Escuchas, no

SI HAB?A alguna duda sobre la ilegalidad del sistema de escuchas aleatorias del Cesid, ha quedado despejada. La condena de todos los implicados en el caso de las escuchas del Cesid, incluido el que fue durante 14 a?os director del Centro Superior de Informaci¨®n para la Defensa, general Alonso Manglano, pone de manifiesto que, a efectos legales, tanto da invadir la intimidad de las personas por tel¨¦fono convencional o por cable que por tel¨¦fono m¨®vil, si se act¨²a sin la cobertura legal adecuada o a espaldas del juez. La Secci¨®n D¨¦cimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que enjuici¨® el caso durante varias semanas, considera que s¨®lo un concepto err¨®neo de la seguridad nacional y un d¨¦bil sentido de la legalidad pueden explicar el dise?o de una pol¨ªtica que suponga "la masiva violaci¨®n del derecho de los ciudadanos a disfrutar de intimidad comunic¨¢ndose sin interferencias ilig¨ªtimas".La decisi¨®n condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid era previsible. S¨®lo hab¨ªa que analizar con atenci¨®n la doctrina expuesta en el auto por el que se pronunci¨®, hace tres a?os, en contra del archivo judicial del caso y orden¨® su reapertura. En virtud de esa doctrina, plenamente congruente con la Constituci¨®n y con el Estado de derecho, a los entonces responsables del Cesid les era pr¨¢cticamente imposible justificar una actuaci¨®n que supon¨ªa entrar a saco en la intimidad de las comunicaciones privadas de muchos ciudadanos (ministros, pol¨ªticos, hombres de negocios, periodistas, e incluso el Rey). Como era dificil sostener ante un tribunal que el director del Cesid desconoc¨ªa el dise?o del sistema de escuchas puesto en pr¨¢ctica por el entonces jefe de operaciones especiales, Juan Alberto Perote, y cinco agentes pertenecientes al gabinete de escuchas. El tribunal condena a seis meses de arresto y ocho a?os de inhabilitaci¨®n a Alonso Manglano y a Perote, y a cuatro meses de arresto y seis a?os de inhabilitaci¨®n a los cinco agentes. Todos han anticipado que recurrir¨¢n.

A modo de glosa, el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, ha dicho que la sentencia constituye "un reflejo de la etapa del felipismo, en la que la corrupci¨®n imperaba". Tal afirmaci¨®n no deja de ser una de esas tontadas que dicen a menudo los pol¨ªticos, especialmente en periodos electorales. Como lo ser¨ªa afirmar que el caso de las escuchas ilegales protagonizado por el Cesid hace un a?o en la sede de Herri Batasuna refleja tal o cual aspecto de la actual etapa del Gobierno del PP. El problema es otro y seguramente m¨¢s grave. Lo que la sentencia se?ala es la existencia de una doctrina sobre la seguridad del Estado incompatible con la Constituci¨®n, que desgraciadamente persiste en el tiempo y sobrevive a los gobiernos. Y, de paso, apunta a una cuesti¨®n verdaderamente enrevesada: c¨®mo articular un marco legal de actuaci¨®n del Cesid que concilie el leg¨ªtimo derecho del Estado democr¨¢tico a prevenirse de las amenazas de signo involucionista o terrorista con el respeto a los derechos individuales de sus ciudadanos. Gobierno y Parlamento tendr¨¢n que ponerse a pensar en serio sobre ello a partir de esta sentencia.