deben sumarse a la deuda de 850.000 millones que acumulan las partidas que reconoce el Banco de Espa?a, las que acumulan las empresas p¨²blicas y las destinadas al plan de financiaci¨®n de las universidades.