Un error del Gobierno

El Gobierno ha ascendido al rango de general a Juan Ca?adas, que fue sancionado en 1981, siendo capit¨¢n, por firmar el llamado manifiesto de los cien, un panfleto a favor de los golpistas del 23-F. El tiempo transcurrido y la actitud posterior del afectado explican que siguiera con normalidad su carrera militar una vez cumplida la sanci¨®n que se le impuso en su d¨ªa: dos meses de arresto. Pero la carrera propiamente dicha acaba con el nombramiento de coronel. El ascenso al generalato es una decisi¨®n pol¨ªtica, reservada al Consejo de Ministros a propuesta del titular de Defensa. El Ej¨¦rcito de Tierra tiene en activo a 70 generales y menos del 10% de los militares alcanzan ese rango. El Gobierno no estaba obligado a nombrar a Juan Ca?adas, y ha sido imprudente hacerlo.El golpismo hace tiempo que dej¨® de ser un riesgo para la democracia espa?ola, y por eso pudo aplicarse a Tejero -a finales de 1996- el tercer grado penitenciario, y hoy est¨¢ en su casa, pese a que nunca ha dado muestras de arrepentimiento. Por la misma raz¨®n, los militares que fueron sancionados en su d¨ªa con penas de inhabilitaci¨®n inferiores a los seis a?os permanecieron leg¨ªtimamente en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la ley. Y como ha dicho el propio general Ca?adas, la Constituci¨®n reconoce el derecho a la reinserci¨®n. Pero una cosa es la permanencia en el Ej¨¦rcito y otra que el Gobierno le seleccione entre el reducido n¨²mero de militares a los que promueve al generalato. No hay que dramatizar, pero es un error. Y un error pol¨ªtico, por lo que no es de recibo el argumento jur¨ªdico -expuesto ayer por el ministro Serra- de que en el expediente no constaba ese antecedente, dada la consideraci¨®n de "falta leve" que en su d¨ªa se dio a la participaci¨®n de Ca?adas en el manifiesto a favor de los golpistas.

Que la decisi¨®n sea inoportuna no significa que tenga raz¨®n Arzalluz cuando invoca el art¨ªculo 8 de la Constituci¨®n, como hizo el domingo en un mitin, para establecer un paralelismo con la pretensi¨®n de ETA de constituirse en garante de la libertad vasca. Ese art¨ªculo atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial y del orden constitucional. Pero eso es lo caracter¨ªstico de los ej¨¦rcitos de los pa¨ªses democr¨¢ticos. Lejos de avalar la autonom¨ªa castrense, la Constituci¨®n atribuye al Gobierno leg¨ªtimo la direcci¨®n de la pol¨ªtica militar. Son los reg¨ªmenes militares -y grupos militaristas, como ETA- los que se arrogan esa autonom¨ªa para intervenir en nombre de la naci¨®n. Que Tejero y sus compinches pretendieran ampararse en la amenaza terrorista contra la unidad de Espa?a para justificar el golpe del 23-F no significa que la letra o el esp¨ªritu de la Constituci¨®n autorice tal interpretaci¨®n. Raz¨®n de m¨¢s para considerar que el nombramiento de Ca?adas constituye un grave error pol¨ªtico del Gobierno. Nada m¨¢s, pero nada menos.