El 75% de las espa?olas que abortan renuncia a su derecho a la sanidad p¨²blica
Los servicios de salud no controlan la objeci¨®n de conciencia de sus hospitales
Lograr que la sanidad p¨²blica atienda los abortos legales al amparo de la ley exige aut¨¦ntica militancia. La realidad demuestra que el 75% de las espa?olas que abortan se lo paga de su bolsillo, renunciando a sus derechos. En el 25% restante, los servicios sanitarios suelen desviar a las pacientes a cl¨ªnicas privadas, haci¨¦ndose cargo, eso s¨ª, de la factura. La objeci¨®n de conciencia, fuera de todo control administrativo, es masiva en los hospitales p¨²blicos. En siete comunidades, que suman 7,2 millones de habitantes (igual que Austria), no hay uno solo que ofrezca este servicio.
En los grandes hospitales p¨²blicos siempre hay alguien dispuesto a combatir el aborto. "A las mujeres las presionan para que tengan el ni?o. Les dicen que lo den en adopci¨®n. Son cosas que ya se les han explicado en el centro de planificaci¨®n familiar. Algunas me han dicho despu¨¦s que hubieran preferido pagar las 45.000 pesetas que vale la operaci¨®n antes que pasar por esa pesadilla", explica el ginec¨®logo gallego Xos¨¦ Vidal.Esa presi¨®n exterior ha tenido importantes repercusiones.Entre los m¨¦dicos de la sanidad p¨²blica ha fomentado una masiva objeci¨®n de conciencia que no est¨¢ regulada -ni siquiera hay que ratificarla por escri-to- y que tiene la ventaja de evitarse m¨¢s trabajo y complicaciones. "Adem¨¢s, con que objete el jefe de servicio, o el anestesista, vale", explica Empar Pineda, de la Cl¨ªnica Isadora de Madrid. En Espa?a se registraron en 1997 un total de 49.578 abortos legales, cifra que decrece con respecto a a?os anteriores por primera vez desde 1985. De ellos, s¨®lo 1.329 (el 2,6%) se hicieron en hospitales p¨²blicos.
Esa presi¨®n exterior ha fomentado tambi¨¦n que la mayor¨ªa de las mujeres que optan por abortar -casi siempre por un primer embarazo no de-seado- acudan a una cl¨ªnica privada renunciando a su derecho a ser atendidas por la sanidad p¨²blica. Y as¨ª, algunos gobiernos aut¨®nomos culpan de la situaci¨®n a esa decisi¨®n previa de las mujeres, como ha declarado un alto cargo gallego, y otros afrontan gastos extraordinarios, como el traslado de la paciente fuera de su territorio, al no haber cl¨ªnica alguna -ni p¨²blica ni privada- en el propio. Es el caso del Gobierno navarro, que coste¨® 41 abortos (el 14,5% del total sufrido por las mujeres navarras) a un precio medio de 113.000 pesetas.
Tampoco en La Rioja hay ni centros p¨²blicos ni privados que practiquen abortos. En otras cinco comunidades -Va-lencia, las dos Castillas, Extremadura y Murcia- s¨®lo hay privados. Pero el tratamiento que reciben las mujeres en este terreno no depende tanto de esta distribuci¨®n patrimonial como de la voluntad pol¨ªtica de cada Gobierno aut¨®nomo. Lo demuestra el sistema de conciertos del Gobierno valenciano, en manos del PP, que facilita el acceso a esta prestaci¨®n, por lo que en 1998 la Conselleria de Sanitat pag¨® el 34,6% de los 4.894 abortos registrados entre las mujeres residentes, a raz¨®n de 35.500 pesetas cada uno.
Aqu¨ª se destaca la Junta de Andaluc¨ªa (PSOE), cuya pol¨ªtica de conciertos ha hecho posible que el 53% (el 43% en 1997) de los abortos los financie el Servicio Andaluz de Salud. Las pacientes obtienen cita en la cl¨ªnica concertada en el mismo centro de atenci¨®n primaria.
Por contra, Catalu?a, con Gobierno de CiU, que registra la mayor concentraci¨®n de centros p¨²blicos y privados dispuestos a practicar abortos, s¨®lo afronta el 20% de los que se registran. Igualmente contradictoria es la situaci¨®n vasca. En Euskadi, donde incluso los hospitales p¨²blicos practican abortos de primer trimestre -lo que no ocurre en el resto de Espa?a-, el Gobierno nacionalista s¨®lo paga el 15,5% de las operaciones.
Quiz¨¢ la peor situaci¨®n se vive en Galicia, regida por el PP. S¨®lo el 6% de las mujeres que abortan obtienen financiaci¨®n p¨²blica (v¨¦ase EL PA?S del 14 de abril de 1999) por culpa de las trabas administrativas de la Xunta, seg¨²n la oposici¨®n.
El Insalud, dependiente del Gobierno central del PP, dice desconocer el porcentaje de financiaci¨®n que dedica al aborto. Pero las cl¨ªnicas privadas consultadas avalan ese c¨¢lculo de que alrededor del 75% de las intervenciones que se realizan en este pa¨ªs van a cargo del bolsillo de las pacientes. "Lograr que te atienda la sanidad p¨²blica exige esp¨ªritu de militancia por parte de la mujer en un momento muy dif¨ªcil de su vida", dice Victoria Virtudes, de la cl¨ªnica Dator de Madrid. "Esta batalla por lo p¨²blico la hemos perdido", sentencia Vidal.
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