Econom¨ªa abre expediente a los colegios m¨¦dicos por los precios de los certificados

Para obtener un certificado m¨¦dico, los ciudadanos espa?oles deben empezar por pagar entre 348 y 2.000 pesetas por un impreso editado por el colegio m¨¦dico de su provincia. Un dictamen del Consejo de Estado y tres sentencias del Supremo establecen que los colegios no deber¨ªan cobrar por los impresos m¨¢s que el coste de su edici¨®n y distribuci¨®n, que ronda las 100 o 200 pesetas. La Direcci¨®n General de Defensa de la Competencia, perteneciente al Ministerio de Econom¨ªa, ha aceptado a tr¨¢mite la denuncia de un particular sobre este asunto y ha decidido abrir expediente sancionador contra ocho colegios provinciales y contra el Consejo General de Colegios Oficiales de M¨¦dicos.

Los ciudadanos se ven obligados a adquirir impresos de certificados m¨¦dicos -en Espa?a se emiten unos 10 millones al a?o- en numerosas situaciones: para que les admitan al ni?o en una guarder¨ªa o en una escuela, para ingresar en la Universidad, para viajar a ciertos pa¨ªses, para acceder a una pensi¨®n, obtener ciertos t¨ªtulos y tramitar actas de defunci¨®n y permisos de exhumaci¨®n, entre otras muchas circunstancias. Los colegios m¨¦dicos de cada provincia son los que editan esos impresos. Y tambi¨¦n los que deciden sus precios, con una gran liberalidad de criterio (v¨¦ase gr¨¢fico).Estos precios se refieren exclusivamente a la adquisici¨®n del impreso. Los costes de las pruebas m¨¦dicas necesarias para cumplimentar luego el certificado deben ser independientes, seg¨²n el dictamen del Consejo de Estado del 12 de enero de 1984, que explicita: "Debe descartarse radicalmente que el importe del impreso pueda imputarse a la retribuci¨®n de la actividad facultativa desarrollada por el profesional m¨¦dico que expide las certificaciones".

No todos los colegios provinciales aducen el cobro de honorarios m¨¦dicos para justificar el precio de los impresos. Algunos apelan, en unos sellos o taloncillos adheridos al impreso, a conceptos variables, como "contribuci¨®n al patronato de viudas y hu¨¦rfanos", "reconocimiento de firma", "porcentaje de honorarios m¨ªnimos profesionales" y otros similares.

Los colegios a los que ahora se abre expediente "por pr¨¢cticas restrictivas de la competencia prohibidas" son los de Baleares, Cantabria, Girona, C¨¢diz, Huelva, Guip¨²zcoa, Castell¨®n y Alicante. Sin embargo, Defensa de la Competencia deja abierta la v¨ªa para ampliar la actuaci¨®n a "cualesquiera otras personas o entidades que pudieran aparecer vinculadas con los hechos denunciados".

La restricci¨®n del expediente a esos ocho colegios se debe al car¨¢cter parcial de la denuncia que lo ha provocado, pero Defensa de la Competencia puede actuar de oficio para ampliar el expediente a cualquiera de los 52 colegios m¨¦dicos espa?oles. Al menos en 23 provincias, esos precios son superiores a las 500 pesetas, y al menos en 15 de ellas superan las 1.500 pesetas. Todos estos montos est¨¢n muy por encima del coste de la edici¨®n y distribuci¨®n del impreso, que es lo que deber¨ªan cobrar los colegios, seg¨²n el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Sanidad.

Por estos sobrecostes, los colegios espa?oles ingresan cada a?o entre 300 millones de pesetas (seg¨²n admiten fuentes del Consejo) y 800 millones (seg¨²n una querella presentada por el abogado madrile?o Jos¨¦ Ignacio Corman).

Sanciones econ¨®micas

El expediente deber¨¢ resolver si los colegios oficiales est¨¢n violando la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. Los colegios m¨¦dicos tienen la exclusiva sobre la edici¨®n de los impresos -con la excepci¨®n de los certificados para el permiso de conducir y la licencia de armas, que ya fueron liberalizados tras otras denuncias- y deciden los precios de los certificados sin el permiso administrativo que se requiere normalmente para fijar cualquier precio regulado.

El expediente abierto por Defensa de la Competencia puede dar lugar a sanciones econ¨®micas hasta un m¨¢ximo de 150 millones de pesetas por cada colegio provincial y otro tanto por su organismo coordinador, el Consejo General de Colegios Oficiales de M¨¦dicos.

Este diario intent¨® anteayer y ayer, sin ¨¦xito, recabar la versi¨®n de alg¨²n responsable del Consejo General. Sin embargo, ese organismo ha expresado en varias ocasiones, desde noviembre pasado, su postura ante el asunto. La organizaci¨®n colegial considera que nadie -ni los tribunales ni el Gobierno- ha anulado o derogado la normativa que habilita a los colegios para fijar el precio de los certificados.

El Consejo admite que el precio de los impresos est¨¢ "pendiente de autorizaci¨®n por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda". En cualquier caso, esa autorizaci¨®n pendiente se refiere a las 348 pesetas que cobran algunos colegios, y no a las cifras m¨¢s abultadas que cobran muchos otros.

El Consejo considera que tiene atribuida una competencia "expresa y espec¨ªfica" para fijar los precios de los certificados, y asegura que, seg¨²n sus estatutos, "al Consejo General de Colegios, y previos los tr¨¢mites legales reglamentarios, corresponde fijar las clases de certificados, el importe de los mismos y su actualizaci¨®n". Todas estas consideraciones siguen refiri¨¦ndose a las 348 pesetas.

Financiaci¨®n colegial

Sobre los precios m¨¢s elevados de muchas provincias, el Consejo opina que "los colegios provinciales pueden establecer, y as¨ª lo hacen, una cuota o carga colegial que repercute sobre los honorarios" del m¨¦dico. Los estatutos colegiales prev¨¦n adem¨¢s que la financiaci¨®n de los colegios no se base s¨®lo en las cuotas de sus afiliados, sino tambi¨¦n en "la participaci¨®n asignada en las certificaciones, sellos autorizados e impresos de car¨¢cter oficial".

Estos argumentos, sin embargo, no parecen convencer a ninguna instancia del Gobierno. En el ¨²ltimo a?o y medio, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha advertido cuatro veces al Consejo General de Colegios M¨¦dicos de que no debe cobrar por los certificados m¨¢s de lo que cuesta su edici¨®n y distribuci¨®n; es decir, unas 100 o 200 pesetas. La apertura del expediente por Defensa de la Competencia indica que tampoco el Ministerio de Econom¨ªa est¨¢ persuadido de la legitimidad de los precios de los certificados.