Pendientes de Bruselas

Europa ha sido de nuevo la gran estrella de la ¨²ltima legislatura canaria. No pod¨ªa ser de otra forma en un archipi¨¦lago que tiene en Bruselas la capital de sus preocupaciones. De ah¨ª, que no sea gratuito que comisarios europeos como Van Miert o Monti tengan tanta presencia en la prensa local como los propios consejeros del Gobierno o que en los discursos de investidura de los diferentes presidentes de la comunidad los asuntos europeos ocupen siempre un lugar preferente.Canarias nunca deja, en efecto, de mirar a la Uni¨®n Europea (UE) porque es imprescindible hacerlo. As¨ª lo advierte constantemente el presidente de los productores del pl¨¢tano, Leopoldo C¨®logan: "Si en Estrasburgo bajamos la guardia un minuto, retrocedemos varios a?os". La pugna reciente entre la UE y Estados Unidos, con la Organizaci¨®n Mundial del Comercio (OMC) y la Organizaci¨®n Com¨²n del Mercado (OCM) de fondo, confirman los miedos apuntados por C¨®logan.

La vocaci¨®n europea de las islas viene de lejos y tiene su lectura en la defensa que hacen ante Bruselas de sus particularidades econ¨®micas y fiscales. Una batalla que el ¨ªmpetu armonizador de las autoridades de la UE y la inminente entrada en ella de los pa¨ªses del Este han convertido en una misi¨®n casi imposible en el ¨²ltimo periodo.

En estos cuatro a?os, los comisarios han tenido a los canarios con el coraz¨®n en un pu?o. Algunos pulsos se han ganado y otros no parecen terminar nunca. Ha sido la atenci¨®n que el art¨ªculo 299.2 del Tratado de Amsterdam presta a las regiones ultraperif¨¦ricas, reconociendo la oportunidad de otorgarles un tratamiento diferenciado por su lejan¨ªa, el momento m¨¢s celebrado por las fuerzas pol¨ªticas isle?as. Bautizado aqu¨ª como el Estatuto Permanente, el 299.2 constituye la percha jur¨ªdica que le queda a Canarias para salvar su diferencial fiscal y mantener el nivel de ayudas que, apoyadas en fondos europeos, ha venido disfrutando.

Sin embargo, no todo son alegr¨ªas. Las dudas que genera el mantenimiento en el tiempo de esos respaldos -en principio, no hay garant¨ªas de que se prolonguen m¨¢s all¨¢ del a?o 2006- y el empe?o de las autoridades de la UE por vincular su nivel a la renta y no a la condici¨®n ultraperif¨¦rica del archipi¨¦lago ha supuesto que, siendo una la botella, el Gobierno, como suele ocurrir, la vea medio llena y la oposici¨®n medio vac¨ªa.

Por lo pronto, las islas se mantienen por debajo del 75% de la renta media comunitaria y conservan as¨ª su posici¨®n entre las regiones merecedoras del m¨¢ximo nivel de ayudas. Pero "la alegr¨ªa de ser pobres", tal y como ironizan el PSOE y los dem¨¢s contrarios al Ejecutivo de Coalici¨®n Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), acabar¨¢ en breve como consecuencia del crecimiento que experimenta la econom¨ªa insular.

Pendientes todav¨ªa de conocer el final de la complej¨ªsima negociaci¨®n de la Zona Especial Canaria -instrumento con el que se pretende atraer capitales ofertando importantes ventajas fiscales- y en mitad de una pol¨¦mica sobre la utilidad que ha de darse a la Reserva para Inversiones (RIC) contenida en el R¨¦gimen Econ¨®mico y Fiscal (REF), la legislatura que ahora acaba ha estado presidida por la estabilidad gubernamental pese a que los nacionalistas y los populares apenas han podido disimular sus duras relaciones pol¨ªticas e incluso personales.

La certeza de que pugnan por un electorado con un perfil muy similar ha condenado a ambos grupos a someterse a un marcaje que, en determinados momentos, ha dejado a los socialistas sin sitio en la oposici¨®n. "La oposici¨®n al Gobierno se la hacen los mismos socios que lo forman", han dicho en incontables ocasiones diversos dirigentes del PSOE.

Y es que s¨®lo la obligaci¨®n de mantener los acuerdos de Madrid con el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ha permitido a CC y al PP llegar hasta el final sin caer en la ruptura, algo que, atendiendo a las tensiones vividas, constituye todo un logro en un periodo que ser¨¢ recordado, entre otros asuntos, por la aprobaci¨®n en 1996 de una reforma del Estatuto de Autonom¨ªa que concede a la comunidad mayor capacidad de autogobierno y modifica adem¨¢s un sistema electoral que ahora prima a las fuerzas mayoritarias en detrimento de las que tan s¨®lo tienen implantaci¨®n insular.

Asimismo, han de tenerse en cuenta los numerosos cambios que las crisis de los populares causaron en las consejer¨ªas que ocupan, de tal forma que la estabilidad ha sido m¨¢s un efecto ¨®ptico que una realidad.

Temas como el bloqueo de la televisi¨®n auton¨®mica por el Ministerio de Fomento, las discrepancias sobre el modelo de la Polic¨ªa regional, las denuncias sobre presuntas irregularidades en el reparto de los fondos del Plan de Empleo o la frustrada compra por parte del Gobierno de un inmueble madrile?o valorado en 1.000 millones de pesetas -una adquisici¨®n que el PP desactiv¨® alimentado las sospechas respecto a las corruptelas- pusieron contra las cuerdas al Ejecutivo que preside Manuel Hermoso.

Finalmente, todos los problemas y los roces fueron solventados, pero dejaron tantas cicatrices que el di¨¢logo entre ambas fuerzas es ahora casi inexistente.

Por a?adidura, cap¨ªtulos como el proceso de transferencias a los cabildos -que ha multiplicado la capacidad presupuestaria de los gobiernos insulares- o la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio han quedado eclipsados por el caso Bango, abierto a ra¨ªz de las amenazas y agresiones sufridas por una abogada del PP cuando investigaba posibles irregularidades urban¨ªsticas en un municipio tinerfe?o y por las constantes disputas entre las formaciones que apoyan a un Gobierno que no ha podido escapar de las garras del pleito end¨¦mico que constituye la rivalidad entre Tenerife y Gran Canaria.

Una disputa vecinal que sube de tono siempre que se acerca la cita con las urnas. No es extra?o, pues, que en estos d¨ªas uno de los principales argumentos que se esgrimen en la campa?a electoral se refiera a las cr¨ªticas cruzadas sobre hipot¨¦ticos desequilibrios presupuestarios a favor de una u otra isla.